Republicanos piden hasta pena de muerte para enfrentar su tráfico y consumo. Demócratas exigen abordaje desde la salud. Dura polémica a causa del asesino fentanilo.
antilavadodedinero / elcolombiano
El Congreso de Estados Unidos acaba de entrar en una dura polémica sobre cómo enfrentar la problemática en la que varias regiones de ese país están sumergidas por el exceso de adictos al fentanilo, la llamada droga zoombi que solo en 2022 mató a 106.000 personas.
En plena efervescencia por la campaña electoral que se avecina, y en la que el presidente Joe Biden quiere pisar duro, el Capitolio se dividió entre quienes piden enfrentar esa ola de vicio con fuerza y castigos a consumidores y traficantes por igual, y los que consideran que se necesita la aplicación de una política de prevención enfocada en salud pública. Y no es una discusión menor.
Durante una audiencia en el Congreso, en la que se analizó esta disyuntiva, Erin Rachwal relató que a Logan, su hijo de 19 años, esta droga lo mató hace dos.
“Ninguna familia es inmune a este peligro”, dijo. Y aclaró que ella no sabía “ni de la gravedad o letalidad del fentanilo hasta su trágica muerte (la de su hijo)”, a pesar de que más de 106.000 personas fallecieron en el país por sobredosis de drogas o envenenamiento accidental el año pasado.
Timothy Westlake, un médico de urgencias, explicó que el fentanilo es tan tóxico que “se ha utilizado como arma química”. Y advirtió: “una cucharadita puede matar a 2.000 personas”.
En ese escenario, los congresistas de ambas bancadas –Demócratas y Republicanos– reconocen la urgencia para encontrar una solución, pero cada partido opta por caminos distintos.
El republicano Troy Nehls, de Texas, Estado fronterizo con México –país donde los cárteles producen la mayoría del fentanilo con precursores químicos procedentes de China–, defendió la mano dura.
Dijo ser partidario de “convertir la venta y distribución de fentanilo en un delito capital, y del uso de la pena de muerte”. Eso sí, reconoció que esto no resolverá el problema.
Derek Maltz, un exagente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), fue tajante: “Los narcoterroristas en México están destruyendo nuestro país, deben rendir cuentas, aunque eso signifique usar nuestro ejército”.
Y añadió: “Hay que destruir esos laboratorios de producción, y no podemos confiar en que México lo haga”.
En contraste, la demócrata Sheila Jackson Lee se opuso a aumentar las penas mínimas, porque eso impediría a los jueces considerar “los hechos y circunstancias singulares del adicto”.
Esto lo respaldó Jeffrey A. Singer, investigador de la fundación instituto Cato, para quien es un error centrarse solo en la oferta. Consideró improbable que “amenazar a los narcotraficantes con cadena perpetua o la pena de muerte disuada el tráfico de drogas”, porque la mayoría “ya tienen en cuenta el riesgo cuando entran en el negocio y tienen más miedo de que los maten sus rivales a que al Departamento de Justicia de Estados Unidos los coja”.
“La ley de hierro de la prohibición es lo que incentiva a los cárteles a idear formas más potentes” como la xilazina, un sedante veterinario que se mezcla con fentanilo y puede causar “úlceras mortales”.
U otro opioide sintético, el nitazeno. “No me sorprendería que dentro de dos o tres años estemos hablando de la crisis de los nitazenos en lugar de la crisis del fentanilo”, advirtió. Mientras esta discusión se adelanta en el Capitolio, ciudades como Filadelfia y Los Ángeles ven sus calles llenas de adictos como muertos en vida.
