Carlos Menem delineó su propia Justicia Federal y una Corte adicta, pero semejante arquitectura de poder no evitó que la mitad de su vida política estuviera atravesada por causas de corrupción que lo llevaron a morir con una condena, nunca ejecutada porque contó con la protección de sus fueros de senador nacional.
Antilavadodedinero / LaNacion
Apenas asumió, en los años 90, Menem amplió el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de cinco a nueve. Nombró a cinco miembros, con lo que se aseguró una mayoría propia que refrendó decisiones económicas, frenó expedientes de corrupción y hasta favoreció a amigos del poder acusados de delitos comunes.
Esa integración se perfeccionaría con la llamada «mayoría automática», que demostró su permeabilidad a los deseos del Poder Ejecutivo: la integraban los jueces Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López y Antonio Boggiano.
Con la Corte controlada, Menem se lanzó a una cruzada privatizadora de empresas que trajo aparejada una estela de corrupción. Primero removió a Andrés D’Alessio como procurador, lo que no frenó las persistentes investigaciones de un batallador grupo de fiscales federales (Mariano Ciafardini, Oscar Ciruzzi, Livia Pombo, Aníbal Ibarra, Roberto Amallo, Gustavo Bruzzone, Alejandro Botto y Raúl Alagia).
Dependían del fiscal de Cámara Luis Moreno Ocampo, y se sumó el compromiso de seis jueces federales, la mayoría de los cuales se aferraron al cumplimiento de la ley.
En su libro Robo para la corona, el periodista Horacio Verbitsky contabilizó 61 funcionarios menemistas procesados en esas épocas. Hubo casos emblemáticos, como la compra de guardapolvos con sobreprecios y de leche en mal estado para planes sociales; el pedido de coimas al frigorífico Swift -que mereció una queja de la embajada de los Estados Unidos-; fraudes en ATC y en Radio Nacional, y la investigación por el proceso de digitalización telefónica conocido como DIGI II, entre otros.
Tal fue el escándalo alrededor de las causas de corrupción que Menem refundó la Justicia Federal Penal con una profunda reforma. Duplicó la cantidad de juzgados federales -cuyo número se elevó de seis a doce- y creó tribunales orales y la Cámara de Casación Penal.
Así, ascendió a los jueces federales molestos y nombró en su lugar a nuevos magistrados, que creía moldeados según sus deseos. En la Casación designó a un grupo de jueces que iban a ser su último reaseguro en las causas penales que lo complicaran antes de que llegaran a la Corte. Los elegidos fueron considerados «esperpentos» por el entonces ministro de Justicia León Arslanian, que, enojado, renunció.
Dos causas fueron emblemáticas durante los 90: el Yomagate, que involucró a la familia política de Menem, pero no lo alcanzó directamente, y el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador, en la que otra vez su familia política quedó implicada, pero que llegó a provocar la detención de Menem una vez que dejó el poder.
El Yomagate fue un caso de lavado de dinero denunciado en España por un grupo de narcos que dijeron que contaban con la cobertura de la entonces secretaria de Audiencias presidencial, Amira Yoma, para ingresar dinero en valijas e invertirlo en bienes de lujo. Amira Yoma fue liberada de responsabilidad en esa causa en los 90, pero el exsecretario de Recursos Hídricos y miembro de la conducción del Partido Justicialista bonaerense Mario Caserta fue condenado en 2003.
En cambio, el caso Armas provocó la detención de Menem, el 7 de junio de 2001. Quedó bajo arresto domiciliario hasta el 21 de noviembre de ese año. Se lo acusaba de haber dado las órdenes para desviar grandes cargamentos de armas que, según los decretos secretos firmados por él, debían ir a Panamá y Venezuela, pero terminaron en Ecuador y Croacia (en violación de normativas internacionales). La investigación fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli.
Después de 20 años, Menem fue llevado a juicio oral, y fue absuelto en 2011 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3. Pero en 2013 la Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución y lo condenó como coautor del contrabando de armas a Croacia y Ecuador; poco después, el tribunal estableció una pena de siete años de prisión.
En 2017, por unanimidad, la Corte Suprema (con los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) hizo lugar a los recursos extraordinarios de los acusados y ordenó dictar un nuevo fallo en el menor tiempo posible, debido a que no se había cumplido la garantía del «doble conforme», es decir, que se debía revisar el monto de la pena.
Así, el caso llegó a la Cámara de Casación Penal y los jueces Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi absolvieron a Menem el 4 de octubre de 2018, porque había pasado demasiado tiempo. Según el fallo, no se había cumplido con el «principio del plazo razonable» para una condena firme.
Menem también fue acusado de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, en 1995, pues se suponía que las explosiones en ese lugar estaban vinculadas con las armas vendidas ilegalmente a Croacia y Ecuador. Pero la Cámara Federal de Córdoba anuló su indagatoria en la investigación.
En 2015, Menem fue condenado a 4 años y medio de prisión e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el Tribunal Oral Federal N° 4, bajo la acusación de peculado. Se estableció el pago de sobresueldos a los ministros de su gabinete con fondos públicos. Este caso fue apelado ante la Corte y la sentencia nunca quedó firme.
Menem fue absuelto en la causa en la que se lo investigaba por encubrir el ataque contra la AMIA con el supuesto fin de desviar la investigación. Los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel dictaron el fallo el 28 de febrero de 2019. Fueron condenados exfuncionarios de aquel gobierno, pero no él.
En el medio, fue absuelto en una causa por enriquecimiento ilícito en la que estaba acusado de omitir bienes en su declaración jurada.
En marzo de 2019, Menem fue condenado a tres años de prisión en la causa por la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural. Los jueces determinaron que esa operación le provocó un perjuicio al Estado por aproximadamente 100 millones de dólares.
Sin embargo, la Cámara de Casación, de nuevo con la firma de los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, en diciembre de ese mismo año, lo sobreseyó porque se vencieron los «plazos razonables». Habían transcurrido 28 años desde que ocurrió el hecho. Catucci y Riggi están entre los jueces que Menem nombró en 1992 y que motivaron entonces la renuncia de Arslanian.
Menem cargaba con una condena a cuatro años y medio de prisión, pero, como ocurre cuando la política entra a los tribunales, la Justicia demoró demasiado en revisar el fallo, y antes de que la Corte diera una respuesta, lo sorprendió la muerte.
