Decenas de individuos de Guatemala, Honduras y México fueron víctimas de una red transnacional de trata laboral que los llevó a Estados Unidos para trabajar en el campo bajo condiciones brutales. Este es un ejemplo de cómo las redes criminales pueden manipular los esquemas de visas de trabajo. para migrantes
Antilavadodedinero / InSightCrime
A las víctimas se les retuvieron sus pasaportes y visas, los golpearon, los amenazaron a punta de pistola con ser deportados y los forzaron a trabajar por sueldos bajos o nulos en campos agrícolas en los estados de Georgia, Florida y Texas. Además, vivían hacinados en lugares insalubres, según una acusación que fiscales del Distrito Sur de Georgia presentaron en octubre y que recientemente fue desclasificada.
Los integrantes de la red hicieron contratos con agricultores locales para buscar y reclutar a trabajadores extranjeros. Posteriormente, habrían hecho miles de peticiones falsas al gobierno de Estados Unidos –con firmas falsificadas y documentos fraudulentos– para que más de 71.000 trabajadores entraran al país a trabajar en campos agrícolas entre 2015 y 2021 mediante el programa H-2A de visas de trabajo.
Bajo este programa, los empleadores estadounidenses pueden llevar extranjeros al país norteamericano para trabajar temporalmente en la industria agrícola, siempre y cuando cumplan con «requisitos reglamentarios específicos», tales como que la contratación «no afecte los sueldos y las condiciones de trabajo de empleados estadounidenses en tareas similares».
Los fiscales mencionaron que, en algunos casos, las víctimas fueron forzadas a manualmente cultivar cebollas y solo ganaron US$0.2 por cada cubeta que llenaron. Los trabajadores incluso eran comprados y vendidos en esta red. Por ejemplo, un grupo de 30 jornaleros fueron vendidos por más de US$21.000, según la acusación. En total, se presume que la red habría generado ilegalmente más de US$200 millones con este esquema. Este dinero se ocultó con la compra en efectivo de tierras, casas y vehículos, y también se canalizó mediante casinos para presentarlo como ganancias.
«El sueño americano es una atractivo muy poderoso para personas de bajos recursos que están desesperadas. Cuando existe esta necesidad, habrá gente codiciosa que intentará explotar a los trabajadores para obtener sus propios beneficios», dijo David Estes, el fiscal federal a cargo del caso, en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
El programa de visas para trabajo temporal en Estados Unidos ha sido objeto de fuerte escrutinio por mucho tiempo. Esta reciente acusación destaca lo vulnerables que son los trabajadores migrantes frente a las redes de trata de personas.
Entre 2015 y 2020, la línea telefónica contra la trata de personas del Proyecto Polaris identificó a más de 4.800 posibles víctimas que trabajaban en Estados Unidos bajo algún esquema de visa de trabajo temporal. Es probable que estas sean apenas una pequeña parte del verdadero número de víctimas.
Según un informe publicado en febrero por el Instituto de Política Económica, «los migrantes que vienen por trabajo temporal son de los más explotados en el mercado laboral de Estados Unidos, a pesar de que estén autorizados para trabajar legalmente. Esto es porque quedan indefensos ante un empleador que tiene el control sobre el estatus de sus visas».
El programa de visas H-2A crea un severo desequilibrio de poder. El sistema, casi siempre, ata a los trabajadores con sus empleadores, lo que significa que su estatus legal para trabajar depende de que mantengan el empleo para el que fueron contratados. En ese sentido, los trabajadores son renuentes a denunciar las deplorables condiciones de trabajo, debido al miedo a perder su estatus legal y a ser deportados.
Bajo este programa, los empleadores legalmente no pueden cobrarle a los trabajadores las tarifas del reclutamiento y deben proveerles vivienda y transporte seguro. No obstante, los trabajadores migrantes suelen terminar con enormes deudas que se les imponen por su vivienda, transporte y reclutamiento. A esto se le conoce como «servidumbre por deudas» y es ilegal a pesar de ser una «práctica normalizada» dentro del sistema, según expertos consultados por InSight Crime.
Este control excesivo que tienen los empleadores sobre los trabajadores migrantes abre el camino para los abusos. Según la acusación, varias de las víctimas que fueron explotadas por la red eran forzadas a vivir con docenas de trabajadores en un pequeño tráiler que apenas tenía comida, un sistema de tuberías limitado y agua contaminada para cocinar y beber. Al menos dos trabajadores murieron debido a estos abusos.
Además, los empleadores pueden castigar a los trabajadores que se quejan al «no volverlos a contratar el próximo año o decirle a reclutadores en sus países de origen que no deberían de contratarlos para oportunidades de trabajo en Estados Unidos [es decir, los ponen en una lista negra]», según hallazgos del informe del Instituto de Política Económica.
