Carlos Lomelí Bolaños, candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, admitió que vendió precursores químicos al Cártel de Sinaloa y entregó bienes al gobierno de Estados Unidos por 2.7 millones de dólares para librarse de los cargos, de acuerdo con documentos y con el testimonio de dos exagentes de la DEA.
Antilavadodedinero / latinus
El exdelegado del gobierno federal en Jalisco y uno de los empresarios más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, confesó a cambio de que la agencia antinarcóticos de Estados Unidos suspendiera la investigación iniciada en su contra en 2006 y para que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) lo quitara a él y a su entonces farmacéutica Lomedic de la lista de empresas y personas relacionadas con el narcotráfico.
La negociación con el gobierno de Estados Unidos y la admisión de responsabilidades ante la DEA sucedió en 2010.
La empresa fue acusada en 2008 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser una fachada para el lavado de dinero del Cártel de los Amezcua Contreras y congeló todos los bienes y cuentas bancarias de Lomelí, su familia y su empresa en territorio estadounidense. Entonces, el candidato de Morena también fue señalado por la OFAC de apoyar el desvío ilegal de precursores de metanfetaminas.
Los documentos y las declaraciones obtenidas contradicen al candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Guadalajara, que públicamente ha insistido en que el gobierno de Estados Unidos lo sacó de la lista de OFAC porque no encontró elementos en su contra.
Una sentencia final de confiscamiento emitida por un juez de Distrito de El Paso el 27 de enero de 2011, detalla que Lomelí entregó de forma voluntaria sus bienes al gobierno de Estados Unidos y estuvo involucrado en la distribución de tabletas Lovarin-P para fabricar metanfetamina, así como en lavado de dinero.
En la sentencia, firmada por el juez Frank Montalvo, se establece que Lomelí y su esposa Karina Lucía Navarro Pérez entregaron al gobierno de Estados Unidos cerca de 2.7 millones de dólares depositados en tres cuentas de ese país. El dinero, incautado desde 2008, no fue reclamado por el candidato de Morena ni por su esposa, de acuerdo con el documento judicial.
La cuenta más grande, abierta en una subsidiaria del Banco New York Mellon, tenía depositados 1.9 millones de dólares. Las otras dos fueron incautadas con un saldo de 602 mil y 100 mil dólares, respectivamente.
Relación con el Cártel de Sinaloa
La declaración de responsabilidad y su asociación con el Cártel de Sinaloa, hasta ahora desconocida públicamente, fue narrada por un agente de la DEA en una reunión privada realizada en la embajada de Estados Unidos en México en marzo de 2012. Ahí estaban presentes dos agentes de la DEA, la agregada de la OFAC en México y un grupo de abogados.
“Lomelí habló con el gobierno de Estados Unidos, les dijo lo que sabía y dejó que Estados Unidos congelara $2.7 millones (de dólares) de sus activos. Admitió que vendió al crimen organizado, incluido el Cártel de Sinaloa, y firmó reconociendo su culpabilidad en una demostración de buena fe”, dijo uno de los agentes de la DEA identificado como “M”, según un registro escrito de 13 páginas.
Lomelí, agregó este oficial de la oficina antidrogas de Estados Unidos, estaba asustado y colaboró para decir todo lo que sabía a partir de sus relaciones con el crimen organizado.
“El gobierno hizo un seguimiento de las ventas ilegales de Lomelí y éstas coincidían con los $2.7 millones (de dólares) de activos congelados”, se indica en uno de los párrafos de la minuta.
Para corroborar la veracidad de lo que ahí se consignó, Latinus entrevistó a dos exagentes de la DEA que conocieron de cerca la investigación en contra del hoy candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara.
Ambos confirmaron por separado que Lomelí admitió su responsabilidad de facilitar precursores de drogas sintéticas y de tener relación con cárteles mexicanos, sobre quienes brindó información de primera mano.
“Lomelí nunca fue documentado como informante, pero bajo su libertad se puso de acuerdo con la oficina (la DEA) para colaborar. Lo que Lomelí nos dijo es que se asoció principalmente con Sinaloa, lo que se llamaba entonces la Federación, con ‘Nacho’ Coronel, ‘Mayo’ Zambada, ‘El Chapo’, con ‘los Güeros’, los Rodríguez Olivera y otros que trabajaban ahí. Esa gente eran sus clientes”, refiere uno de los agentes entrevistados que estuvo 25 años en la DEA, cinco de ellos trabajando en México.
La negociación con la DEA
De acuerdo con el exoficial de antinarcóticos, la DEA comenzó a investigar a Lomelí en 2006 y meses después el empresario farmacéutico se convirtió en un objetivo prioritario para la oficina antidrogas de Estados Unidos.
“Traía una empresa clave para los narcos. Era un blanco importante porque a través de la industria farmacéutica los narcos conseguían sus productos”, detalla el agente.
En octubre de 2008, la OFAC notificó a Lomelí y a su entonces empresa Lomedic que era parte de la lista de personas y empresas sospechosas de hacer negocios con traficantes de drogas.
Días después del aviso, el Departamento del Tesoro les congeló sus cuentas bancarias e incautó sus bienes en Estados Unidos.
La DEA, que ya lo investigaba por facilitar químicos para elaborar drogas sintéticas, generó una alerta para Lomelí. El empresario, cuyo avión privado aterrizaba con frecuencia en el aeropuerto de El Paso, Texas, fue retenido, y él fue interrogado en esa terminal aérea por un policía de la DEA y un oficial de inmigración, de acuerdo con los dos agentes antinarcóticos entrevistados por Latinus.
Después de este primer interrogatorio, el hoy candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara fue dejado en libertad con la condición de que continuara en contacto con los oficiales de la agencia que llevaban su investigación.
En los meses siguientes, la DEA le mostró las evidencias que tenía en su contra sobre la entrega de precursores químicos y el lavado de dinero. Fue entonces que Lomelí empezó a negociar y a colaborar hasta lograr el retiro de las acusaciones y evitar un juicio en su contra.
“Firmó su responsabilidad respecto a las cantidades de medicamentos que vendía, de otra manera jamás pudo haber salido de la lista de OFAC ni conseguir su visa otra vez, porque él sigue viajando a Estados Unidos”, explica el exagente de la DEA que estuvo cinco años en operaciones en México.
Después de meses de proporcionar información sobre sus vínculos con el crimen organizado y negociar la entrega de sus bienes al gobierno de Estados Unidos, Lomelí recibió el 9 enero de 2011 la notificación del cierre de la investigación y el 27 de enero el juez de Distrito Frank Montalvo firmó la sentencia definitiva de confiscación de sus bienes.
Un año después, el 10 de enero de 2012, el director de la OFAC, Adam J. Szubin, hizo una notificación pública sobre la salida de Lomelí y de su entonces empresa Lomedic de la lista de personas y entidades bloqueadas por el Departamento del Tesoro.
“Como parte de su acuerdo tenía que decir que iba a separarse de los narcos, que ya no iba a colaborar con ellos, no aceptar dinero ni lavar dinero por ellos”, indica el segundo agente de la DEA entrevistado por Latinus, quien ocupó cargos de dirección en la agencia estadounidense.
Lomelí siguió en el negocio farmacéutico y se convirtió en 2015 en diputado federal plurinominal postulado por Movimiento Ciudadano, aunque más tarde pasó a formar parte de la bancada de Morena.
Dos años después, en agosto de 2017, el Departamento del Tesoro, señaló de nuevo a una empresa en la que Lomelí era socio. Servicios Educativos y de Negocios apareció en una lista de la OFAC como parte de una red de empresas ligadas al narcotraficante Raúl Flores Hernández.
En 2018, con Lomelí ya en el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, el empresario fue postulado por Morena como candidato a la gubernatura de Jalisco.
Tras perder la elección con Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, Lomelí fue designado por el presidente López Obrador como delegado del gobierno federal en Jalisco y renunció en julio de 2019, cuando las empresas farmacéuticas de las que era dueño eran investigadas por la Secretaría de la Función Pública por la venta de medicamentos al gobierno.
