El senador Tony Apuril, del Partido Hagamos, señaló que la Comisión Permanente del Senado pedirá informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones del banco Basa, vinculado al ex presidente de la República Horacio Cartes.
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La iniciativa se dio tras las denuncias realizadas por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, ante el Congreso Nacional. El pedido será presentado este miércoles y tratado la próxima semana.
«Queremos saber si el señor Horacio Cartes aparece inscripto en el BCP como prestamista con recursos propios, ya que él hizo constar esa actividad en su declaración jurada”, explicó a Monumental 1080 AM. El Banco Central tiene un plazo de 15 días para responder, detalló el senador.
Durante una sesión reservada de la Comisión Permanente del Congreso, Giuzzio manifestó que el cartismo aprovechó la tragedia del Ja’umina Fest en San Bernardino para impulsar el juicio político en su contra y también vinculó a Horacio Cartes con delincuentes.
Además, expuso el movimiento de dinero a través de sus empresas; la venta y la ruta del tráfico de los cigarrillos, e inclusive dejó entrever el posible convenio con grupos criminales para su paso al Brasil, Colombia y México.
«Esperemos que el BCP responda a este pedido de informe sobre las operaciones que hace el ex presidente», prosiguió.
En otro momento, sostuvo que «tiene sus dudas» sobre Sandra Quiñónez al frente de la Fiscalía General del Estado y añadió que «hay una suerte de cajoneamiento de temas importantes». «Es algo sólido y contundente lo que estamos haciendo. Mi opinión sobre su trabajo es muy pobre», cuestionó. Es la oposición la que impulsa un juicio político contra Quiñónez.
La senadora Desirée Masi anunció que ya cuenta con un borrador del documento que impulsarán contra la fiscala general, al igual que en Diputados.
Poco después el Ministerio Público decidió abrir una causa penal por contrabando y lavado de activos contra el ex presidente de la República Horacio Cartes, tras la denuncia del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, lo que es considerado «un salvataje» ante la amenaza de un juicio político.
