El Gobierno chileno continúa desplegando esfuerzos en el marco de la agenda de seguridad, y ayer, jueves 11 de mayo, fue el turno de anunciar medidas que apuntan al control del patrimonio del crimen organizado, y en este marco, uno de los ejes de trabajo será el perfeccionamiento de la sanción de delitos respecto de juegos de azar ilegales, calificándolo a su vez como base del delito de lavado de activos.
El Poder Ejecutivo dio a conocer así los ejes del proyecto de ley sobre Inteligencia Económica contra el Delito, que apunta a elevar los estándares para perseguir la ruta del dinero ilícito en Chile.
En específico, se busca aplicar inteligencia y métodos sofisticados, más información y trazabilidad de operaciones sospechosas.
El anuncio se realizó en una actividad en que participaron los ministros de Hacienda, Mario Marcel; del Interior, Carolina Tohá; de la Segpres, Álvaro Elizalde; de Justicia, Luis Cordero; y de la Segegob, Camila Vallejo.
Marcel explicó que el proceso de seguimiento de la “ruta del dinero” parte por la detección de operaciones sospechosas, para luego continuar un proceso de investigación y finalmente, en caso de que corresponda, la aplicación de sanciones o medidas de carácter preventivo. Este nuevo proyecto busca fortalecer cada una de estas etapas.
Los tres ejes de la iniciativa
Un primer foco es el fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, a través de la creación de unidades de inteligencia y de coordinación en materia de crimen organizado en el Ministerio de Hacienda.
El texto propone la creación de unidades de inteligencia dentro de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII), y regular su coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Sistema de Inteligencia del Estado.
El segundo eje apunta a la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, estableciendo requisitos más estrictos para el desarrollo de algunas actividades económicas.
De esta forma, especificó Hacienda, la iniciativa incluirá una actualización de los requisitos aplicables a quienes ejerzan el control de bancos, instituciones financieras, y otras entidades fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La tercera directriz corresponde a mayores facultades intrusivas y sancionatorias. Entre ellas se establece un conjunto de medidas que buscan fortalecer la persecución de delitos tributarios y aduaneros; establecer sanciones al transporte de mercaderías ilícitas; y como señalamos, el perfeccionamiento de la sanción de delitos respecto de juegos de azar ilegales, calificándolo a su vez como base del delito de lavado de activos.
La iniciativa se enmarca en el acuerdo alcanzado en abril de este año entre el Ejecutivo y el Congreso, para agilizar la tramitación de 31 iniciativas en materia de seguridad. Asimismo, el corazón del proyecto es parte de la política nacional contra el crimen organizado, presentada en diciembre pasado por el gobierno del Presidente Boric.
“La política nacional contra el crimen organizado tiene 10 ejes, uno de ellos es desbaratar la economía del crimen organizado, ataca el negocio que hay detrás del crimen organizado, que es una actividad económica, ilegal pero económica: lo que hace es mover y buscar dinero. Y este proyecto ataca al corazón de esa dimensión”, explicó la ministra de Interior, Carolina Tohá, durante la presentación del texto.
