Una decena de casos emblemáticos se encuentran estancados en el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, algunos llevan hasta seis años de haberse iniciado y por diversas circunstancias no han avanzado, pero ni a la primera audiencia.
Antilavadodedinero / Contrapunto
Millonarias cantidades de dinero, bienes e inmuebles de narcotraficantes, lavadores de dinero, pandilleros, empresarios, exfuncionarios y de los expresidentes de la república, Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, están a un paso de pasar al Estado.
Entre los casos más antiguos está el expediente iniciado en octubre del año 2015 contra de Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, alias, “Repollo” y otros 29 miembros de su organización, en este caso la Fiscalía desde el inicio tuvo dificultad para localizar a las personas que aparecen como propietarias de los inmuebles ya que la ley es clara en señalar que deben ser emplazadas.
El 28 de junio del año 2014, la Fiscalía General de la República comenzó aplicar La Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, presentando casos al juzgado especializado en la materia.
Están pendientes que se definan casos como el del fallecido Francisco Flores, del expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, Mauricio Funes, el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, el proceso iniciado al exdiputado suplente prófugo Víctor Manuel Melgar González, alias «Pitinga» quien también fue abogado y amigo de Antonio Saca.
Todos esos bienes están bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) y la Fiscalía pretende que pasen a titularidad del Estado.
El artículo 5 de la ley especial, obliga a la Fiscalía a probar que los bienes sometidos a extinción de dominio son producto de actividades ilícitas relacionadas al crimen organizado que para obtenerlos se haya incurrido lavado de dinero y activos, narcotráfico, actividades vinculadas a las pandillas y contrabando de mercadería y delitos de corrupción.
En el caso de lograr sentencias y alcancen firmeza, el CONAB debe liquidar los bienes, monetizar los muebles e inmuebles y distribuirlos entre las instituciones del estado que la ley señala en diversos porcentajes.
