Colombia ofrece el camino para que combatientes de bandas criminales se sometan individualmente a la justicia a cambio de beneficios como reducción de penas y planes de reinserción social, en busca de debilitar las estructuras militares de esos grupos, anunció el alto comisionado para la paz.
Antilavadodedinero / Reuters
Hasta ahora, solo los integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) podían acceder a este procedimiento, pero el Gobierno del presidente Iván Duque decidió ampliarlo a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Clan del Golfo, Los Pelusos y Los Caparros.
Todos estos grupos, que suman más de 6.000 combatientes, están activamente vinculados con el narcotráfico, la minería ilegal y violaciones a los derechos humanos como asesinatos, masacres, secuestros, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y siembra de minas antipersonales, según fuentes de seguridad.
“En este caso no estamos en el escenario de un sometimiento colectivo sino individual, uno a uno, se establece una línea de sometimiento”, dijo en una conferencia de prensa virtual el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. “Las circunstancias de presión por el éxito de las operaciones armadas hacen pensar que esta ruta pueda ser asumida por varias personas”.
Ceballos aclaró que el proceso no es una negociación de paz del Gobierno con esas organizaciones armadas.
El Gobierno de Duque ha descartado iniciar una negociación de paz con el ELN hasta que ese grupo libere a las personas que mantiene privadas de la libertad, suspenda el reclutamiento de menores de edad y la siembra de minas antipersonales.
Duque anunció que 20 integrantes del ELN se entregaron a las autoridades militares en una zona montañosa del departamento del Cauca, al suroeste del país, para acogerse al programa de desmovilización.
Ceballos dijo que quienes se sometan voluntariamente recibirán beneficios jurídicos, como rebajas de penas y un proceso de reintegración a la sociedad de entre cinco y seis años que contempla apoyo económico para proyectos productivos. Pero advirtió que no habrá indultos ni amnistías para los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Colombia enfrenta un conflicto interno armado de más de medio siglo que ha dejado unos 260.000 muertos y millones de desplazados. Desde el 2003, más de 73.000 personas salieron de grupos armados ilegales en forma individual o en negociaciones de paz, según Ceballos.
La intensidad de la confrontación se redujo después del acuerdo de paz firmado por el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con las FARC en 2016, que permitió a 13.000 integrantes de esa guerrilla, incluidos unos 6.000 combatientes, dejar las armas y reintegrarse a la vida civil.
