Caso de los ERE en España

 El duelo entre la juez Mercedes Alaya y la exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda de la Junta andaluza entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez, se convirtió ayer en una clase magistral de Derecho Administrativo.La juez imputó a Álvarez por malversación y prevaricación, y la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) se defendió de las acusaciones con argumentos técnico-financieros sobre la legalidad del mecanismo para financiar los ERE.La exconsejera negó que conociera los “reparos” de la Intervención General de la Junta andaluza sobre el procedimiento usado para conceder ayudas, que permitió que estas se otorgaran sin control.Álvarez desplegó su argumentario durante tres horas y ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta de Andalucía pidieron medidas reales contra ella. Enfrente, la acusación ejercida por el PP dejó que la juez determine la fianza real y la organización Manos Limpias pidió 125 millones más el tercio legal por responsabilidad civil.Alaya situó a Álvarez como “una de las promotoras, en connivencia con otros” del procedimiento instaurado por la Junta para pagar los ERE y que la juez cree ilegal.Durante el interrogatorio, la exconsejera rebatió “la presupuestación inadecuada” por parte de su departamento, y matizó que “pudo haber un uso inadecuado” del fondo para empresas en crisis, dotado por el Ejecutivo con 721 millones.La consejería responsable del uso del fondo era Empleo, cuyo consejero Antonio Fernández está imputado y su antecesor es el diputado a Cortes José Antonio Viera, señalado varias veces en la investigación.La juez achacó a Álvarez haber vulnerado el procedimiento establecido a través de las transferencias de financiación para eludir “los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización” establecidos para las subvenciones.La juez estima que Álvarez participó, “puesta de acuerdo con otros (…) y a sabiendas de su absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca”, en la adopción del sistema de pago de los ERE. Le acusó de “burlar” el procedimiento legal y de autorizar siete modificaciones presupuestarias por importe de 93 millones y otras cinco por 32 millones.La exministra hizo una defensa cerrada del procedimiento y al mismo tiempo aseguró que ignoraba entonces que la Junta financiaba los ERE de empresas privadas. Eso sí, Álvarez admitió que el sistema “más idóneo” para pagar los ERE habría sido la encomienda de gestión en vez del utilizado, las polémicas transferencias de financiación.“Desconocía que por parte de la Junta se financiaran pagos de pólizas”, declaró en un momento del interrogatorio.“En ningún momento tuve información de los hechos que se están investigando porque no tuve acceso desde el punto de vista temporal. Es evidente porque me marché en 2004 [de la Consejería de Hacienda]”.Álvarez matizó que no elaboraba el estado de gastos sino el estado de ingresos de la Junta de Andalucía, ya que el primero era responsabilidad de cada consejería. “Yo no aprobaba los presupuestos sino que los aprobaba el Parlamento”, añadió.La exconsejera imputada también discrepó sobre las declaraciones previas del ex director general de Presupuestos y exviceconsejero de Presidencia Antonio Vicente Lozano y del ex interventor general Manuel Gómez al afirmar que las transferencias “pueden destinarse a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvenciones”.Admitió el hecho de que la Consejería de Empleo “no tramitó bien los expedientes de subvenciones”, lo que tuvo como consecuencia la ausencia de fiscalización.Alaya cuestionó incluso el lenguaje de los procedimientos para respaldar que el sistema perseguía escapar al control parlamentario. Alvarez replicó que “todos los parlamentarios están absolutamente especializados en materia presupuestaria”.Alaya le atribuye a la consejera haber “dado instrucciones” o “conocer, al menos” que se alteraba el presupuesto del Instituto de Fomento de Andalucía, una de las entidades que tramitó las ayudas.La exconsejera insistió de manera tajante en que “nunca” conoció directamente los reparos que la Intervención General, porque “no tenía que conocerlo por razón de su competencia”, ni indirectamente.“Nunca se llegó a plantear en la Consejería de Hacienda ni en el Consejo de Gobierno”, alegó.Del mismo modo, negó que su consejería o el Consejo de Gobierno plantearan “dotar de mayor agilidad” a los procedimientos de concesión de subvenciones sociolaborales.Tras su declaración ante la magistrada, que había suscitado una enorme expectación, la exconsejera de Hacienda declaró a los medios que su gestión en la Administración andaluza fue “absolutamente transparente y clara”. Añadió que se había sentido “muy cómoda” durante el interrogatorio.La clave:¿dónde está el dinero?Tras las sucesivas crisis industriales de mediados de los años noventa (Astilleros, Santana, Puleva…) que dejaron a miles de trabajadores enla calle y fueron uno de los factores que hicieron tambalear entonces la hegemonía del PSOE en Andalucía, el Gobierno de Manuel Chaves puso en marcha el llamado fondo de los ERE.Esta partida nace en 2001 con el fin de garantizar la paz social en la comunidad y permitir a la Administración autonómica actuar de forma rápida, dinero en mano, ante conflictos laborales.La Consejería de Empleo decidió utilizar un procedimiento administrativo (la transferencia de financiación) que proporciona esa celeridad, sí, pero a costa de introducir opacidad, discrecionalidad y nepotismo en el uso del dinero público. En definitiva, se buscó un atajo para pagar los ERE y se acabó inoculando el virus de la corrupción, que sobrevivió ¡una década! en Empleo sin que nadie lo remediase.Es verdad que Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y principal implicado en el caso, hizo y deshizo a su antojo en sus nueve años como alto cargo, pero con el consentimiento o la pasividad de los dos consejeros que tuvo en su etapa: José Antonio Viera (diputado del PSOE en el Congreso, que está en el punto de mira de las pesquisas judiciales) y Antonio Fernández, en libertad bajo fianza.Y de la misma manera que se trata de un caso de corrupción que repugna, es incierta la brocha gorda que sostiene que se han “robado” más de 1.000 millones de euros de los parados andaluces, como demuestran los datos que se conocen de la investigación judicial, que tiene estos cuatro pilares:Las cifras del fondo de los ERE apabullan. Hasta el momento, la Junta ha desembolsado 721 millones de euros, pero cuando acaben los compromisos adquiridos, habrá pagado 1.217 millones.1. Los intrusos. Personas que percibieron una prejubilación por una empresa en la que nunca trabajaron. Se han detectado 126 casos de un total de más de 6.000 trabajadores que accedieron legalmente a la prejubilación. El fraude en este punto asciende a 12,3 millones de euros.2. Las ayudas directas a empresas sin ningún tipo de control ni justificación. Buena parte de este dinero se concentró en la Sierra Norte de Sevilla, de donde es Guerrero. La Cámara de Cuentas cifró en 73 millones de euros el dinero que Empleo dio indebidamente a los empresarios beneficiados, entre ellos varios exconcejales del PSOE.3. Las comisiones abusivas que se cobraron por tramitar los ERE y de las que se han lucrado consultoras, intermediarios o bufetes de abogados. La Guardia Civil ha estimado que el dinero desviado ensobrecomisiones asciende a 50 millones de euros.4. Los informes de la Intervención de la Junta que, desde 2005, alertaron de que la Consejería de Empleo prescindía “de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley” al pagar los ERE mediante la transferencia de financiación.Esta es la parte más delicada para el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que era consejero de Economía y Hacienda cuando la Intervención elaboró los documentos. El presidente andaluz siempre ha argumentado que desconocía estos informes y la actual titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, entonces viceconsejera, asumió públicamente que no había comunicado las advertencias a Griñán.Además, este ha recalcado que la Intervención nunca hizo el llamado “informe de actuación”, que es el que habría alertado del menoscabo de fondos públicos y que sí le habría llegado directamente a él. Esta explicación levantó las iras del exinterventor general, Manuel Gómez, quien replicó que ya entonces había motivos suficientes para que saltasen las alarmas.La juez Alaya también ha investigado las modificaciones presupuestarias para aumentar el fondo de los ERE que Griñán aprobó como consejero. Estas modificaciones, que llevaban el visto bueno del interventor, son habituales en la Administración y, en cualquier caso, no implicarían el conocimiento del inmenso fraude que se realizaba en Empleo.Tras meses de empeño, parece que Alaya ha ralentizado esta vía de investigación y se ha centrado en la clave:¿Dónde está el dinero defraudado de los ERE?Respuesta para entender el Caso EREEstas son las cinco claves para entender cómo se originó el fraude, por qué no se actuó en diez años y quienes están implicados en el caso por acción u omisión:¿Cómo se produce el fraude?En 2001 se crea el fondo de los ERE para actuar de forma rápida ante conflictos laborales.Se estableció un procedimiento administrativo que utilizaba la transferencia de financiación, un sistema ágil y también opaco y discrecional.De esta forma, desde la Dirección General de Trabajo, de la que era responsableJavier Guerrero el principal imputado, dispuso sin control de cientos de millones.¿Nadie se enteró durante 10 años?La Intervención de la Junta advirtió de la irregularidad del procedimiento en 2005 a la Consejería de Empleo. La extitular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, entonces viceconsejera, ha afirmado que no hizo llegar las advertencias a José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta, y que la Intervención nunca hizo el llamado “informe de actuación”, que sí habría llegado directamente al actual presidente y entonces consejero. El exinterventor general Manuel Gómez afirmó que los informes eran suficientes. El PP también sostiene que Griñán conocía todos los pormenores desde el principio. La investigación judicial comenzó en 2010.¿A cuánto asciende el fraude?La investigación del caso considera que los fondos públicos defraudados entre 2001 y 2010 ascienden a 136 millones: 50 porsobrecomisiones (se pagó hasta un 20% a las entidades que mediaron en el abono de las ayudas),73,8 millones por ayudas de la Junta de Andalucía a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las mismas y 12,3 millones entregados a 126 intrusos (prejubilados ajenos a las compañías beneficiadas). El fondo de los ERE estuvo dotado con 721 millones y el coste final será de 1.217 millones.¿Quiénes y qué entidades están presuntamente implicados?Las consultoras Vitalia y Uniter, que recibieron 68 millones en comisiones. De estos fondos, la Guardia Civil estima ilegales 50 millones.El principal imputado de los 68 implicados es el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, a quien también se le atribuye el uso de fondos públicos en drogas y alcohol.En la trama de corrupción figura el intermediario Juan Lanzas, exsindicalista de UGT, y la cúpula de la consultora Vitalia.¿Quiénes eran responsables de la Junta durante el fraude? El actual presidente José Antonio Griñán fue consejero de Economía. Los consejeros de Trabajo fueron José Antonio Viera (diputado del PSOE en el Congreso) y Antonio Fernández, en libertad bajo fianza. El presidente de la Junta era Manuel Chaves.ElPaís