«Colusión» entre privados en dos centrales termoeléctricas licitadas en 2007 por ENARSA llevan a caso de corrupción. $792 millones de perjuicio. Macri las había indemnizado.
Antilavadodedinero / ambito.com
La feria judicial fue sacudida con el procesamiento de exfuncionarios de ENARSA y de los directivos de las constructoras IECSA –ligada entonces a la familia Macri- e Isolux, que actuaron en conjunto para manipular una licitación (en una competencia simulada) y lograr beneficiarse con el pago de obras que no estaban previstas inicialmente para dos centrales termoeléctricas. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello y de acuerdo a la resolución a la que accedió Ámbito Financiero, alcanza a Javier Sánchez Caballero y Santiago Altieri. El primero, mano derecha de Ángelo Calcaterra, exprimo presidencial, y el segundo un histórico gerente de SOCMA, la nave insignia del Grupo Macri. Y también, entre otros, fue procesado Juan Carlos de Goycoechea, la cara visible en Argentina del holding español que comenzó a ser investigado a nivel internacional por sobornos y caso de corrupción. La hipótesis delictiva es un claro caso de “colusión” de acuerdo a los parámetros definidos por la OCDE en el que privados se pusieron de acuerdo para beneficiarse con el desvío de fondos públicos destinados a la obra pública.
Los hechos se remontan al 2007 con la licitación de las Centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López (que estaban dentro de un paquete con otras que resultaron desiertas, como parte de la misma maniobra) que quedaron en manos del consorcio integrado por IECSA e Isolux. La “ventaja indebida” estuvo en la ejecución de esos contratos. Pero este expediente sobre el que resolvió Casanello e iniciado por una denuncia de Manuel Garrido tiene una contracara: un expediente que investiga desde 2019 el intento de Mauricio Macri como presidente de privatizar ambas centrales con una tasación u$s400 millones por debajo de su valor real. Allí se reveló que IECSA dejó sin terminar ambas obras y que el Gobierno “indemnizó” a la empresa de Calcaterra en $1600 millones, parte de los cuales eran para comprarle material necesario para finalizarlas.
Casanello definió en el procesamiento de los exdirectivos Exequiel Espinosa y Carlos Pierro por ENANRSA. Fue una licitación “incompleta” la que permitió una serie de “addendas” al contrato que multiplicaron los costos para el Estado. Esos agregados, una vez que el consorcio ganador había quedado a cargo de la construcción de las centrales, no eran modificaciones imprevistas, sino requerimientos esenciales para la concreción de la función para la que estaban previstas en materia energética. Por eso se sospecha que esa ausencia de planificación era la consecuencia de lo que completaría la maniobra por defraudación contra la administración pública.
Pero antes hubo una licitación “amañada”: ofertas “inconducentes” dieron la idea de que, para la justicia, hubo “reparto previo” entre los privados para que la UTE IECSA-Isolux se quedara con los contratos y esto sería un caso de corrupción. Las otras empresas que participaron hicieron de consortes para emular una competencia que no fue tal, eludiendo un proceso de transparencia, en un caso de colusión. Algunas como Siemmens, terminaban siendo proveedoras de las ganadoras. Para la OCDE, esta maniobra es “una modalidad de manipulación de licitaciones aquella donde los competidores que aceptan no presentar ofertas o presentar una oferta perdedora podrían ser subcontratados o recibir contratos de prestación de servicios o suministros de bienes por parte del oferente ganador a fin de repartir entre ellos los frutos obtenidos ilegalmente de una licitación de mayor precio”. La UTE presentó desvíos por 160%. “Su incumplimiento y las modificaciones contractuales operaron en detrimento del Estado que, en definitiva, tuvo que pagar más y soportar un retraso en la entrega de las obras”, indicaron las conclusiones del informe del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial. Dos años después de empezaron a reclamar los aumentos en contratos que generaron un perjuicio total de $792.651.795,48 pagados de más por el Estado.
Casanello embargó a los partícipes necesarios de la maniobra en $795 millones pero también a las empresas Isolux y IECSA –ahora rebautizada SACDE- bajo la gestión de Marcelo Mindlin. Le encargó a la fiscalía que investigue el beneficio patrimonial que logró, un aspecto interesante para el recupero de activos. “Los empresarios pactaron con los funcionarios públicos de ENARSA distribuirse los contratos, simulando licitaciones públicas para que les sean adjudicadas las Centrales Térmicas de Ensenada de Barragán y Brigadier López, el permiso para modificar las condiciones de contratación y asegurarse nuevas obras sin ningún tipo de competencia. Como consecuencia de ello, obtuvieron un lucro indebido en perjuicio de las arcas públicas”, fue la conclusión del juez.
La colusión, como se denomina a estas prácticas, aparece en este caso como un antecedente de la causa “cuadernos”, donde las mismas empresas involucradas fueron reconocidas como parte de un sistema de corrupción pública y privada para adjudicarse obra pública.
