El director de la agencia reguladora de entidades financieras de El Salvador ha dado instrucciones a los bancos para que no cierren las cuentas de lavadores de dinero, bien sea presuntos o acusados formalmente. Es la más reciente muestra de la débil lucha de El Salvador contra la corrupción.
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En diciembre, Héctor Gustavo Villatoro, jefe de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF), publicó una circular en la que prohíbe a los bancos cortar los lazos comerciales con presuntos criminales financieros. El comunicado señala que los bancos “no pueden poner fin a las relaciones comerciales con base en una decisión de presunta culpabilidad”, lo que va en contra de la principal ley del país contra el lavado de dinero.
Al contradecir la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos de El Salvador, el nuevo reglamento permite a los presuntos blanqueadores de dinero controlar sus activos incluso después de que se hayan iniciado los casos judiciales criminales. Las acusaciones contra varias figuras importantes en los últimos años demuestran quién se beneficiará de esa política: funcionarios gubernamentales y élites económicas implicadas en esquemas de soborno y operaciones de lavado de dinero.
En 2016, el exfiscal general de El Salvador, Luis Martínez, y un prominente empresario, Enrique Rais, fueron arrestados por conspirar para estafar al sistema judicial. Se halló que ambos hombres habían creado una estructura de crimen organizado que sobornaba a funcionarios públicos para obtener sentencias judiciales que favorecían a la empresa de tratamiento de basura de Rais.
Por su parte, Martínez fue acusado de convertir al Ministerio Público en una tienda de pago, donde aceptaba lucrativos regalos a cambio de detener o retrasar las investigaciones sobre corrupción. Mientras Martínez está en prisión a la espera de juicio, Rais permanece en libertad, vive en un lujoso refugio en Suiza, y su cuenta bancaria aún no ha sido cerrada.
El hombre que promulgó el nuevo reglamento de El Salvador, Gustavo Villatoro, fue nombrado director de la SSF en julio de 2020. Previamente se había desempeñado como director de aduanas durante el mandato del expresidente Elías Antonio Saca, quien más tarde enfrentó cargos de corrupción. En 2018, Saca se declaró culpable de malversación y lavado de dinero, por lo que recibió una sentencia de 10 años de prisión.
El juicio contra Antonio Saca fue considerado una victoria significativa para la lucha de El Salvador contra los crímenes financieros. En 2019, el país añadió 15 fiscales a las unidades de lavado de dinero y decomiso de activos y logró sus primeras condenas por lavado de dinero contra pandilleros de la MS-13. Además, El Salvador fue reintegrado al grupo Egmont, una asociación internacional de unidades de inteligencia financiera dedicada a mantener las normas internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
A pesar de la participación de El Salvador en los esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero, la nueva regulación de la SSF legitima las lagunas legales que permiten a los funcionarios corruptos mantener el control sobre sus activos, incluso mientras evaden los enjuiciamientos.
El Salvador fue suspendido del grupo Egmont en 2016, después de que el entonces presidente Salvador Sánchez Cerén vetara una propuesta de enmienda que habría dado autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la protegía de poderes externos.
Bajo la actual ley contra el lavado de dinero de El Salvador, los bancos están obligados a reportar actividades sospechosas a la UIF, la cual tiene el poder de congelar y apoderarse de los activos criminales, privando a los criminales de ganancias mal habidas e impidiendo su fuga antes del juicio.
A pesar de la afirmación de Villatoro de que el nuevo reglamento impide el cierre de cuentas para preservar las pruebas, el reglamento socava la autonomía de la UIF y aísla a los funcionarios contra cargos de corrupción, lo que asegura que, incluso en caso de enjuiciamiento, sus activos podrían facilitarles la fuga antes del juicio.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre lavado de dinero y delitos financieros en El Salvador, publicado en 2020, elogia al país por hacer grandes avances en la incautación de activos criminales y sus correspondientes castigos.
Pero, por el momento, el lavado de dinero, la malversación y los esquemas de soborno siguen siendo prácticas toleradas para muchos funcionarios gubernamentales y élites económicas.
