Un hombre de Idaho fue sentenciado hoy a cinco años de prisión por su papel en defraudar al programa de beneficios educativos Post-9/11 GI Bill del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), en el caso de fraude de GI Bill Post-9/11 más grande del departamento.
Según documentos judiciales, Michael Bostock, de 54 años, de Nampa, fue el fundador y director ejecutivo de California Technical Academy (CTA), una escuela aprobada por VA que ofrecía programas de capacitación técnica en tres lugares cerca de Los Ángeles y San Diego. Desde enero de 2012 hasta junio de 2022, Bostock y sus cómplices hicieron declaraciones falsas y fraudulentas al VA con respecto, entre otras cosas, a la inscripción de veteranos en cursos de estudio aprobados, asistencia a clases y calificaciones. Bostock y sus cómplices también falsificaron los registros de finalización de cursos para que pareciera que los veteranos inscritos completaron sus programas, cuando en realidad no lo hicieron. Para ocultar su plan, Bostock y sus cómplices falsificaron la información de contacto de los veteranos sustituyendo los números de teléfono que controlaban Bostock y sus cómplices para asegurarse de que los reguladores no pudieran contactar a los veteranos. Cuando los reguladores llamaron a los números de teléfono falsificados para obtener información sobre la escuela, Bostock y sus cómplices se hicieron pasar por estudiantes.
Durante el esquema de fraude, la escuela recibió más de $32 millones en pagos de matrícula para aproximadamente 1,793 veteranos inscritos. Durante el mismo período, los veteranos inscritos en los cursos aprobados por VA de CTA recibieron más de $72 millones en beneficios gubernamentales relacionados con la educación. En total, el esquema de Bostock y sus co-conspiradores para defraudar al VA resultó en una pérdida total de casi $105 millones en fondos del gobierno.
Los coacusados Eric Bostock y Philip Abod están programados para ser sentenciados el 19 de octubre por su papel en el plan. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia y el inspector general de VA Michael J. Missal hicieron el anuncio.
La Oficina del Inspector General de VA investigó el caso, con la asistencia del Servicio de Educación de la Administración de Beneficios para Veteranos.
Los abogados litigantes Lauren Archer y Christina McGill de la Sección de Fraude de la División Criminal estuvieron a cargo de la acusación en el caso.
