Desde hace al menos medio siglo, ambos países, México y Colombia, suelen poner los muertos y el imperio las balas. Los presidentes AMLO y Petro acordaron llamar a una conferencia regional para «redirigir esfuerzos».
antilavadodedinero / tiempoar
Tras cinco décadas de sumisión a una suicida política de combate al narcotráfico en la que Colombia y México pusieron alrededor de un millón de muertos y Estados Unidos las balas y las armas asesinas, los presidentes Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador le enviaron a la Casa Blanca un contundente mensaje que, una semana después, ocupado con Ucrania, quizás, Joe Biden no se ha dignado responder.
Esto no va más, le anunciaron, y precisaron que llamarán a una cumbre americana, con Estados Unidos y Canadá excluidos, para extenderle la partida de defunción al Plan Colombia y a la Iniciativa Mérida, los engendros represivos concebidos bajo la criminal idea de que un problema social y de salud pública de la mayor entidad –el consumo de drogas– era, estúpidamente, un asunto de orden militar.
Aunque Colombia y México aparecen como los dos países esencialmente afectados por la problemática de las drogas, como proveedores y consumidores, no sólo sus gobiernos se plegaron dócilmente a las políticas dictadas por Estados Unidos y financiadas por el pleno del aparato diplomático y militar y sus múltiples agencias.
Otros países, en especial del área andina, se sumaron a la comparsa, al servicio de los planes elaborados por el republicano Richard Nixon (1969-1974), el presidente al que politólogos e historiadores definen como el más bruto de los gobernantes del siglo XX. El objetivo era confrontar militarmente con las mafias de la droga, un oponente sin límites éticos ni morales, lo que llevó a los ejércitos regulares a traspasar fronteras y adentrarse en el mundo del terrorismo de Estado.
Vistas las consecuencias, entre las que se incluye la ruptura del tejido social de ambos países, Petro y AMLO coincidieron en un encuentro bilateral del 25/11, en la necesidad de convocar a esa Conferencia Regional de Mandatarios de Latinoamérica. El objetivo: poner patas para arriba la política impuesta por EE UU. Cuando asumió, en agosto de este año, el colombiano había planteado la urgencia de redirigir los esfuerzos.
Después, en setiembre, en la Asamblea General de la ONU, demandó «acabar con la irracional guerra contra las drogas». Mientras, AMLO revisaba la estrategia mexicana con un enfoque centrado en las causas que originan la violencia, una idea para la que Biden comprometió un aporte de 4000 millones de dólares, de los cuales ni uno solo ha llegado.
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La sintética pero precisa declaración de intenciones abre las puertas para que América Latina, sin la tutela norteamericana, establezca un antes y un después en el tratamiento de uno de los puntos más lacerantes de la agenda regional. «Si de la cumbre –que en principio se reuniría en enero próximo, en Colombia– se desprenden acuerdos multilaterales positivos, estaríamos ante la anhelada oportunidad de dejar atrás la inservible y contraproducente política punitiva impuesta por Estados Unidos al resto del mundo, y que ha provocado una incuantificable destrucción humana y material». Tal el deseo que, en privado, expresan los voceros del canciller mexicano Marcelo Ebrard.
«En esa fracasada estrategia se han gastado miles y miles de millones de dólares. La cosa a saber es quiénes se beneficiaron», se preguntó la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU (ODCONU) en un reporte previo a la Asamblea General del organismo. La respuesta es indirecta. La economía mundial podría crecer un punto por año si los recursos puestos en el circuito del narcotráfico se destinaran al desarrollo de la economía formal. La ONU asegura que el narcotráfico genera unas ganancias anuales de aproximadamente 650.000 millones de dólares.
En tiempos del Mundial de Fútbol y sus obscenidades, vale saber que la suma de la facturación de los 20 clubes más grandes del mundo es de unos 16.700 millones, 2,5% del dinero que mueven los narcos. Ese es el nido que Petro y AMLO invitan a patear.
Los presidentes coinciden con los estudiosos en que la política antidrogas es un problema de salud pública, tal como lo definió en Uruguay el gobierno progresista de José Mujica (2010-2015) cuando sancionó una ley que regula la producción, distribución y venta del cannabis. Petro y AMLO señalan que la actual política contra el narco no contempla esta premisa básica para la ciencia y deja de lado las cifras de la demanda.
Hay más de 30 millones de consumidores en Estados Unidos y más de 80 millones en Europa. Son más de 110 millones de personas que demandan drogas, sólo en el norte. «Esto debería llevar a la conclusión de que no estamos ante un delito, es un problema que no puede ser penalizado. Es un problema a abordar desde el aspecto social», dijo Petro.
El documento firmado por Petro y AMLO postula la insostenibilidad de prohibir ciertos estupefacientes, la carencia de justificación moral del Estado para determinar qué sustancias pueden consumirse, la arbitrariedad con que se prohíben algunas y se permiten otras, la ineficacia de la prohibición desde la perspectiva de la salud pública y las oportunidades de negocios que esta prohibición acarrea para el crimen organizado.
Durante su primer discurso en la ONU, y en una sutil referencia a la falta de una política autocrítica en Estados Unidos, Petro había aludido a los dramáticos números que deja allí el descontrolado consumo del fentanilo (un poderoso analgésico opioide potencialmente adictivo de venta en cualquier farmacia), “una droga que no se produce en nuestros países y a la que no se le ha hecho la guerra”.
Fue allí que en un foro global de la mayor entidad, la ONU, el presidente colombiano hizo por primera vez una conmovedora apelación. “Vengo de uno de los países más bellos de la tierra –dijo–, vengo de un país de belleza ensangrentada. Pero no sólo es bello, allí también hay violencia (…), les demando, desde mi América Latina herida acabar con la irracional guerra contra las drogas”. «
La lacerante contaminación de tierra, aire y aguas
Cuando Estados Unidos lanzó la campaña de lo que quiso llamar combate al narcotráfico pero llamó combate a las drogas, hizo una lista de los enemigos. Se olvidó de los banqueros y de los laboratorios.
Sin unos no podrían circular ni ser guardadas las formidables partidas de dólares derivados del negocio. Sin los otros, no se podrían producir las drogas sintéticas, primeras causantes de las muertes por sobredosis.
Pero sí recordó poner en primer lugar a los campesinos que cultivan la coca desde que el Sol iluminó estas tierras altiplánicas por primera vez, y a los consumidores, por ello, dos veces víctimas.
El gran objetivo han sido los cocales. La sustitución de cultivos es la idea fija que se busca imponer como sea. La fumigación con glifosato, el herbicida de Monsanto ahora fabricado por Bayer para matar a la coca y proteger a los cultivos transgénicos fue el arma elegida. Fracaso total. Con ello sólo se logró contaminar tierra, aire y aguas y provocar el cáncer y otros males en las madres gestantes.
En Colombia, los campesinos lograron en dos breves períodos que se suspendiera la aspersión del glifosato. En México, desde la semana pasada, el gobierno está en eso, pese al lobby lanzado por Bayer valiéndose de un selecto grupo de senadores. «Díganle a esos señores que las políticas mexicanas se adoptan aquí, en México, y que los alimentos transgénicos tienen sus días contados», dijo el presidente.
