Los chilenos favorecieron a candidatos independientes de izquierda para elegir una asamblea que redactará una nueva constitución, reemplazando la impuesta en la década de 1980 durante la dictadura militar.
Antilavadodedinero / Elcalce
En un duro golpe para las fuerzas políticas tradicionales en Chile, la votación del fin de semana para la asamblea constitucional de 155 miembros otorgó 48 escaños a candidatos independientes, la mayoría de ellos identificados con la ideología de izquierda, según los resultados oficiales.
El siguiente grupo más grande fue la coalición gobernante de centro-derecha, con 37 escaños, y luego el Partido Comunista con 28. Veinticinco escaños fueron para otra coalición de izquierda y 17 fueron reservados para los pueblos indígenas.
«Es un resultado desastroso», dijo el lunes Fuad Chaín, presidente del Partido Demócrata Cristiano de centro izquierda, sobre el pobre desempeño de los partidos políticos chilenos. Chaín fue elegido miembro de la nueva asamblea.
Los analistas y las encuestas de opinión sugirieron antes de las elecciones que los candidatos independientes obtendrían solo de 10 a 12 escaños.
Los grupos de activistas están haciendo campaña para que la nueva constitución incluya la igualdad para las mujeres, consagre las protecciones para el medio ambiente y para los pueblos indígenas, y proporcione el derecho al aborto. Los conservadores esperan mantener un sector privado dominante y reglas que dificulten la aprobación de reformas importantes en la legislatura.
Pero los diversos grupos tendrán limitaciones para lograr que sus objetivos completos se incluyan en la nueva constitución, porque se requiere un acuerdo de dos tercios.
“Conseguir el quórum necesario requerirá un esfuerzo bastante significativo”, dijo Rodrigo Espinoza, profesor de la Universidad Diego Portales.
El año pasado, casi el 80% de los votantes en un plebiscito apoyaron que una asamblea constitucional redactara una nueva carta para la nación luego de un año de protestas.
El documento que surja de la asamblea pasará a votación pública a mediados de 2022. Si se rechaza, la constitución actual seguirá en vigor.
