El magistrado titular del Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, convocó a declarar a diez imputados involucrados en una causa judicial en la que se investiga la supuesta entrega irregular de vehículos secuestrados por la Justicia Federal.
Antilavadodedinero / nortecorrientes
Entre los sospechosos se hallan el ex magistrado federal Carlos Vicente Soto Dávila y su ex secretario penal Pablo Molina, además de un administrativo que aún está en funciones y que, se sospecha, intervino en estas maniobras ilegales.
El juez Vallejos los citó a las audiencias previstas entre el 4 y el 11 de mayo, en el contexto de la causa 5.262/2016, por “falsificación ideológica, cohecho y estafa procesal” surgidas de una denuncia del Ministerio Público Fiscal a partir de posibles anomalías procesales y administrativas en la liberación de automotores secuestrados y que tienen un alto valor en el mercado.
La hipotesis del Ministerio Público Fiscal es que un grupo de abogados supuestamente intervenía en procedimientos para la entrega de rodados incautados a terceros. Quienes recibían estos automotores supuestamente pagaban una suma de dinero y a cambio recibían el vehículo con un permiso de circulación y de utilización.
La investigación comenzó en 2016, cuando el fiscal federal Flavio Ferrini descubrió que se había librado la entrega de un rodado tras una audiencia a la que no había sido citado.
Entonces advirtió también que en el mismo proceso habían citado a un hombre que había entregado un auto en una concesionaria para venderlo, pero cuando se lo consultó nuevamente, éste dijo que nunca había sido citado a declarar y que desconocía la situación.
Ante esto, el fiscal general federal de Corrientes, Carlos Schaefer, y el fiscal Flavio Ferrini solicitaron investigar a Soto Dávila, a su secretario Pablo Molina y al empleado Zacarías Issolio, a los abogados Noelia Carolina Agnello, Duylio Horacio Barboza Galeano y a Víctor Manuel Fernández, quienes intervinieron en la maniobra.
Lo que se busca establecer es si -de forma organizada y mancomunada- realizaron maniobras de simulación o ardidosas para recuperar un vehículo Mercedes Benz 997-C250 que se encontraba secuestrado en el marco de la investigación seguida a Roberto Rodríguez, quien fuera procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico, para lo cual utilizaba la concesionaria RRVIP para blanquear el dinero ilícito.
En junio de 2016, Fernández sostuvo haber adquirido el referido vehículo de buena fe, por lo que inició -a través de sus abogados Agnello y Barboza Galeano- un incidente de entrega de bienes registrables en la secretaría a cargo de Molina, con la intervención del sumariante Issolio, con el fin de recuperarlo.
Entonces, la Fiscalía le solicitó al juez Soto Dávila que citase a declarar al ex dueño del vehículo, Fernando Gauto, y a Fernández, el comprador. Pero la abogada Agnello se presentó nuevamente y pidió una serie de audiencias, las cuales fueron fijadas sin dar intervención al Ministerio Público Fiscal.
Según el expediente, Gauto y Fernández antes de ser notificados comparecieron “espontáneamente” en el Juzgado.
Como los fiscales no estuvieron presentes en esas audiencias, los fiscales iniciaron una serie de medidas investigativas, que incluyeron peritajes grafológicos y una rogatoria a la titular de la Fiscalía Federal de Eldorado (Misiones), donde reside Gauto.
Tras ello, la fiscal misionera Lilian Delgado entrevistó a Gauto, quien negó haber declarado ante la Justicia correntina, como también desconoció la firma que figuraba en su declaración.
También los fiscales Schaefer y Ferrini pidieron informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) respecto a la capacidad adquisitiva de Fernández, quien figura como monotributista, siéndole imposible justificar la adquisición de un Mercedes Benz como el que pedía que le restituyeran.
Con base en las pruebas recolectadas, los fiscales concluyeron que los imputados idearon y ejecutaron un plan con el objetivo de poder recuperar un bien que forma parte del patrimonio del imputado y procesado Rodríguez, un hombre que tenía una concesionaria de automóviles de alta gama en Posadas, que era utilizada para lavar dinero y que fue investigado por Pablo Molina, titular de la Secretaría Penal 2 del Juzgado Nº 1 de Corrientes.
