Un intendente ambicioso, un viceintendente bien conectado, policías corruptos, un juez deshonesto y mucha marihuana. Esta es la historia de Itatí, la ciudad tranquila que pasó de ser centro religioso a escala clave en la autopista de la marihuana en Argentina, con un intendente que contribuyó a que todo eso pasara.
Antilavadodedinero / InSightCrime
Terán era el intendente de Itatí, una pequeña población de unos 9.000 habitantes en el extremo norte de la provincia de Corrientes, en las riberas del río Paraná. En la otra orilla del río está Paraguay, el principal productor de marihuana de Latinoamérica y, dependiendo de a quién se le pregunte, la fuente de las penas o del poder de Terán.
Era el 3 de abril de 2017. Solo un par de semanas antes, unos 700 agentes de la Gendarmería argentina habían entrado por sorpresa a Itatí. El “Operativo Sapucay”, como se le llamó, no tuvo nada que envidiarle a una película taquillera de acción. Un escuadrón especial ejecutó 43 cateos en distintas residencias, donde hallaron drogas, armas, teléfonos y efectivo en varios tipos de divisas. Arrestaron a 15 personas sospechosas de hacer parte de una sofisticada organización criminal.
Terán era uno de ellos, acusado de ser la ficha política más importante de una organización criminal transnacional que usaba el municipio como centro de operaciones para mover toneladas de narcóticos cada año desde Paraguay hasta la capital argentina, Buenos Aires, y otras ciudades.
Lógicamente, la historia llenó las portadas de los tabloides en Argentina. Y por esa razón Terán apareció llorando y declarándose inocente.
“No soy nadie en todo este asunto. Solo soy un intendente sin poder real en esos asuntos, pero confío en que la justicia prevalezca”, declaró a America TV, bañado en lágrimas.
Ciudades pequeñas, redes grandes
Itatí era conocida tradicionalmente por su imponente basílica en el centro de la ciudad, donde se rinde culto a la Virgen de Itatí. La basílica convirtió la pequeña ciudad fronteriza en un punto clave en el mapa religioso de Argentina. Cada año a Itatí llegan multitudes de viajeros de visita al santuario, un peregrinaje anual que solo se redujo por la pandemia de coronavirus.
Pero Itatí también tiene una reputación menos atractiva por su participación en la autopista de los narcóticos en Argentina. La ciudad es uno de los muchos lugares por donde ingresan drogas ilegales a Argentina, que es uno de los mayores mercados de consumo de estupefacientes del mundo, así como una activa ruta de tránsito de parte de la cocaína en dirección a Europa y otros destinos.
Mucha parte de esas drogas llegan por Paraguay. Argentina y Paraguay están separados por los ríos Paraguay y Paraná. Las autoridades alegan que el tráfico de droga por los ríos es poco o nulo, pero la falta de vigilancia en las aguas que separan las riberas de los ríos en ambos países hace que sea relativamente fácil pasar cualquier cosa.
Y los traficantes así lo hacen, llevando desde ropa hasta artículos electrónicos y cigarrillos de contrabando. Muchos periodistas y expertos entrevistados en ambos países afirman que se pasan enormes cantidades de narcóticos por esas vías fluviales, navegables durante todo el año. De hecho, los decomisos en Europa indican que grandes cargamentos de cocaína han salido de Asunción, moviéndose a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná para zarpar desde los puertos de Buenos Aires o Montevideo.
Más hacia el oeste, en la frontera con Bolivia, el tráfico de cocaína es aún más prolífico. En Salta, a lo largo de la llamada frontera seca, la familia Loza comenzó a mover pequeñas cantidades de cocaína en los ochenta. Una década después, los Loza eran mayoristas en Buenos Aires, y para la década de 2000, habían empezado a llevar cocaína a Europa en buques mercantes usando el método de “gancho ciego”, introduciendo los narcóticos en contenedores sin complicidad de los altos oficiales de los barcos.
Junto a ellos estaba el Clan Castedo. Los Castedo compraron tierras a ambos lados de la frontera seca de Salta en la zona de Salvador Mazza y traficaban droga hasta las tierras de su propiedad. Delfín Castedo, el líder del clan, llamado el “jefe” de las fronteras por los medios, presuntamente era dueño de hasta 25.000 hectáreas solo en la parte argentina. Al igual que los Loza, los Castedo terminaron pasándose al trasiego de cocaína hacia Europa. Varias fuentes insistieron en que el grupo no era el dueño de la mercancía, sino que eran contratados por narcos asentados en Europa.
Al igual que Itatí, Salta ofrecía el escenario perfecto para que estos clanes desarrollaran todo tipo de tráfico. El cruce fronterizo de Aguas Blancas, en el municipio de Orán, es un hervidero de contrabando, donde grandes porciones de la población obtienen su sustento de las economías ilegales. Hasta la tercera parte de los residentes pueden vivir del contrabando, según estimaba un fiscal local en 2017.
Agentes antinarcóticos argentinos declararon que los narcóticos se trafican por tierra pasando por las zonas de frontera seca de Aguas Blancas y Profesor Salvador Mazza en Salta, y, en menores cantidades, en la vecina provincia de Jujuy. Añaden que la cocaína también se transporta en grandes volúmenes por medio de entregas aéreas en una zona que cubre el sur de Salta y la parte norte de la vecina provincia de Santiago del Estero.
A lo largo de la frontera noreste, es más común el tráfico de marihuana. Un reportaje reciente publicado por La Nación señalaba que los operadores de carga reciben hasta US$10.000 por pasar la marihuana por las vías fluviales. En Argentina, donde el consumo de marihuana casi se ha duplicado en los últimos 20 años, puede decirse que este alcaloide es más lucrativo que la cocaína.
No es sorprendente entonces que alrededor del 20 por ciento de la marihuana ilegal producida en Paraguay se lleve a Argentina, y gran parte de ella pasa por poblaciones como Itatí. A lo largo del río, una serie de islotes dispersos a lo largo de los cerca de tres kilómetros que separan ambas orillas constituyen convenientes puntos de escala a lo largo del trayecto. Pero al llegar la droga a Argentina, se necesitan puntos de almacenamiento y otras redes de transporte. Ahí, afirman los investigadores judiciales, es donde entran en escena los políticos y burócratas locales.
La red de Itatí
Quizás lo más llamativo de Natividad Terán es que, hasta el día de su arresto, nunca fue especialmente notable. Antes de lanzar su carrera política como concejal —un punto de entrada para los políticos de ciudades pequeñas en Argentina— este hombre de 54 años, oriundo de Paraguay y nacionalizado argentino, era dueño de una ferretería local.
“Las figuras políticas de las ciudades pequeñas cerca de la frontera con Paraguay siempre están bajo sospecha, pero no había nada en particular que apuntara a Terán. Era una figura anodina hasta que todo esto sucedió”, comentó un exfiscal del caso.
Sus doce años como concejal de la ciudad en representación de una facción política peronista durante la administración de César Torres era también de lo más ordinario. Torres, que militaba por el partido Nuevo (PANU), de centro-derecha, fue intendente de Itatí por más de dos décadas y dominó la escena política local.
Pero Terán, a quien se conocía más por su apodo de “Roger”, tenía ambiciones más altas, aunque no lo demostrara. Y así, antes de las elecciones municipales de septiembre de 2013, negoció una coalición con el PANU y otro partido, Crecer con Todos, para que apoyaran su candidatura a la alcaldía, la cual ganó con más del 50 por ciento de la votación.
Entonces se dispuso a trabajar con sus nuevos colegas. Uno de ellos era Fabián Aquino, de Crecer con Todos, a quien designó viceintendente. Los dos eran cercanos, dijeron posteriormente los investigadores, y eventualmente se convertirían en las piedras fundacionales del esquema de narcotráfico. (Aquino, por su parte, alegó que Terán le prometió cierto grado de participación política que nunca se materializó y que “apenas si hablaban”).
Las autoridades dijeron que Terán también se acercó a Luis Saucedo, inspector de policía, a quien la gente se refería como “El Gordo”. Saucedo había comenzado a trabajar con el Ayuntamiento en 2012, en la administración de Torres. Y para cuando Terán llegó a la alcaldía, Saucedo ya tenía fama de tener conexiones con el narcotráfico. Aun así, Terán lo mantuvo en su cargo, tal vez porque él era la mente maestra logística de la parte argentina de la red.
De hecho, los investigadores dicen que fue la red de Saucedo la que se extendió a Paraguay. Allí, según un testigo anónimo, que habló con los fiscales argentinos, el inspector de policía trabajaba muy de cerca con Hugo y Ariel Arce, hermanos que transportaban marihuana en camión desde el norte de Paraguay hasta la ciudad de Ayolas, río arriba de Itatí.
Era allí donde Federico Marín, llamado la “Morenita” por un tipo de carnada para pesca, muchas veces tomaba el control. Marín era célebre por su conocimiento del río Paraná y por la alta calidad de la marihuana que entregaba a sus clientes. Llevaba las drogas a Itatí, muchas veces en lanchas rápidas.
“Tienen todo arreglado con la gente, desde la guardia costera, la gendarmería y la policía federal y local. Cargan [las lanchas] hasta a 100 metros de la Guardia Costera”, declaró un testigo.
La marihuana que llegaba a Itatí se almacenaba en graneros, donde la red contaba con las autoridades municipales para ocultarla y luego transportarla. Saucedo, por ejemplo, coordinaba las operaciones directamente con Terán, quien a su vez pasaba las órdenes a su viceintendente, Fabio Aquino.
A su vez, Aquino era el enlace con el jefe de la policía local Osvaldo Ocampo Alvarenga, quien, según los expedientes judiciales, trabajaba al menos con dos miembros de la Policía Federal argentina destinados a Corrientes. En ocasiones, estos hacían trabajos por su cuenta —alegaron posteriormente las autoridades—, robando droga a grupos traficantes y revendiéndola.
Con poca oposición en la ciudad, con excepción del cura local, a quien obligaron a exiliarse por amenazas de muerte, encontraron poca resistencia. El dinero corría a manos llenas y se inyectó en la economía local por medio de concesionarios automotrices y carreras de caballos. Incluso se empleaba a niños como vigías, mientras los padres no se enteraban o hacían como si no supieran.
Las estrechas conexiones familiares también le dieron eficiencia a la red, pues garantizaban lealtad y comunicaciones ágiles. “Pescado” era una palabra en código para designar la marihuana. Usaban diferentes especies para indicar la calidad de las drogas. La “llave maestra”, señalaron los fiscales federales a InSight Crime, eran sus conexiones en los altos rangos de la rama judicial.
De hecho, si algo salía mal, tenían al menos un juez trabajando para ellos. El juez Carlos Soto Dávila llevaba más de dos décadas llevando casos de narcotráfico en la provincia. Este, y dos de sus secretarios y cinco abogados que representaban a clientes señalados por narcotráfico, negociaban las dilaciones en las investigaciones o reducían las sentencias a cambio de pagos, según alegan los fiscales.
Las autoridades, por ejemplo, dicen que Soto Dávila ayudó a Saucedo a liberarse de procesos judiciales en varias ocasiones. También identificaron una anomalía en las estadísticas: el considerable número de decomisos no coincidía con el bajo número de capturas. Uno de los abogados que se creía que actuaba como intermediario entre el juzgado y los grupos criminales, y que se ha convertido en testigo clave del caso, dijo que muchas veces se les pidió que “cobraran dinero para el viejo” a otras personas, entre las que se encontraban miembros de la organización de Terán.
Posteriormente, relataron las autoridades, la marihuana salía de la ciudad y era transportada al menos a siete puntos de distribución en toda Argentina, entre ellos centros importantes de consumo y distribución, como Rosario y las villas miseria de Buenos Aires. En total, los investigadores estiman que la red movía hasta 15 toneladas de marihuana al año por valor de millones de dólares.
¿Un ‘Don Nadie’?
Fue en Buenos Aires donde a los investigadores les llegó el rumor de la red. Sucedió cuando estaban rastreando el origen de la marihuana que vendían tres mujeres en una zona venida a menos, conocida como Villa Zavaleta. Les interceptaron los teléfonos, que inicialmente los llevaron a varios mayoristas pequeños. Poco después, las autoridades detuvieron a las mujeres. Las capturas y las interceptaciones terminaron guiándolos a la red mayor.
El líder, afirman las autoridades, era Carlos Alberto Barreiro, convicto narcotraficante que trabajaba desde su celda en El Chaco. Las autoridades agregan que los lugareños lo llamaban “El Patrón”, un homenaje a una persona que describían como “el Pablo Escobar de Itatí”.
La conexión de Barreiro con el Ayuntamiento de Itatí era personal. La hermana del viceintendente Aquino, María Emilia Aquino, tenía dos hijos con Barreiro. Más adelante, Aquino se defendió diciendo que la pareja se había separado, y él rompió todo contacto con Barreiro. Pero en cierto punto, la hermana consiguió un préstamo para comprar un cargamento de drogas, dijeron las autoridades posteriormente.
El cargamento, dijeron, cayó en manos de las autoridades, y la hermana quedó debiéndole al grupo criminal por las drogas perdidas y por el préstamo.
“No estoy metido en nada raro y tampoco ella”, declaró Aquino ante los jueces, en referencia a su hermana. “Muchos de estos problemas pasan porque yo quería ser intendente. Usé ayuda de todo el mundo, pero nunca hice nada ilegal”.
El hermano de Aquino, Hernán, también tenía conexiones con la red. Fue detenido por narcotráfico, pero el juez Soto Dávila lo liberó. Una de las otras hermanas de Aquino también estaba conectada con la red. Agente de la policía local, ella era presuntamente responsable de alertar a los narcotraficantes sobre operativos sorpresa o de retenes en la carretera.
Pero la participación de Terán en la red aún es tema de debate. Algunos califican a Terán de peón en el esquema, y más adelante se hizo famosa su frase en televisión cuando aseguró que él era “un Don Nadie”.
“Era una organización grande, de eso no cabe duda”, dijo a InSight Crime un exfiscal de Corrientes, quien habló bajo condición de anonimato, pues no estaba autorizado para hablar sobre el caso. “Las armas a las que tenían acceso y el tipo de lanchas que usaban. Eso muestra el poder que tenían. Terán, la policía, el juez. Eran apenas fichas de esa red, y pagaban por sus favores”.
Pero los fiscales alegan que Terán era parte importante del grupo, pues les ofrecía protección desde lo alto para sus actividades, así como conexiones con diferentes partes de la red. Las autoridades también indican que Saucedo financió la campaña de Terán con dinero del narcotráfico.
Más aún, parte de la familia de Terán también estaba vinculada al complot, incluidos su hija y su yerno. La investigación en torno a ellos dos se abrió en 2014, luego de que se encontraran 188 kilos de marihuana en su auto abandonado después de dejar atrás a las autoridades en una persecución cerca de Itatí. Ambos dijeron que les habían robado el auto y que las drogas halladas no eran suyas.
Pero las relaciones entre los dos se hicieron tensas en los meses siguientes. Las autoridades lo supieron porque estaban monitoreando sus comunicaciones. “Yo puedo hundir a tu familia”, le dijo él en alguna ocasión por teléfono, “porque sabemos de dónde viene la plata”.
Lo cierto es que las autoridades señalaron que la pareja tuvo dificultades para explicar por qué tenían varias camionetas SUV y hasta US$60.000 en joyas en su casa. Y el 14 de febrero de 2017, la hija y el yerno de Terán fueron puestos bajo custodia.
Una semana después, Hernán Aquino fue detenido nuevamente, esta vez después de que él y la hermana de un concejal local fueran sorprendidos en una carretera con 500 kilos de marihuana.
El cerco se estaba cerrando.
El ‘Operativo Sapucay’
Hacia las 5 de la madrugada del 14 de marzo, aprovechando la oscuridad, los primeros escuadrones de la gendarmería entraron a Itatí. Instalaron un centro de comunicaciones a la entrada de la ciudad y comenzaron a buscar testigos civiles en los barrios, donde realizaron más de dos docenas de allanamientos y decomisos de manera simultánea.
A las 6 a.m., los escuadrones entraron a 32 viviendas. En total, el operativo contó con la participación de más de 700 gendarmes. El botín fue monumental: motocicletas, lanchas, autos, camiones, drogas, armas y 70 detenidos, incluidos el intendente Terán, su viceintendente Fabio Aquino, y el jefe de policía Ocampo Alvarenga. Además, la gendarmería halló paquetes de marihuana en una celda de la prisión local y en el escritorio de Ocampo Alvarenga. Los tres fueron acusados de diferentes delitos relacionados con narcotráfico.
Otros evadieron la captura inicialmente. Aunque había una orden de captura de Interpol y una gran recompensa por información sobre su cabeza, las autoridades tardaron más de dos años para hallar a Saucedo en la ciudad de Pilar, Paraguay, donde lo arrestaron en septiembre de 2019. De inmediato lo extraditaron a Argentina, donde ahora enfrenta cargos que incluyen narcotráfico internacional, lavado de dinero y falsificación de documentos.
Lo más irrefutable en el caso contra Saucedo era su patrimonio. Aunque como empleado municipal el salario de Saucedo era de 10.000 pesos argentinos mensuales (cerca de US$1.000 en la época), según su esposa, era dueño de 23 autos de lujo y tres propiedades, entre otros activos.
Marín también evadió a las autoridades durante años. Pasó a la clandestinidad antes de los primeros operativos en Itatí en 2017, y las autoridades necesitaron más de dos años y una intensa búsqueda por todo el país para encontrarlo. Al fin lo atraparon en octubre de 2018, cuando volvió a Itatí a visitar a sus cinco hijos y a su esposa, quien se encontraba en arresto domiciliario pagando su sentencia por narcotráfico.
Soto Dávila al comienzo alegó ser inocente y dijo que los cargos en su contra era un ataque político. Pero renunció cuando aumentó la presión a su alrededor y después de que se le imputaran cargos en febrero de 2019. Ahora espera su juicio junto a sus dos secretarios y los cinco abogados que trabajaban como intermediarios.
El Operativo Sapucay fue uno de los muchos que lograron desintegrar varias redes de tráfico establecidas en las fronteras argentinas en ese mismo periodo de tiempo. En julio de 2016, las autoridades capturaron a Delfín Castedo, el capo del Clan Castedo. A ese le siguieron otros arrestos de miembros importantes de la organización.
En diciembre de 2018, las autoridades atacaron numerosos escondites y propiedades del clan Loza, y detuvieron a cuatro jefes del clan. Y en septiembre de 2019, las autoridades hicieron un decomiso récord de 800 millones de pesos argentinos (más de US$13 millones), 45 edificios y 30 vehículos solo en Argentina, de propiedad de los Loza.
La interminable lucha en la frontera
Las autoridades de Argentina ven estas operaciones como triunfos en la larga lucha del país contra el narcotráfico —un ejemplo de los resultados que se obtienen de las investigaciones de largo aliento y de la coordinación eficiente entre instituciones gubernamentales—. De hecho, la fiscalía general del país informó que ya se ha dictado sentencia a 40 acusados en la causa de Itatí, y que otros 36 esperan su juicio. Esto incluye a Barreiro, acusado de ser uno de los líderes de la organización.
Pero aún quedan muchas batallas.
“El caso de Itatí es sin duda solo la punta del iceberg”, afirmó el exfiscal del caso en entrevista con InSight Crime. “La red de conexiones entre políticos, fuerzas de seguridad y narcotraficantes tiene mucha historia y seguirá existiendo. Pueden cortarse algunas cabezas, pero enseguida aparecen otras. Mientras alguien tenga dinero y control territorial y el otro necesite fondos de campaña y votos, esas relaciones seguirán”.
Sin embargo, es posible que las organizaciones criminales estén haciendo algunos leves ajustes. Alfredo Zacarías, periodista que lleva más de 30 años investigando temas de seguridad en Corrientes, señaló que los traficantes están usando más la clandestinidad, con el trasiego de drogas, por ejemplo, aprovechando las horas de oscuridad en lugar de hacerlo de día como anteriormente.
El control de las vías fluviales es extremadamente difícil en cualquier momento, en especial por los limitados recursos a disposición de las autoridades. Zacarías también opina que, aunque se desmanteló la organización en Itatí, el negocio continúa.
“El problema es que cuando ellos [las autoridades] desmantelan una organización, los grandes capos se mueven a otra zona, donde encuentran nuevos aliados, así que el negocio continúa”, comentó. “Itatí no es la excepción. Desde el ‘Operativo Sapucay’, todos dicen que no hay drogas en Itatí, pero no es cierto. Es simplemente que la dinámica cambió”.
Como respaldo a la tesis de Zacarías, se observa que las redes paraguayas siguen muy operativas. Y clanes como Los Castedo presuntamente mantienen sus operaciones desde la prisión. Más aún, en Itatí se siguen decomisando volúmenes récord de marihuana, incluso durante el confinamiento derivado de la pandemia.
