El número de condenas exitosas por trata de personas en Honduras, Guatemala y El Salvador es minúsculo. Estos países han avanzado en la guerra contra este crimen, pero a juzgar por la evidencia disponible, por el momento los criminales están ganando.
Una de las víctimas, relata la pesadilla que vivió durante su cautiverio en Honduras. Tiene apenas 12 años, vive en una aldea remota de Yoro, la pobreza de su familia ha impedido que la menor continuara sus estudios.
Apenas llegó al cuarto grado y tuvo que dedicarse a los quehaceres del hogar y buscó empleo para ayudar a la manutención de su familia aprovechando que a su pueblo llegó una pareja ofreciendo trabajo para laborar en casa.
Le prometieron un salario mensual y ayuda para la familia. Los padres observando el trato cordial y educado de aquellos visitantes accedieron y autorizaron el viaje de la pequeña. La pareja llegó a Comayagua, la primer capital de Honduras, ubicada en la zona central del país, durante el cautiverio, la niña fue sometida a los caprichos de un extranjero que la encerró en una casa junto a otras niñas que días antes habían llegado en las mismas condiciones.
Esta es la segunda parte de un artículo que apareció originalmente en Connectas en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ), y fue editado y publicado con permiso. Vea el artículo original aquí. Lea la primera parte aquí
“Desde que llegué el gringo me dijo que la religión de él lo obligaba a contraer matrimonio y que se iba a casar, que en su país tenían varias esposas. Yo entré con miedo, me vistió con ropas árabes y celebró la boda”.
La sobreviviente siguió su narración: “éramos cuatro niñas más las que nos casamos con el hombre y aunque yo no quería nada con él, me forzó y nada podía hacer. Desde ese día nos tuvo encerradas, era una casa grande y nos vigilaba con cámaras”.
Una víctima de trata de personas en Honduras con un ciudadano estadounidense con quien se vio obligada a casarse. Foto para Connectas
“No volví a ver a mis padres, el hombre abusaba de nosotras y si alguna se quejaba o lloraba se enojaba. Fue hasta que la Policía llegó que nos sacaron de la casa y de él no volvimos a saber más. Ahora estoy de nuevo en la casa de mis padres, pero no quiero volver a salir, no quiero regresar de nuevo a ese lugar” explicó la menor.
Las menores fueron llevadas a una casa refugio que financia una Organización No Gubernamental, otras fueron entregadas a sus familiares. El estadounidense fue detenido en La Florida y guarda prisión en ese país por el delito de trata de menores.
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En El Salvador, cinco niños de entre seis y diez años de edad fueron rescatados en una casa de tratante, situada en Santa Rosa de Lima, La Unión, una zona fronteriza con Honduras.
La Policía manifestó que dos de los cinco menores estaban drogados quienes por su condición fueron llevados a un hospital para someterlos a tratamientos de desintoxicación y otros cuidados. Por este caso fue detenido Óscar Medrano, quien tenía una orden de captura girada por un Juzgado de La Unión.
Niños de Santa Rosa de Lima. Foto: Cortesía de Fiscalía de El Salvador para Connectas
También en El Salvador una niña de 14 años abordó un mototaxi en Ciudad Barrios, San Miguel y pidió al conductor que la llevara a su casa.
El conductor en vez de llevarla a su destino, la condujo a un motel donde la violó. Después bajo intimidaciones la entregó a una red de tratantes, quienes la trasladaron a la capital para vender sus servicios sexuales al mejor postor
La menor fue obligada a ubicarse en una zona de prostitución en San Salvador para atraer a sus clientes. Luego de las investigaciones, las autoridades localizaron a la menor y ésta relató todo el calvario que había vivido.Con las declaraciones de la víctima, la Policía detuvo a Roberto Javier Teban Guerra, a quien en juicio, le impusieron 14 años de prisión por violación sexual en menor y 8 por trata de personas.
¿Cómo las autoridades del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) están llegando a estos casos? A través de la denuncia ciudadana al sistema 911, investigaciones previas de la Policía o correos de funcionarios que advierten posibles ilícitos, afirmó Smirna Salazar de Calles, jefa de la Unidad de Tráfico de Ilegales y Trata de Personas de la Fiscalía de El Salvador.
Smirna de Calles, jefa de la Unidad contra el tráfico de ilegales y trata de personas de Fiscalía. Foto: Jaime Armando López para Connectas
Las autoridades y organismos de cooperación reconocen que la trata es compleja de averiguar, demanda mucho conocimiento, especialización, recursos, coordinación entre las autoridades e intercambio de experiencia de otras policías para combatirla.
Un poco de todo esto se ha hecho en los últimos 15 años en los países de Centroamérica, Panamá, Belice y República Dominicana, principalmente con recursos de la cooperación internacional.
En El Salvador más de mil miembros de la Policía Nacional Civil han recibido capacitaciones en 45 talleres y seminarios de dos y cinco días de duración impartidos por organismos internacionales expertos en el tema como Save the Children, Interpol, Unicef, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre otros.
Pero los resultados no han sido los esperados, ya que el comportamiento de las capturas y la detección de bandas criminales no han reflejado mayor diferencia a juzgar por las estadísticas en el Triangulo Norte.Aunque estos esfuerzos han despejado el camino, ruta, modos y estrategias de los tratantes, las autoridades no han podido avanzar sustancialmente en el combate y erradicación del flagelo.
La Fiscalía, por su parte también ha capacitado a sus abogados en esta materia, en 48 seminarios impartidos por la misma institución, organismos y autoridades extraregionales.
Como parte de los resultados, la Fiscalía General de la República de El Salvador han acusado por trata a 87 personas de 2010 a 2014, en 11 de las detenciones el Ministerio Público no logró encontrar suficientes evidencias para iniciarles un proceso judicial.
Los jueces quienes al final tienen la última palabra con los detenidos, también han sido formados con las herramientas necesarias para la aplicación de la ley en por lo menos seis seminarios entre 2007 y 2010.
De Honduras y Guatemala no se obtuvo mayor información sobre jornadas de capacitación del personal que forma parte de la fuerza contra la trata de personas.La principal fuente para los procesos judiciales es gracias a informantes que proporcionan datos de los lugares donde se mantienen cautivas a las menores, no de las investigaciones propias de las autoridades.
Sobre las inversiones económicas en capacitación de personal para la lucha contra la trata, la Policía en El Salvador dijo no tener disponible el monto asignado, la Fiscalía dijo que de 2010 a 2014 ha designado US$ 58 mil y la Corte Suprema de Justicia, la suma de US$ 3 millones para capacitación general, pero en ambas instituciones aclararon que no tenían como desagregar cuanto de esto se destinaba para temas relacionados con trata de personas.
Aunque estos esfuerzos han despejado el camino, ruta, modos y estrategias de los tratantes, las autoridades no han podido avanzar sustancialmente en el combate y erradicación del flagelo.
La principal fuente para los procesos judiciales es gracias a informantes que proporcionan datos de los lugares donde se mantienen cautivas a las menores, no de las investigaciones propias de las autoridades. Hay miedo de los informantes por la inadecuada protección que da el gobierno contra posibles represalias de los tratantes y la frustración por la lentitud de los juicios.
En marzo del 2014 el gobierno asignó el equivalente a US$ 200.000 a la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (Cicesdt), para realizar campañas de sensibilización contra la trata, pero el problema persiste, se ha quedado más en un trabajo de oficinas que de campo.
Más que leyes
Los países del Triángulo Norte han avanzado en materia legal pues cuentan con diversidad de leyes que sancionan las diferentes modalidades de la trata.
En Honduras en el 2012, se aprobó la Ley Contra la Trata de Personas, que sanciona el delito con una pena de hasta 22.5 años de reclusión, más la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y multa de 150 a 200 salarios mínimos, (US$ 300 es el salario mínimo en Honduras).
En Guatemala la pena por trata es de 8 a 18 años de prisión más una multa de 300 mil quetzales equivalente a US$ 39.000. Aún con este marco legal, la Procuraduría de Derechos Humanos en su informe 2013, estima que un 97 por ciento de los casos de trata quedan impune en el país y solo se resuelve en un 3 por ciento.
En El Salvador, la última normativa que la Asamblea Legislativa creó para combatir el delito y para sancionarlo con más años de cárcel fue aprobada en diciembre de 2014 y entró en vigencia el 14 de enero de 2015. Esta Ley cambia la pena de 4 a 8 años; de 8 a 20 años. La anterior normativa no sancionaba a los clientes por trata, ahora si serán procesados por comprar servicios prohibidos, afirmó Vanessa Martínez, subdirectora del Defensa y derechos individuales del Consejo Nacional de Protección a la Niñez y la Adolescencia (CONNA).
Vanessa Martínez, Subdirectora del Conna. Foto: Jaime Armando López para Connectas
Además incluye, una de las recomendaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos al país, en cuanto a los menores o personas involucradas en la trata bajo coacción y amenazas de las pandillas. Estos son reclutados por lo general para tráfico de droga, armas, asesinatos y el cobro de la extorsión.
Asimismo, le da carácter de permanencia al Consejo Nacional contra la Trata de Personas y la Política Nacional contra la Trata de Personas que por decreto ejecutivo había sido creado desde 2012, pero con la ratificación legislativa, los gobiernos de turno no las podrán cambiar, subrayó Martínez como parte de los avances en el combate del delito.
En Guatemala, también se cuenta con Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Persona desde 2009, Ley de Adopciones, Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Ley de Protección a la Niñez y la Adolescencia, Ley contra la delincuencia organizada y Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que se aplica desde 2003, y el código penal.
Sin embargo, los resultados evidencian que más allá de las leyes y los anuncios se requiere mucha más determinación de las entidades para afrontar el problema.
Atención a víctimas
De otro lado uno la atención a las víctimas es uno de los serios problemas que el Departamento de Estado ha cuestionado a los países que ha clasificado en el Nivel 2, porque no cuentan con sitios y personal especializado para tratar a las personas sobrevivientes de este delito.
En el caso de El Salvador, según el Conna, solo hay un albergue especializado en la capital, el cual es exclusivamente para niñas y no para niños, ni para hombres ni mujeres adultas. Al interior del país hay 15 oficinas que atienden los casos que se le presentan en los departamentos.Hay muy pocos lugares que cuentan con sitios y personal especializado para tratar a las personas sobrevivientes de este delito.
En Honduras, no hay centros donde albergar a las menores que son rescatadas. El Estado no logra identificar, remitir y asistir a las víctimas de la trata, los esfuerzos en este campo son insuficientes, tal como lo señala el informe del Departamento de Estado.
“Las autoridades se mantuvieron en una situación de dependencia casi total con respecto a las organizaciones no gubernamentales para la prestación de servicios. Las autoridades carecen de procedimientos sistemáticos para identificar a las víctimas de la trata entre las poblaciones vulnerables, tales como las personas que ejercen la prostitución o los menores que trabajan” refiere el informe.
Honduras tampoco posee un equipo de respuesta inmediata ante los abusos que contra menores se tienen en el país y si los hay no llega a las zonas rurales. Hasta hace poco se destinaron fondos para atender a las víctimas de trata, por ejemplo en el 2013 la única ayuda registrada fue de US$ 38.000 a una organización no gubernamental que presta servicios a menores vulnerables y que opera como el único refugio especializado del país para niñas víctimas de abuso sexual y de trata con fines de explotación sexual.
En Guatemala hay un manual instructivo homologado por las diferentes instancias de la justicia, derechos humanos y seguridad pública para atender a las víctimas nacionales y extranjeras que hayan sido rescatadas en el territorio, pero tampoco satisface a las autoridades estadounidenses en la lucha contra la trata.
Un panorama que evidencia como la dimensión del problema en Centroamérica, ha sobrepasado la capacidad de las instituciones en estos tres países. Mientras las víctimas se multiplican, los delincuentes continúan libres.
