Este martes se entregó Carlos Arturo Batres Gil, exsecretario privado de Roxana Baldetti. Está señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- en el caso de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.
Antilavadodedinero / crnnoticias
La investigación de la FECI señala al exsecretario privado de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero. De acuerdo a las pesquisas habría recibido US$4.9 millones -unos Q36.7 millones- en sobornos de la constructora Odebrecht.
Carlos Arturo Batres Gil es empresario farmacéutico y ocupó el cargo antes que Juan Carlos Monzón. Estuvo prófugo desde el 2018 cuando la FECI en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- revelara el caso.
Alejandro Sinibaldi en el caso Odebrecht
El pasado 7 de octubre la titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán ligó a proceso a Alejandro Sinibaldi en el caso Odebrecht. También lo hizo por el caso Construcción y Corrupción.
Según la investigación de la Fiscalía, la constructora Odebrecht dio en total US$17.9 millones, unos Q137 millones 757 mil, en sobornos a políticos guatemaltecos durante el 2013 y 2015. De este monto, US$11.6 millones -Q89 millones 273 mil – fueron para Sinibaldi y US$1.3 millones -Q10 millones 4 mil- para el excandidato a la presidencia Manuel Baldizón, condenado en Estados Unidos. Los otros US$4.9 millones fueron para un socio de Sinibaldi, que fue Carlos Arturo Batres Gil.
Condenas para socios de Sinibaldi y Batres Gil
El 23 de julio de 2019 el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A sentenció a tres personas por el caso Odebrecht, dos socios de Alejandro Sinibaldi y Carlos Arturo Batres Gil.
El primero fue Juan Ignacio Florido -colaborador de Sinibaldi- fue condenado a seis años por lavado de dinero u otros activos. Además, tuvo que pagar una multa de US$9 millones -unos Q67 millones-.
El segundo fue Juan Manuel Molina Coronado -abogado de Alejandro Sinibaldi- fue también fue sentenciado a 14 años de cárcel por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Se le impuso una multa de US$1.2 millones -unos Q8 millones-.
