El proceso electoral guatemalteco suma hoy más suspenso con la solicitud de antejuicio contra siete diputados del Congreso, entre ellos, el ahora presidenciable por el partido oficial, Estuardo Galdámez.
Galdámez fue proclamado candidato por el Frente de Convergencia Nacional-Nación, y goza de inmunidad por su actual estatus.
La petición del Ministerio Público (MP), la víspera, incluye al actual ministro de Economía Acisclo Valladares, y el caso se remonta a 2014.
De acuerdo con las investigaciones, se trata de la supeditación del Legislativo para la aprobación del decreto 12-2014, la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
También se le imputan el cobro de coimas a cambio de su voto en el Legislativo y en el apoyo a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de Salas de Apelaciones; la elección del Contralor General de Cuentas y la conformación de Junta Directiva y comisiones de trabajo.
El expediente acusatorio señala como una de las intermediarias para dichos pagos a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien cumple condena de 15 años por un caso de fraude (Lago Amatitlán), pero tiene pendientes otros cinco.
Además de Galdámez, aparecen implicados los congresistas que fueron parte del Partido Patriota, Boris España, Juan José Porras, Haroldo Quej Chen, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirna Magnolia Figueroa Resén y Marco Antonio Orozco Arriola.
Todos son señalados de comprar voluntades, violar la Constitución y cohecho pasivo, en tanto Valladares de asociación ilícita y cohecho activo.
En declaraciones a la prensa, el ministro se mostró sorprendido con los señalamientos y se declaró a disposición de las autoridades para aclarar su situación.
El caso de corrupción corre a cargo de Víctor Manuel Cruz Rivera, juez Décimo de Primera Instancia Penal, el mismo que en marzo pasado pidió la captura de Thelma Aldana, exfiscal general y candidata presidencial proclamada por el Movimiento Semilla.
Los operadores de redes locales de telefonía móvil debían implementar soluciones técnicas para que desde los centros de privación de libertad no se pueda generar tráfico de telecomunicaciones móviles.
ALD/PL
