Helen Hwang y Shuai Kong, especialistas en investigaciones y cumplimiento anticorrupción, con un enfoque particular en China afirmaron que el 26 de diciembre de 2020, China enmendó su Ley Penal para aumentar las sanciones a los “funcionarios no estatales” por aceptar o solicitar sobornos.
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A diferencia de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que se centra principalmente en si el destinatario de un pago corrupto es un funcionario público, la ley china distingue entre “funcionarios estatales” (es decir, aquellos que realizan “funciones públicas”) y funcionarios no estatales.
Esta distinción depende del nivel y el deber del individuo, más que del empleador, por lo que es poco probable que los empleados de nivel medio o bajo de agencias gubernamentales y empresas estatales sean considerados “funcionarios estatales” según la ley china. Por ejemplo, los pagos corruptos hechos a médicos que prescriben se procesan típicamente bajo la ley china como pago de sobornos a funcionarios no estatales.
Por el contrario, los pagos corruptos a los administradores de hospitales se cobran como sobornos a funcionarios estatales.
Antes de las recientes enmiendas a la Ley Penal, la conducta corrupta (aceptar o solicitar sobornos, malversación y corrupción) por parte de un funcionario no estatal conducía a sentencias más leves que los funcionarios estatales. Las enmiendas eliminan en gran medida esa brecha al someter a los funcionarios estatales y no estatales a marcos de sentencia comparables.
Las enmiendas recientes definen un nuevo nivel de sentencia: casos en los que la cantidad involucrada es “especialmente grande” o donde hay otras circunstancias “especialmente graves”. La pena para este tipo de casos sería de más de diez años de prisión o cadena perpetua, más una multa.
También se revisaron las penas para los dos niveles de sentencia preexistentes: los casos que involucren una cantidad “relativamente grande” darían lugar a no más de tres años de prisión o detención penal, más una multa, y los casos que involucren una cantidad “enorme” o cuando existen circunstancias “graves” que resultarían en tres a diez años de prisión, más una multa.
Las enmiendas no especifican los umbrales monetarios para “relativamente grande”, “enorme” y “especialmente grande”. El Tribunal Supremo del Pueblo y la Fiscalía Suprema del Pueblo probablemente emitirán una guía sobre estos detalles después de la promulgación de las enmiendas.
Después de las enmiendas recientes, la principal diferencia que queda entre las sanciones para los funcionarios estatales y no estatales que aceptan o solicitan sobornos es que los funcionarios estatales podrían enfrentar cadena perpetua o pena de muerte, además de la confiscación de la propiedad si la cantidad involucrada es “especialmente grande”. y el interés público y nacional se ha visto gravemente dañado.
Las enmiendas también ampliaron el alcance de las prohibiciones de producir o vender medicamentos falsificados o de calidad inferior, crearon nuevos delitos por mal manejo de los recursos genéticos humanos y por implantar embriones clonados o editados genéticamente en humanos o animales, y aumentaron el alcance y las sanciones relacionadas para protecciones de secretos comerciales.
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