En horas de la mañana de este jueves, durante una audiencia que se llevaba a cabo contra el exfuncionario Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, vinculado al escandaloso caso de Odebrecht, el procurado delegado, Jorge Enrique Sanjuan, en su intervención le solicitó a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que se le imponga una pena de 20 años de prisión, por su presunta responsabilidad en el entramado de corrupción con la multinacional.
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De acuerdo, con el delegado del Ministerio Público, Guerra tuvo un rol importante en la gestión del contrato para la estabilidad jurídica de la Ruta del Sol II , la cual él se había comprometido a gestionar. Además, también estuvo a cargo de temas en la estructuración del contrato de Navelena que pretendía hacer navegable el río Magdalena, en la que también la multinacional tuvo interés.
Asimismo, el delegado expuso en la audiencia que, Guerra puso conexiones políticas al servicio de dicha organización delictiva y que está comprobado que mantuvo contacto con directivos de la multinacional brasileña. De tal manera, que en dichas reuniones él utilizaba su cargo a servicio del “conglomerado económico con el propósito de promover su actividad en el país, ya que él intervino directamente en la gestión de reuniones para buscar el apoyo de entidades bancarias para que la multinacional Odebrecht obtuviera el cierre financiero del proyecto de navegabilidad del Río Magdalena, además de su inocultable interés en los trámites de adición del tramo Ocaña-Gamarra, al contrato principal del proyecto Ruta del Sol II”.
De igual forma, el funcionario del órgano de control expuso que está probado que en el proceso delictivo, a través de Elías Vidal, Guerra habría recibido más de 200 millones de pesos por la realización de dichas conductas contrarias a sus funciones públicas. Según las pruebas de la Procuraduría, ese dinero le fue entregado en efectivo en la casa de Elías Vidal en 2013 y correspondía por la gestión para la firma del contrato de estabilidad jurídica.
Al finalizar la diligencia jurídica, el procurador Sanjuán detalló que hubo un enriquecimiento ilícito, pues de acuerdo con un informe pericial, se demuestra un incremento patrimonial no justificado de Guerra de la Espriella de 1.212 millones de pesos en total entre 2013 y 2019. Por tales motivos, el delegado solicitó la condena de 20 años de cárcel, más una multa de 2.424 millones de pesos más 554 salarios mínimos mensuales legales vigentes y las penas a las que haya lugar.
Por su parte, la abogada defensora de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, también pidió declarar responsable a Guerra, además solicitando una indemnización simbólica de en la que se le ordene al exsenador ofrecer disculpas públicas en un medio de comunicación masivo para que “los colombianos conozcas que se utilizó a la ANI y no que la ANI fue un instrumento de estos intereses desviados”, exigió la abogada .
De acuerdo con la revista Semana, todo este proceso de investigación inició en 2017 con la compulsa de copias que hizo la Fiscalía General cuando, remitió al máximo tribunal un compendio de elementos que develaban el llamado grupo ‘Los Buldócer’ compuesto por Mussa Besaile Fayad, Bernardo Miguel Elías Vidal y Antonio Guerra de La Espriella, quienes serían los congresistas comprados por Odebrecht para impulsar desde el Capitolio los intereses oscuros de la compañía brasileña.
