El Barómetro Global de la Corrupción (GCB- Global Corruption Barometer)- de la Unión Europea publicado a mediados del pasado mes de junio por Transparencia Internacional, reveló que casi dos tercios de las y los ciudadanos de la Unión Europea opinan que la corrupción política es un problema grave en su país. Concretamente, el estudio advierte que más de la mitad los encuestados cree que su gobierno está influenciado por unos pocos intereses privados.
Antilavadodedinero / Diario Responsable.
El GCB es una de las mayores y más detalladas encuestas sobre opinión ciudadana en cuanto a corrupción y experiencias de soborno realizada en los 27 países de la UE. El GCB encuestó a más de 40.000 personas en la UE de octubre a diciembre de 2020 preguntando por las opiniones y experiencias personales sobre la corrupción. Los resultados ponen de manifiesto algunas tendencias preocupantes en toda la región.
La corrupción afecta a todas las naciones del bloque político que conforma la Unión Europea. Aunque en algunos países más que en otros, la corrupción es una constante en el viejo continente. Los escándalos revelan que los funcionarios elegidos se enriquecen a través de la puerta trasera, aceptando sobornos para encubrir violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, los bancos, y agentes inmobiliarios no hacen lo suficiente para impedir el blanqueo de dinero sucio.
La investigación advierte que este panorama ya complejo se ha visto empeorado tras la llegada de la pandemia de COVID-19. El Barómetro Global de la Corrupción muestra que, en países como Hungría y Polonia, los políticos han tomado la crisis como excusa para socavar la democracia. Otros la ven como una oportunidad para obtener beneficios, como demuestran los casos de los lobbies en Alemania. Los datos de estudio son realmente preocupantes. En primer lugar, los resultados muestran que casi tres de cada diez residentes en la UE declararon haber sufrido corrupción de forma directa, ya que se vieron obligados al pago de soborno o a la utilización de relaciones personales para acceder a los servicios públicos. Esto equivale a más de 106 millones de personas.
La encuesta revela que mientras los gobiernos se esforzaban por gestionar la pandemia y la crisis sistémica que esta trajo consigo, la atención sanitaria fue un particular foco de corrupción. Aunque solo el 6% de las personas admite haber pagado un soborno por la atención sanitaria, el 29% de las y los residentes de la UE recurrió a contactos personales para obtener atención médica. En España, por el contrario, solo un 2% admite haber pagado sobornos para la obtención de algún servicio público en los últimos 12 meses, sin embargo, resulta preocupante que un 40% admite haber utilizado relaciones personales para acceder a servicios públicos. Además, la mayoría de los ciudadanos no considera que su gobierno haya gestionado la pandemia de forma transparente.
Además, la encuesta explora otras áreas relacionadas con la corrupción, como los vínculos entre las empresas y la política, ya que más de la mitad de las personas consultadas piensa que su gobierno está influenciado por unos pocos intereses privados. Otro dato que emerge de la investigación muestra que, en la mitad de la UE, los banqueros y los ejecutivos de las empresas son percibidos como más corruptos que cualquier institución del sector público. En general, más de cinco de cada diez personas creen que las grandes empresas suelen eludir el pago de impuestos, y que además recurren a sobornos o relaciones personales para conseguir contratos. En este contexto, la percepción del 64% de los ciudadanos encuestados en nuestro país considera que el gobierno está influenciado por intereses privados.
Por su parte, casi un tercio de las personas cree que la corrupción está empeorando en su país, mientras que casi la mitad afirma que su gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción. La sensación de que los gobiernos no están haciendo lo suficiente para combatir la corrupción, y de que los funcionarios corruptos pueden actuar con impunidad, afecta negativamente a los niveles de confianza tanto en los gobiernos nacionales como en las instituciones de la UE. En este sentido, se observa que menos de la mitad de las y los ciudadanos de la UE confían en su gobierno nacional. Sin embargo, las instituciones de la UE obtuvieron mejores resultados (56%), el índice de confianza sigue siendo relativamente bajo. Además, solo el 21% de las personas piensa que los funcionarios corruptos se enfrentan a consecuencias adecuadas.
Michiel van Hulten, Director de TI-UE, aseveró que: “Estos resultados deberían ser una llamada de atención tanto para los gobiernos nacionales como para las instituciones de la UE. La corrupción está socavando la confianza de los ciudadanos y los responsables políticos deben escuchar las preocupaciones de los ciudadanos. Hay muchas medidas inmediatas que pueden ser adoptadas para remediar estos problemas como ser el aumento de la transparencia de los grupos de intereses (Lobby) tanto a nivel de la UE como nacional y la lucha contra la elusión fiscal. Es indispensable transponer de forma eficaz y urgente las políticas de la UE para proteger a los denunciantes y luchar contra el blanqueo de capitales a las legislaciones de los EEMM”.
Finalmente, el informe concluye que los gobiernos de toda la región y las instituciones de la UE deben hacer un esfuerzo inmediato y concertado para detener la corrupción. En este sentido realiza una serie de recomendaciones que pueden ser tenidas en cuenta:
- Construir la confianza y la participación: Garantizar que la elaboración de políticas sea totalmente transparente y consultiva, teniendo en cuenta los intereses de todos los grupos afectados por igual, además de promover mecanismos de responsabilidad social, como los Pactos de Integridad.
- Proteger a los que denuncian corrupción: Garantizar que la Directiva sobre la denuncia de irregularidades de la UE se cumpla. La protección resultante debe cumplir con los más altos estándares, por ejemplo, garantizando mecanismos de información que tengan en cuenta el género y tener un alcance material que se extienda la legislación de la UE para abarcar la legislación nacional. Además, defender a la sociedad civil y a los periodistas que denuncian la corrupción, incluso mediante la adopción de una directiva de la UE para protegerlos de los juicios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs), acciones legales vejatorias de la corrupción, que tienen por objeto silenciar las denuncias de corrupción.
- Salvaguardar la influencia indebida en la política: Mejorar la transparencia de todas las actividades de los grupos de presión y procesos legislativos; Reforzar la normativa para controlar y abordar los conflictos de intereses entre los funcionarios; Garantizar una regulación adecuada sobre las puertas giratorias y períodos de reflexión para todas las personas que dejan un cargo público para trabajar en el sector privado, y viceversa.
- Crear normas de integridad en el sector privado: Reforzar las normas corporativas anticorrupción de las empresas reformando la Directiva de la UE sobre información no financiera para las grandes empresas, y exigir a las empresas que prevenir, detectar y actuar sobre los riesgos de corrupción.
- Mejorar la transparencia fiscal de las empresas y evitar la evasión fiscal: Garantizar que las empresas que reciben fondos públicos o desgravaciones fiscales cumplan unos criterios claros y cumplan las condiciones necesarias, incluyendo declarar sus beneficios especiales o uso de paraísos fiscales.
- Prevenir favoritismo en prestación de servicios y contratación pública: Invertir en plataformas digitales centradas en el usuario que faciliten y simplifiquen el acceso de los ciudadanos a servicios gubernamentales; Mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos de la contratación pública de acuerdo con las normas mundiales, y garantizar su publicación oportuna para reducir el riesgo de corrupción en la adjudicación de contratos.
- Garantizar la rendición de cuentas por abusos de poder: Aumentar la cooperación y el intercambio de información entre las fuerzas del orden de agencias policiales, en particular con la nueva Fiscalía Europea. Asimismo, los gobiernos deben defender el Estado de Derecho, y la UE no debe dudar en tomar medidas punitivas con cualquier país que no lo haga.
