El veredicto de culpable de vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en una corte de Estados Unidos, está en riesgo de ser anulada debido al testimonio de Javier Villarreal, quien fue secretario de Finanzas de Coahuila en el gobierno de Humberto Moreira.
Documentos presentados por la defensa de García Luna al juez encargado del caso, Brian Cogan, impugnan el testimonio de Villarreal de dos maneras: cuestiona su credibilidad y acusa a la Fiscalía de estar al tanto de que Villarreal continuaba en actividades ilícitas y ocultó esa información a la defensa.
Por un lado, los abogados de García Luna exhiben mentiras del exfuncionario coahuilense cuando declaró en el juicio el 6 de febrero de 2023 y dijo que el acusado tenía una relación cercana con Humberto Moreira pues el periodo en que García Luna fue secretario de Seguridad federal (2006-2012) coincidió con el de Moreira como gobernador de Coahuila (2005-2011).
Los abogados también aseguran que hay evidencia de que Villarreal ha realizado lavado de dinero durante el tiempo en que ha colaborado con el Departamento de Justicia en el caso contra García Luna, lo cual invalidaría cualquier acuerdo con los fiscales. Además, la defensa de García Luna afirma que los fiscales del caso sabían de delitos cometidos por Villarreal y ocultaron esa información.
Tanto mentiras en declaraciones juradas como la participación en actividades ilícitas de un testigo son base para anular un proceso en el sistema judicial estadounidense.
El exfuncionario coahuilense fue testigo estelar de la Fiscalía federal en el juicio contra García Luna en 2023 porque era el único que no pertenecía a un cártel del narcotráfico. Villarreal fue subsecretario y secretario de Finanzas y director del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira.
En México fue acusado de contratar ilegalmente deuda para el gobierno de Coahuila, pero nunca fue llevado a proceso. Villarreal se entregó en 2014 al gobierno de Estados Unidos, que lo acusó de lavado de dinero desviado del erario público. Se declaró culpable y aun espera sentencia. Durante 10 años ha dado información a fiscales de Texas sobre actos de corrupción de funcionarios mexicanos.
Los abogados de García Luna señalan que Villarreal es “un testigo sin credibildad” a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó como “la piedra angular” del caso contra el expolicía mexicano.
Mentiras
En su documento al juez Cogan, la defensa de García Luna enumera distintas declaraciones de Villarreal sobre la relación de Moreira con el acusado y para cada una de ellas presenta una prueba que las desmiente.
Villarreal dijo en su testimonio que, en 2009, García Luna le pidió a Moreira presentarlo con el director del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz. Los abogados de García Luna presentaron una copia de su agenda que muestra reuniones con Ealy Ortiz desde 2007, por lo que resultó falsa la aseveración de Villarreal de que no se conocían.
El extesorero de Coahuila también dijo que se reunió una vez con García Luna para revisar partidas presupuestales de seguridad para el estado, pero la agenda de García Luna muestra que, en dicha reunión, en septiembre de 2008, no estaba presente Villarreal. La agenda muestra los nombres de cinco acompañantes de Moreira, entre los que no está el del testigo.
Otra afirmación de Villarreal es que a principios de 2009 acompañó a Moreira a un recorrido en el nuevo centro de operaciones de la Policía Federal en la Ciudad de México, conocido como “El Búnker”, en donde habían visto los nuevos equipos de alta tecnología. Pero los abogados mostraron que ese edificio no estaba terminado en la fecha que Villarreal dijo haber estado ahí, pues comenzó a operar a fines de 2009.
Villarreal dijo que en ese supuesto recorrido por “El Búnker”, García Luna les mostró la operación del software Pegasus, usado para hackear teléfonos celulares, y que ofrecíó vender la tecnología al gobierno de Coahuila. Pero la defensa del exsecretario de Seguridad presentó registros públicos señalando que la empresa que desarrolló Pegasus no existía en 2009 y se creó hasta 2010.
Información oculta
Aparte de la falsedad en declaraciones, la otra parte de la estrategia de García Luna para desacreditar a Villarreal consiste en una acusación contra los fiscales por haber ocultado información que podía servir para cuestionar la credibilidad del testigo durante los interrogatorios.
Se trata de una llamada “Violación Brady”, un nombre que viene del caso de la Suprema Corte que obliga a las autoridades a facilitar a un acusado información que pueda desacreditar a un testigo en su contra. En el sistema judicial de Estados Unidos una sentencia puede anularse si no se cumple este requisito.
En concreto, los abogados de García Luna se refieren a una investigación por lavado de dinero contra Villarreal iniciada en 2019, lo cual violaría los términos del acuerdo que Villarreal tiene con fiscales de Estados Unidos como testigo cooperador, pues cualquier pacto es inválido si el testigo realiza actividades ilegales.
Los abogados de García Luna afirman que después de terminado el juicio recibieron información sobre una investigación en México por movimientos bancarios irregulares atribuidos a Villarreal.
La investigación señala que Villarreal ha usado una tarjeta bancaria a nombre de otra persona, identificada como José Martino Hernández, y que se ha usado para pagos en restaurantes, tiendas de ropa, una agencia de Mercedes Benz, una tienda de Apple y otros comercios en San Antonio, Houston y Austin.
Martino Hernández denunció este hecho en la Fiscalía de San Luis Potosí. Dijo que él había trabajado con el padre de Villarreal en una empresa llamada “Impulsora de Multiservicios Industriales” y sospechaba que Villarreal y su padre habían abierto una cuenta a su nombre sin su consentimiento en Banca Afirme.
Según la investigación, la empresa es propiedad de Héctor Javier Villarreal García, padre del exfuncionario coahuilense, y es utilizada para canalizar dinero a su hijo en San Antonio, para complementar su ingreso.
Los abogados relatan que Humberto Moreira supo de esa investigación cuando contrató a un abogado en Texas, ante la sospecha de que Villarreal declararía en su contra. Los abogados de Moreira entregaron la información sobre Villarreal a un Fiscal federal en San Antonio, pero éstos no tomaron acciones.
Según el documento, abogados de Moreira informaron de esa investigación a Miguel Madrigal, un oficial de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en Texas, que formó parte del equipo que construyó el caso contra García Luna, e incluso declaró en su contra el juicio. Madrigal y los fiscales tenían la obligación de informar sobre esa investigación a la defensa, pero no lo hicieron.
Los abogados de García Luna afirman que con la información sobre el posible lavado de dinero de Villarreal y de su falsedad de declaraciones, hubiera sido posible “desacreditarlo completamente”.
“Al privar a la defensa de su habilidad para demostrar que Villarreal era un político mentiroso y corrupto que seguía cometiendo delitos aun trabajando con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno impidió un juicio justo”, señala la carta enviada al juez Cogan.
