Se cumplen 25 años del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, principal centro comunitario de la colectividad judía en ese país. Pruebas y testigos falsos, desviaciones judiciales y la extraña muerte del fiscal que llevaba el caso son solo algunas de las irregularidades que han rodeado esta investigación.
Argentina es el país con la mayor comunidad judía de América Latina. Cerca de 300.000 judíos residen allí en la actualidad, gracias en parte a que durante años fue un refugio seguro para miles de ellos que huyeron de varias persecuciones. Sin embargo, la ininterrumpida tranquilidad con la que vivieron por años en este país cambió para siempre en la década de los noventa.
Dos atentados antisemitas despertaron de nuevo el miedo dentro de la comunidad judía en Argentina. El más grave de ellos ocurrió hoy hace 25 años en una transitada calle de la ciudad de Buenos Aires. Un ataque que sigue siendo considerado el mayor acto terrorista de la historia en suelo argentino y el peor contra los judíos desde lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial.
Solo dos años después de un atentado que acabó con la embajada de Israel en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, en horas de la mañana, una camioneta Renault cargada con 400 kilos de explosivos se parqueó al frente de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), principal centro comunitario de la colectividad judía en ese país. El vehículo detonó a las 9:53 a.m. y la explosión dejó un saldo de 85 fallecidos y al menos 300 heridos.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos, las investigaciones que rodean el caso AMIA (como se le conoce en Argentina) no han logrado hasta ahora nada concluyente. Han sido 25 años de impunidad, en los que las indagaciones han avanzado tanto como han retrocedido. Pruebas y testigos falsos, desviaciones judiciales y la extraña muerte del fiscal que llevaba el caso son solo algunas de las irregularidades que han rodeado este proceso.
La administración del entonces presidente argentino Carlos Menem encargó al magistrado Juan José Galeano de liderar la investigación. Pero las indagaciones solo avanzaron tres años más tarde, cuando Alberto Nisman fue incorporado como fiscal.
La línea de investigación de Nisman apuntó a algunos empleados de la embajada iraní en Buenos Aires, que tenían conexiones con la organización terrorista Hizbolá. Al mismo tiempo adelantaba otra indagación que señalaba a un grupo de ciudadanosciudadanos argentinos —incluidos miembros de la policía— de brindar apoyo logístico y operativo para perpetrar el ataque.
No obstante, debido a varias irregularidades en el proceso —incluido el pago de US$400 mil a Carlos Telleldín, dueño del carro utilizado para el ataque, por parte del juez Galeano para que testificara en contra de los miembros de la policía— en 2006, la justicia determinó la nulidad del caso AMIA y las personas involucradas fueron absueltas.
Pero a pesar de eso, la investigación sobre el papel que Irán y Hizbolá habían tenido en el ataque prosiguió. En el año 2007, Nisman reunió suficiente evidencia para solicitar a la Interpol la captura de cinco altos funcionarios del gobierno de Irán, por su supuesta implicación en el ataque. Sin embargo, el país islámico, que siempre negó su implicación, se negó a entregarlos.
El caso AMIA hizo que desde que ocurriera el ataque las relaciones entre Irán y Argentina fueran siempre tensas. . Sin importar quién gobernara al país suramericano, la posición oficial siempre fue la misma: probar que Irán y Hizbolá habían estado detrás de los hechos.
Pero todo esto cambió con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia. En el año 2013, su gobierno y el de Irán firmaron un “memorando de entendimiento” en el que ambos países se comprometían a crear una “comisión de la verdad” con la que Teherán se comprometía a “aclarar” los hechos. Una decisión que fue cuestionada por las víctimas, varios miembros de la sociedad civil, y el fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, que denunciaron que los responsables intelectuales podrían quedar exonerados del caso.
El fiscal decidió entonces denunciar a la mandataria. Nisman acusó a Fernández de Kirchner de los delitos de “encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario público y estorbo del acto funcional”. Según Nisman, la presidenta había elaborado un entramado para “borrar a Irán del caso AMIA” y así permitir un intercambio comercial entre ambos países.
Pero cuando se esperaba que Nisman entregara las pruebas de sus acusaciones, que llevaba recopilando por dos años, en enero de 2015 el fiscal fue hallado muerto en su casa con un disparo en la cabeza, 12 horas antes de la citación declaratoria ante el Congreso.
Todas estas dificultades han evitado que 25 años después se conozca la verdad de lo que ocurrió esa mañana del 18 de julio de 1994. Aprovechando la simbólica fecha, el gobierno de Mauricio Macri firmó ayer tres decretos con los que busca que el caso no muera. Uno de ellos creó el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), que funcionará dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e incluye a la organización proiraní Hizbolá, culpable para la justicia argentina de haber perpetrado el ataque.
El Clarin
