El Gobierno de Chile expulsó este jueves 04 de noviembre a 120 personas migrantes venezolanas y colombianas en un vuelo chárter, la mayor operación de deportación realizada este año en el marco de una estrategia para desalentar la migración irregular con la que se pretende sacar del país a 1.500 personas en 2021.
Antilavado de Dinero / DW.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, aseguró que hay intentos de organizaciones de detener estas deportaciones, pero el «Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley» y quienes «cometan delitos o entren clandestinamente» serán expulsados.
Según información oficial, la mayor parte de las personas deportadas eran venezolanas (más de 70) y fueron enviadas a su país de origen por no haber entrado a Chile de forma regular o por haber cometido crímenes que van desde el tráfico de migrantes al homicidio, pasando por el robo con intimidación.
Más de 800 personas han sido deportadas en siete vuelos distintos en 2021 con base en una nueva ley de migración más estricta que el conservador Sebastián Piñera promulgó en abril bajo el lema de «ordenar la casa». Las deportaciones han recibido duras críticas de diversas organizaciones promigrantes y de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y Naciones Unidas, que alertaron de graves violaciones a los derechos fundamentales.
HRW denunció expulsiones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas), impedimento para acceder a llamadas telefónicas o abogados, y separación de familias, entre otros. La Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por considerar que fueron producto de un «procedimiento contencioso administrativo insuficiente», pero en casi todos los casos esta anulación fue posterior a la deportación.
Desde el oficialismo señalan que en los últimos meses han afinado y concretado con dicha corte los criterios y protocolos de expulsión y aseguran que solo aplican la nueva la nueva ley de migración. Esta regulación -que está dando sus primeros pasos- es para el Gobierno una vía para «ordenar» la situación de migrantes que, pese a la pandemia y la crisis social que estalló en 2019, siguen viendo en Chile uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
Se estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente al 7% de la población- siendo la comunidad venezolana la más numerosa, alrededor de 450.000 personas, seguida por la peruana y la haitiana.
