Cartagena será sede de la primera Cumbre Fiscal de Latinoamérica y el Caribe. Se busca ir más allá de los acuerdos de 2021 logrados en el marco de la OCDE, y avanzar en el objetivo de una mayor tributación por parte de las multinacionales y los más ricos.
En el marco del Foro Económico Davos, realizado en enero, José Antonio Ocampo presentó la iniciativa “Hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa”, con la que se espera avanzar en la cooperación tributaria y la tributación justa.
La iniciativa, que incluye la realización de la primera Cumbre Fiscal de Latinoamérica y el Caribe, parece ser un esfuerzo inútil por incidir en las Naciones Unidas y por coordinar los países de América Latina que tienen perspectivas diferentes en múltiples temas.
Con la iniciativa “Hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa”, se pretende poner en cintura a las grandes multinacionales y los ultrarricos en materia fiscal. Sin embargo, la propuesta enfrenta retos importantes en aspectos normativos, administrativos, de coordinación y cooperación.
La cumbre fiscal busca ir más allá de los acuerdos de la OCDE de 2021
La cumbre fiscal, que se realizará en Cartagena el 27 y 28 de julio, ha sido opacada por otros eventos. Es el caso de la cumbre de jefes de gobierno en Brasilia a comienzos de junio, la cumbre Unión Europea – CELAC el 17 y 18 de julio, y la cumbre por un Pacto Financiero Global realizada en junio 22 y 23 en París entre 40 países, la cual convocó otra para comienzos de septiembre en Cartagena.
Uno de los asuntos más importantes de la cumbre fiscal será lograr que las multinacionales tributen de manera justa, para lo cual se analizará lo definido en 2021 en el marco de la OCDE para modernizar el sistema fiscal internacional y adaptarlo a la economía digital.
Los acuerdos de la OCDE son muy limitados, pues establecen que las multinacionales paguen un impuesto del 15%, muy por debajo de lo que están obligadas a pagar en la mayor parte de los países.
Con la iniciativa de la cumbre fiscal, se busca llevar más lejos los acuerdos de la OCDE, para aplicar un impuesto sobre una parte de las ganancias de aquellas empresas que tengan un volumen de negocios superior a los 20.000 millones de euros, con excepción del sector extractivo y financiero.
Los lineamientos de la OCDE
Los acuerdos suscritos en 2021 son de una lenta implementación y están llenos de excepciones y procedimientos dilatorios. Además, no son fáciles de aplicar por parte de países que no tienen una administración tributaria sólida y una capacidad de controlar el volumen de negocios de las empresas multinacionales en sus territorios.
Tan frágil, complejo y poco ambicioso es este enfoque conocido como de Dos Pilares, que decenas de organizaciones y países lo han calificado como insuficiente, parcial y que solo beneficia a unos cuantos países desarrollados y afecta a un grupo limitado de empresas.
Los múltiples problemas del continente en materia de fiscalidad
La iniciativa ha tenido una evolución compleja. Inicialmente, se habló de una cumbre presidencial, aunque luego se redujo a una cumbre ministerial y cambió el grado de ambición de los convocantes. Actualmente, más que definir una plataforma común para llevar a las Naciones Unidas, lo que se está buscando es crear alguna clase de coordinación fiscal que elabore una posición para llevar a dicha organización.
Por otra parte, son muy pocos los gobiernos latinoamericanos que están dando prioridad a este tema. Aunque formalmente Brasil y Chile copatrocinan la convocatoria, en la práctica los presidentes de estos dos países no se refieren al tema y otros asuntos ocupan su atención.
Temas como el cambio climático, el tráfico de drogas de uso ilícito, las relaciones comerciales con los países desarrollados, la guerra y las migraciones, entre otros, ocupan más la atención de los gobernantes, incluido el presidente Petro, que no ha tenido protagonismo en el tema.
De acuerdo con múltiples analistas, la dependencia de muchos gobiernos de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial limitan el margen de maniobra en muchos países. Además, la competencia entre ellos por atraer inversión extranjera y dar nuevos alicientes a los inversionistas se convierte en una dificultad adicional.
Los paraísos fiscales
Según cálculos de Oxfam y de la Alianza Global por la Justicia Fiscal, en los paraísos fiscales, caracterizados por una baja tributación y la prevalencia del secreto bancario, se encuentran cerca de 12 billones de dólares que pueden representar el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, según la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Internacional (ICRIT), y cada año se pierden globalmente USD $427.000 millones en impuestos debido al abuso fiscal global.
Los recurrentes escándalos, producto de la filtración de documentos relativos al movimiento de capitales a estas jurisdicciones (papeles de Panamá, Pandora, etc.) para esconder riquezas, evadir impuestos, ocultar hechos de corrupción y lavado de dinero, ponen en evidencia la falta de acción de las autoridades y la poca eficiencia de los mecanismos de intercambio de información.
Si bien la primera Cumbre Fiscal de Latinoamérica y el Caribe forma parte de este proceso que busca una convención fiscal en el marco de las Naciones Unidas, las dificultades son enormes y es difícil lograr en la región acuerdos. Además, el eventual trámite en la ONU puede tener un significado meramente simbólico, ante la ineficacia de esta organización para resolver los más candentes problemas mundiales, como la atención a los migrantes y la guerra.
El clima de liberalización comercial predominante en Occidente ha debilitado la acción de los Estados. Esto ha disminuido el papel de los impuestos directos en la tributación y ha facilitado los flujos financieros, incluyendo los ilícitos, que son producto del lavado de activos, el tráfico de drogas y la evasión. Asimismo, ha fomentado el otorgamiento de beneficios extraordinarios a la inversión extranjera poco responsable y altamente especulativa.
