La confesión del expresidente catalán sobre la congregación de Pujol Ferrusola en 2014 sobre una herencia familiar oculta no se sostiene, según el juez instructor y la Sala; la ‘policía patriótica’ ya había comenzado dos años antes a investigar la fortuna del clan para frenar al independentismo.
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«Si vas segando una parte de una rama, al final cae toda la rama y los nidos que hay en ella, y después caen todas las demás». Septiembre de 2014. Las palabras de Jordi Pujol sonaron a amenaza subliminal en el Parlament.
El otrora ‘molt honorable’ compareció ante los diputados dos meses después de confesar por escrito que había ocultado dinero en el extranjero durante 34 años. «Puede ser criticado, pero no presupone que sea ilícito ni que haya salido del erario público. No he sido un político corrupto», defendió Pujol, que protagonizó un epílogo crispado y agrio a su dilatada carrera como presidente de la Generalitat (1980-2003).
La revelación de que tenía fondos en Andorra procedentes de una herencia de su padre Florenci Pujol -140 millones de pesetas en 1980, poco después de su primera investidura- nunca se sostuvo pese al denodado intento por justificarla. Ni sus antiguos compañeros del grupo nacionalista ni ahora la Audiencia Nacional, que esta semana confirmó la investigación que llevará a toda la familia Pujol Ferrusola al banquillo por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, le han dado credibilidad a la tesis del rendimiento de aquel millonario legado.
En contraposición, tanto el juez instructor de la causa, José de la Mata, como la Sala de lo Penal han resuelto de forma indiciaria que Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos han aprovechado su posición privilegiada en la vida política, social y económica catalana «para acumular un patrimonio desmedido (se estima en 290 millones de euros), directamente relacionado con percepciones derivadas de actividades corruptas». Esto es lo que deberá ahora probar la Fiscalía Anticorrupción y los investigadores policiales de la UDEF ante el tribunal juzgador.
Pero, ¿cuando se segó la primera rama que hizo caer a la «congregación» Pujol Ferrusola? La justificación de la herencia del abuelo Florenci no fue sino un desesperado intento del expresidente de colocar su relato y controlar los daños del escándalo que llevaba dos años cebándose, con la llamada ‘policía patriótica’ pisándole los talones, según se desprende del sumario del ‘caso Villarejo’.
Pino y los hombres de Villarejo
Este capítulo comienza, efectivamente, en febrero de 2012. Con la economía española exhausta tras una larga recesión, el delfín de Pujol en Convergència, Artur Mas, comenzó a negociar con el presidente Mariano Rajoy un pacto fiscal para Cataluña. Siete meses después volvieron a verse en la Moncloa. Pero no hubo acuerdo. Este desencuentro supuso el inicio de la crisis política que desembocó en el ‘procés’ secesionista de 2017.
El principal ariete que utilizó entonces el Gobierno para contrarrestar el movimiento independentista fue la ‘policía patriótica’, comandada por el comisario Eugenio Pino, jefe operativo de la Policía Nacional. Sus hombres tenían una consigna irrenunciable: «A quien levanta el dedo lo investigamos». Pino dio orden a José Manuel Villarejo para que se desplazara a Barcelona y poner en marcha la ‘operación Cataluña’.
El objetivo era conseguir información sensible y pruebas de corrupción que pudieran afectar a líderes independentistas y mermar así el poder de persuasión en la ciudadanía. En esa lista Pujol era el primer nombre. Un jaque mate al histórico expresidente sería el fin de la intentona secesionista, barruntaban en la cocina de la Moncloa.
«Esperemos que ahora nos podamos personar en la Audiencia Nacional como perjudicados por lo que le hizo Villarejo a mi familia enviado por (el exministro del Interior) Jorge Ferández Díaz», cuenta uno de los hijos de Pujol al detective Francisco Marco en el libro ‘La España Inventada’.
Villarejo puso en marcha varias líneas operativas. Captó a una examante de Jordi Pujol Ferrusola -el «capellán de la parroquia», según le llamaba «la madre superiora de la congregación», Marta Ferrusola– para que dijera lo que él quería que dijera. Y esa declaración de Victoria Álvarez, con la mediación del financiero Javier de la Rosa, sobre la ingentes cantidades dinero en metálico que movía el primogénito desde Andorra, abrió la puerta a su investigación en un juzgado de la Audiencia Nacional. Entonces dirigido por Pablo Ruz.
Entre medias llegaron los informes policiales sin membrete sobre los negocios familiares en paraísos fiscales; las notas informativas sin autor. Unos supuestos indicios que sirvieron para abrir un ‘casus belli’ contra los Pujol con el altavoz de la «pata mediática» de Villarejo. En noviembre de 2012, Álvarez recibió un mensaje de Jorge Moragas, jefe de gabinete de Rajoy: «Si dieses una entrevista y lo contases todo salvarías España». Dicho y hecho.
La otra línea de trabajo de los hombres de Pino que acabó por tirar el nido de la «congregación» estaba en Andorra: los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la Banca Privada del Principado (BPA). Los informantes de Madrid les presionaron para que facilitaran datos sobre las cuentas de los Pujol Ferrusola.
Su resistencia no tuvo efecto. Y en marzo de 2015 se consumó el plan: las autoridades andorranas deciden intervenir BPA tras un informe del Departamento del Tesoro de EE UU que le acusaba de canalizar dinero del crimen organizado. El secreto de los Pujol se había revelado definitivamente. Su desmedido patrimonio ilícito, según el juez, había quedado al descubierto.
