Carlos Franco fue el delegado del Presidente para dar seguimiento al plan de expansión carcelaria y policial que se financiará con un préstamo del BCIE.
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La operación Jake fue solo parafernalia mediática, deja ver el fiscal que continúa a cargo del caso que el Ministerio Público (MP) presentó hace cinco años por blanqueo de dinero del narcotráfico, mediante la compra de vehículos de agencia. La esposa del viceministro de Seguridad, fue una de las detenidas.
De más de 85 personas vinculadas con el proceso, solo uno –de identidad reservada y con orden de captura internacional– tiene alguna sindicación por tráfico de drogas, según la Fiscalía contra Lavado de Dinero. De los imputados por lavado, un 10 por ciento quedó fuera del expediente, en su mayoría mujeres a quienes sus hijos o esposos les obsequiaron un vehículo de agencia, según la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.
Entre esas excepciones está Martiza Domínguez de Franco, la esposa del viceministro de Seguridad, Carlos Franco Urzúa. Luego de la primera declaración, documentó ante la fiscalía y el juzgado que su esposo, el coronel Carlos Franco Urzúa, le compró una camioneta del año que pagó en 2014 con cheques de empresas mercantiles activas, explicó el fiscal.
Franco Urzúa es conocido como empresario de la seguridad privada y se logró establecer sus nexos con tres compañías de seguridad privada, creadas entre 1999 y 2017: Comando Técnico de Seguridad; Fusep, y Soporte Logístico para Empresas de Seguridad Privada. Domínguez Pérez fue representante de Comando Técnico.
Según la fiscalía, los empleados de la concesionaria cargaron los cheques de Franco a otro comprador, mientras que a él le anotaron pagos en efectivo. ¿Qué pasó con los vendedores? Nada. “Yo creo que el afectado los demandó por la vía civil”, dijo el fiscal.
Sin embargo, se verificó que no hay ninguna demanda de Franco Urzúa en los juzgados civiles del área metropolitana.
Contratista público
Y también se documentó que de las tres sociedades anónimas vinculadas con Franco, solo Fusep tiene personal registrado y acreditado ante la Dirección General de Empresas de Seguridad Privada (Digessp). Fusep únicamente contaba con 43 guardias autorizados en 2016, según datos obtenidos vía la Ley de Acceso a la Información Pública. Ningún guardia fue autorizado antes, desde 2011 que existe la Digessp. Y también se informó que Fusep contaba con un agente con carné vigente para los años 2019 y 2020.
Pese a no tener agentes acreditados en 2018, Fusep le facturó Q67 mil al Ministerio de Economía por servicio de tres agentes de Seguridad durante marzo, abril y junio.
En noviembre pasado, cuando asumió como viceministro de Seguridad, Franco ofreció una entrevista, pero luego la canceló sin explicación. Se insistió pero no accedió a ofrecer el espacio.
Encargado de prioridades presidenciales
Cuando Carlos Franco Urzúa trabajaba en el Centro de Gobierno, elPeriódico lo buscó para consultarle sobre los planes para la ampliación carcelaria, ya que fue designado por el presidente Alejandro Giammmattei como el encargado de investigar ese tema.
En la memoria de Labores del Mingob, el segundo Viceministerio reporta como resultado relevante el “seguimiento al préstamo BCIE 2181 para infraestructura policial y carcelaria”.
Sin embargo, no detallan cuál es el plan de ejecución para conocer cuántos edificios planifican construir por año, de qué tipo y cómo será el proceso de adjudicación de los proyectos, entre otros.
