Las remesas enviadas a México por inmigrantes en Estados Unidos registraron un nuevo récord: 83,000 millones de dólares en marzo pasado, la cifra más alta para ese mes, según datos oficiales. A pesar de la caída económica generada por la pandemia, los oriundos de ese país no han dejado de apoyar económicamente a sus familiares y el presidente Andrés López Obrador hasta los calificó de “héroes”.
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Pero precisamente en ese mar de transferencias monetarias el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los negocios criminales más ricos del mundo, encontró una oportunidad para mover sus millonarias ganancias por la venta de narcóticos en EEUU. Es su sello particular en el lavado de dinero.
Las autoridades han descubierto que la organización de tráfico de drogas que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, echó mano de ese método para blanquear capitales a través de pequeños negocios en Texas, Ohio y Virginia. Las acusaciones criminales indican que utilizó siete empresas populares entre los hispanos: Intermex, Transfast, Sigue, Boss Revolution, Omnex, Girosol y Ría.
Uno de esos casos fue presentado por el Distrito Sur de Ohio del Departamento de Justicia (DOJ), afirmando que ocho personas, incluyendo el dueño de tres tiendas de celulares, José Luis Rosales Ocampo, lavaron una fortuna que el cartel obtuvo por la venta de grandes cargamentos de marihuana, heroína y fentanilo. A principios de abril, los implicados recibieron sentencias de entre 5 y 18 años de prisión, informó la Fiscalía en un comunicado.
Otro proceso criminal presentado por el Distrito Oeste de Virginia de la Fiscalía puso tras las rejas a Ana Bella Sánchez Ríos, quien era dueña de una popular carnicería que también vendía productos hispanos. Ella purga una condena de ocho años de cárcel por blanquear más de 4.3 millones de dólares del CJNG.
Y sigue pendiente el juicio a Iván Noe Valerio y sus familiares, encargados de una tienda de ropa en Dallas, Texas, que supuestamente lavó más de 10 millones del cartel de ‘El Mencho’. Este caso lo interpuso el Distrito Norte de Texas del DOJ.
En todos estos casos, los pequeños negocios disponían de terminales de algunas de las siete compañías de envío de remesas señaladas, desde donde se hicieron las transferencias ilegales.
Modus operandi
Los fiscales federales afirman que tenían el mismo modus operandi: los operadores del cartel reclutaban a dueños de carnicerías y tiendas con permisos para mandar dinero al extranjero ofreciéndoles un porcentaje por cada transferencia ilegal, estos creaban cuentas con nombres falsos y hacían múltiples envíos de menos de 1,000 dólares tratando de evadir el escrutinio del gobierno.
Solo con el apoyo de esos negocios el cartel logró mover más de 58 millones de dólares.
A la fecha, el hombre que más facilitó estos envíos desde EEUU para el negocio criminal de ‘El Mencho’ ha sido José Luis Rosales Ocampo, de 57 años y dueño de tres locales que vendían artículos para celulares en Columbus, Ohio.
Los investigadores descubrieron que solo eran la fachada de un complejo sistema que lavó 44 millones de dólares del CJNG de 2013 a 2019. La familia Rosales cobraba una comisión de hasta 100 dólares por cada $1,000 (10%) que mandaban a lugartenientes del cartel en Nayarit, Jalisco, Michoacán y Sinaloa, describe la acusación criminal. La cuota típica legal es de $10 por envío.
“Basado en mi experiencia, investigación y consulta con otros policías, sé que es común que las organizaciones de tráfico de drogas usan negocios de MSB (negocios financieros) para lavar ganancias por la venta de heroína, fentanilo y metanfetamina desde ciudades de Estados Unidos donde se distribuyen, hacia ciudades mexicanas donde envían la droga”, señala una declaración jurada de Kevin Doyle, agente de la unidad de investigaciones criminales del Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS), en el caso de los Rosales.
Los filtros de las empresas
Univision Noticias les pidió comentarios a las siete empresas mencionadas en estos procesos judiciales y les preguntó qué están haciendo para impedir que los carteles mexicanos usen sus servicios para mover dinero sucio. Tres compañías respondieron hasta la publicación de esta nota.
Ria, una de las empresas del ramo más populares, respondió en un breve comunicado que “si detectamos actividad sospechosa, es posible que se revise la transferencia de dinero para asegurarnos de que, de hecho, fue usted quien realizó la transferencia”.
A veces, las autoridades le exigen recopilar información adicional sobre la transacción, con base a la normativa internacional o de EEUU, señaló.
Por su parte, Sigue, fundada en 1996, afirma que, de hecho, en 2017 detectó una actividad sospechosa en los negocios de la familia Rosales en Ohio, lo informó a las autoridades federales y colaboró en la investigación entregando información que se usó para construir el caso contra los lavadores del cartel.
“Sigue combina el cumplimiento efectivo y enfoques basados en sistemas para detectar y combatir el lavado de dinero y la actividad criminal, empleando analistas capacitados y dedicados, tecnología robusta y sistemas de detección de vanguardia como armas en la lucha contra la actividad ilegal”, dijo la compañía en una declaración escrita enviada a este medio.
Gabriela Jáuregui, jefa del departamento de cumplimiento de Girosol, explicó que sus filtros incluyen verificar si el remitente o beneficiario está en la lista de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), la dependencia que congela las cuentas bancarias de personas ligadas al narcotráfico.
Si una cuenta envía más de 3,000 dólares en un lapso de 31 días, la siguiente transferencia se detiene para evitar un posible flujo de dinero ilícito, indicó Jáuregui.
“Además, los pedidos en el sistema pasan por un segundo proceso cada mes que analiza varios meses y hace referencias cruzadas, entre otros parámetros, de todos los números de teléfono, nombres, ciudades, fechas, horas, etcétera”, detalla Jáuregui.
“Si se detecta un patrón, no importa si el monto del pedido es bajo, se crea un informe de los pedidos que se consideran sospechosos”, agregó.
Intermex, Transfast, Boss Revolution y Omnex no respondieron a varios mensajes enviados por este medio.
Cabe señalar que Intermex es mencionada en el caso de la familia Rosales y en el de Ana Bella Sánchez Ríos.
El caso de los Rosales
La Fiscalía general de Arizona, que tiene una oficina que se encarga de analizar las operaciones de los negocios de envíos de dinero al extranjero, publicó en marzo de 2015 un informe sobre las técnicas usadas por los narcotraficantes del “corredor de Sinaloa” o la región dominada por el Cartel de Sinaloa.
El informe identifica tres métodos: ‘muchos para uno’, que consiste en que varias personas le envíen remesas a una persona; ‘uno para muchos’, en el que un cliente manda dinero a varios beneficiarios; y ‘muchos para muchos’, cuando múltiples cuentas depositan menos de $1,000 a distintas personas.
La Fiscalía menciona el caso de un traficante que a principios de 2015 envió 80,000 dólares en dos días a través de dos agentes autorizados en Phoenix, Arizona. La investigación concluyó que comerciantes se habían coludido con distribuidores de heroína en esa ciudad y enviaban las ganancias a México.
Lo que pasó en las tiendas de celulares de los Rosales cae en la categoría de ‘muchos para muchos’.
La acusación federal señala a nueve traficantes del Cartel de Jalisco que entregaron miles de dólares a los Rosales. Un emisario anónimo que cooperó con el gobierno contó que les dejaba unos $6,000 cada mes y otro aseguró que llegó a entregarles hasta $100,000, según documentos judiciales.
Otro informante reveló que José Luis Rosales Ocampo recibía tantos fajos de dólares que tenía una contadora de billetes, aunque sus locales apenas recibían clientes.
Alrededor del 50% del dinero enviado desde sus tres negocios llegó a Nayarit, un estado disputado por narcos, y la gran mayoría de las transferencias eran de menos de 1,000 dólares.
También detectaron que 10,541 de 11,466 envíos hechos través de uno de los locales llegaron a México, eran por menos de $1,000 y varios fueron cobrados en Nayarit. Desde los otros dos negocios mandaron grandes cantidades a Jalisco y Sinaloa.
En más del 80% de las transacciones no se repetía el remitente, ni el destinatario, señala la acusación.
Los Rosales enriquecieron gracias a su sociedad con el Cartel de Jalisco y no pudieron esconderlo. Cada mes sus cuentas bancarias recibían decenas de miles de dólares, tenían autos de lujo y compraron en efectivo dos casas en Ohio. Varios integrantes de esa familia ahora están en la cárcel.
