La Oficina del Cargo Popular, recogida en los artículos 57 y 58 de los Estatutos del Partido Popular, está «inactiva» desde hace meses por decisión de Pablo Casado, Este paso supone cerrar de facto la iniciativa interna más novedosa de anticorrupción que Mariano Rajoy puso en marcha tras el escándalo de ‘Gürtel’.
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Este órgano interno fue aprobado en febrero de 2017, en el último Congreso nacional que eligió a Rajoy. En apenas un año y medio tuvo tres presidentes: el primero fue Manuel Cobo, el que fuera mano derecha en Madrid de Alberto Ruiz-Gallardón y que dimitió a los pocos meses alegando problemas de salud; luego le sucedió Andrés Ayala, quien estuvo al frente de este órgano interno hasta la dimisión de Rajoy a mediados de 2018; y el último fue Alfredo Prada, elegido por Casado tras la sucesión en Génova.
La Oficina del Cargo Popular era hasta el momento un órgano del PP «con autonomía en el ejercicio de sus funciones«, según establece el artículo 57, y estaba formado «por entre tres y cinco miembros que no desempeñen ningún cargo público u orgánico dentro del Partido Popular en cualquiera de sus ámbitos».
En el primer organigrama de Casado tras su victoria en el congreso extraordinario de julio de 2018 aparecían el citado Prada de presidente, María Jesús Bonilla como secretaria y Yolanda Bel como secretaria de actas.
El PP aprobó un reglamento de funcionamiento para esta oficina y fijó una serie de controles internos. Entre los cometidos de la Oficina del Cargo Popular estaba el supervisar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP, así como aprobar en un formulario homologado el resumen de su declaración de IRPF y de Patrimonio.
Además, tenía que encargarse de gestionar los registros de Actividades y Bienes y Derechos Patrimoniales de los cargos del PP y velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades. Ante cualquier anomalía, debía dar traslado al Comité de Derechos y Garantías para su estudio.
Varios dirigentes del PP creen que este órgano interno lleva clausurado desde la imputación de Prada en 2019 por el caso del Campus de la Justicia
Para poder cumplir con sus funciones, los miembros de la Oficina del Cargo Popular estaban mandatados para solicitar en todo momento la comparecencia de cualquier cargo en las oficinas de Génova. Asimismo, tenían la obligación de elaborar «un informe anual sobre sus funciones, gestión y actividad«, lo que invalida la opción de activar o desactivar dicha oficina por parte de la actual dirección popular cuando se acerca un proceso electoral.
Lo más sorprendente es que en Génova nadie sabe aclarar cuándo se cerró esta oficina. En el último organigrama del PP (ver abajo), tras los cambios introducidos en agosto con la salida de Cayetana Álvarez de Toledo de la portavocía del Congreso, ya no aparecía esta Oficina del Cargo Popular.
Varios dirigentes del PP consultados por este periódico creen que este órgano interno lleva clausurado desde la imputación judicial de Prada en marzo de 2019 por posible desfalco en el Campus de la Justicia de Madrid.
En aquel momento, desde Génova se subrayó que era únicamente afiliado y que no formaba parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), aunque precisamente para ser miembro de la Oficina del Cargo Popular se tenía que cumplir el requisito de no ostentar ningún cargo público dentro del partido.
La Audiencia Nacional acaba de poner al citado Prada a las puertas de un juicio oral por este caso y en Génova se disponen a suspenderle de militancia, tal y como exigen los estatutos del partido. El juez José De la Mata le acusa junto a otras cinco personas de los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos.
Cientos de millones perdidos
El magistrado de la Audiencia Nacional calcula que estos hechos supusieron un menoscabo de cientos de millones de euros para las arcas públicas. También ha procesado al entonces director de Seguridad del Campus de la Justicia, el policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando gobernó en Castilla-La Mancha y que está imputado en la pieza ‘Kitchen’ del caso Villarejo.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, de 253 páginas, el magistrado explica que los investigados, liderados por Alfredo Prada, quien «en última instancia tomaba todas las decisiones», se pusieron de acuerdo con terceras personas y empresas «para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo».
