El convoy de cuatro coches levanta una nube de polvo en las carreteras de tierra de Minas Gerais, a dos horas de viaje de la pequeña ciudad de Araxá.Brasil. Unos quince inspectores y fiscales del Ministerio Público del Trabajo (MPT) recibieron una denuncia por trabajo esclavo y se dirigen a una plantación de ajos.
Antilavadodedinero / Contrainformacion
En cuanto llegaron al lugar indicado, los miembros del Grupo Móvil contra el Trabajo Forzoso de Minas Gerais se dispersaron rápidamente. Cada uno de ellos se dirigió a un grupo de trabajadores para recopilar toda la información posible antes de que el director pudiera ejercer cualquier presión.
Rápidamente, la denuncia parece estar justificada. Doce horas al día, al ritmo del ruido de las tijeras, más de 80 personas trabajan bajo un sol abrasador. Pagados sólo según el rendimiento, la mayoría de ellos reduce apenas reduce el ritmo para responder a las preguntas.
Lukas, en chanclas y con guantes de goma, se queja de las condiciones de trabajo. «Aquí no nos apoyan, tenemos que comprar el equipo de protección, las tijeras de podar para trabajar y lo que necesitamos para mantenerlas. Sólo proporcionan guantes y máscaras, pero hace mucho tiempo que no nos dan nada. Se confeccionó una protección en el muslo con una chancla usada para evitar cortarse. Como los demás, apenas se lo puede identificar, ya que está cubierto de pies a cabeza con ropas terrosas que lo protegen del sol.
Aquí no hay guardias armados para evitar la fuga. «Todavía hay algunos intentos de fuga, pero cada vez son más excepcionales», explica Luiz Antonio Rocha, uno de los miembros más experimentados del equipo de inspección, que trabaja sobre el terreno desde 1995, año en el que el gobierno lanzó la lucha contra la esclavitud contemporánea. «Al principio, nos centramos en los casos más extremos y dio resultado. En la actualidad, el trabajo forzoso contemporáneo ha evolucionado.”
Aunque muchos quieran fugarse, no es tan fácil hacerlo. A menudo la mano de obra viene de lejos, de las regiones más pobres, y el empresario la va a buscar.
Al igual que Claudirney, todos vienen de una pequeña ciudad del norte del estado, a 1.000 km de distancia. Y el jefe se niega a pagar el viaje de vuelta. «No hay empleos en nuestra región y para encontrar trabajo, tenemos que ir lejos. Normalmente, con las otras empresas, tenemos derecho a volver a casa cada 40 días, pero aquí llevamos más de 120 días bloqueados». Muchos no disponen dinero ya que les pagan con cheques y les resulta imposible convertirlos en efectivo en la pequeña ciudad donde se encuentran sus barracones, a menos que paguen una comisión astronómica.
Gabriel, el responsable del sitio, dice estar sorprendido, y aunque habitualmente está de mal humor, quiere mostrar su buena voluntad ante la demostración de fuerza de las autoridades. «Estaba convencido de que todo estaba en orden. Si estamos en falta, es porque no sabíamos y estamos dispuestos a rectificar nuestros errores.»
En Brasil, la legislación es muy amplia y el artículo 149 del Código Penal permite definir el trabajo forzoso como restricción de la libertad, servidumbre por deudas, pero también si las condiciones de trabajo son degradantes o las jornadas son agotadoras.
Aquí, los trabajadores están hacinados en una habitación con unas diez personas en condiciones precarias. El lugar es pequeño y húmedo, sin ventilación. Muy pocos están vacunados contra el Covid-19 porque si van a un dispensario, pierden un día de salario.
Los que no pueden trabajar tienen que arreglárselas por sí mismos para comer y son dejados a su suerte por el empleador. Ronaldo llegó aquí en abril y está físicamente agotado. «Me dañé la columna vertebral y no quisieron llevarme al hospital ni facilitarme medicamentos. Así que compro permanentemente paracetamol. El dolor se alivia durante cierto tiempo y luego vuelve…»
Trabajadores esperan mientras los inspectores efectúan su trabajo. Finalmente, serán liberados gracias a la inspección laboral. 11-2021
Joseymar, con voz temblorosa, dice que perdió unos diez kilos desde que tuvo el accidente de trabajo. «El jugo de la planta me quemó el pie y se infectó, explica, mostrando fotos de dos grandes ampollas que se convirtieron en dos llagas amarillentas abiertas. Estuve en cama durante 12 días. Los compañeros me traían de comer…».
La mayoría de los trabajadores son jóvenes como él. «Los mayores no soportan mucho tiempo en estas condiciones, el cuerpo se agota, ya no pueden trabajar y se vuelven dependientes», suspira Marcos, uno de los inspectores de trabajo presentes.
Ante la magnitud de los hechos, los inspectores decidieron llevar a todos a un hotel. Alivio general entre los trabajadores. Habrá que recoger pruebas más detalladas, negociar la indemnización con el empresario y enviarlos a sus casas lo antes posible.
Al final, la empresa tendrá que pagar 4.500 reales (718 euros) por empleado por daños morales. También tendrán derecho a tres meses de seguro por desempleo, como cualquier persona rescatada en situación de trabajo forzoso.
Pero, sin un programa de reinserción financiado por el Estado, las personas rescatadas pueden verse nuevamente atrapadas. Sin embargo, para los inspectores, la lucha contra estas formas de explotación debe continuar para limitar los abusos.
«Nuestro pasado de esclavitud influye en la situación actual, pero también son las desigualdades sociales y el empobrecimiento asombroso de una parte de la población los que hace que esta plaga social esté tan presente en Brasil», explica Paulo Veloso, fiscal del Ministerio Público de Trabajo (MPT) que participa en la operación.
Los efectos de la pandemia son aún difíciles de medir, pero ésta precarizó todavía más a los brasileños más vulnerables, aumentando así el riesgo de que sean nuevamente esclavizados: en el campo, donde se concentra el 78% de los casos, pero también en las ciudades, donde la esclavitud está muy presente en la construcción, en la industria textil y en el trabajo doméstico.
Lejos de todo y sin salario
En diciembre de 2020, una trabajadora doméstica fue rescatada tras 38 años de servidumbre en la localidad de Patos, de Minas, a 150 km de Araxá.
Al día siguiente de la primera operación, el equipo [de inspectores] salió tras otra pista. Después de varias horas de búsqueda de un horno de carbón, localizaron el objetivo. En medio de los hornos apagados, Seu Severino, completamente negro por el hollín, guarda unas bolsas de carbón al abrigo ante una probable tormenta.
Él y su compañero vinieron a trabajar por tres días, pero su jefe los abandonó durante más de un mes en un local en ruinas. Lejos de todo y sin sueldo, Seu Severino se esforzaba en su trabajo, con la esperanza de convencer al patrón de que los llevara de vuelta a casa.
Cuando los inspectores llegaron, Seu Severino ponía bolsas de carbón al abrigo ante la inminencia de una tormenta. 11-2021
Una vez más, la operación se desarrolló sin problemas. Dos guardias de seguridad de la MPT y tres policías seguían de cerca al equipo de inspectores.
Sin embargo, la situación puede ser peligrosa, explica Paulo Veloso. «Es una actividad riesgosa, a veces nos atacan. En Minas Gerais, cuatro inspectores de trabajo y su chofer fueron brutalmente asesinados en 2004. Y últimamente, la gente reacciona de forma mucho más agresiva frente a nuestras intervenciones.»
Para él y sus compañeros, las sucesivas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en las que resta importancia a la gravedad del trabajo forzoso y critica las operaciones de control aumentan la tensión sobre el terreno. Apoyado por el todopoderoso lobby del agronegocio y la bancada ruralista, su prolongación en el parlamento, el presidente brasileño se burla regularmente de una legislación en la que, según él, basta con «que las sábanas estén sucias» o «no haya baños» para ser penalizado.
En cambio, defiende los beneficios del trabajo infantil, cuando una propuesta de enmienda a la Constitución, la PEC18, pretende rebajar la edad legal de trabajo. En términos más generales, es toda la legislación laboral la que se está deshaciendo desde la gran reforma de 2017.
«Algunos parlamentarios tratan de cambiar la legislación o hacer más difícil nuestro trabajo», asegura Luiz Rocha. El predecesor de Bolsonaro, Michel Temer, había lanzado un ataque frontal con un decreto que, en la práctica, ponía fin a la lucha contra la esclavitud contemporánea. Pero tuvo que dar marcha atrás ante la presión internacional.
El gobierno de Bolsonaro, en cambio, está haciendo un trabajo de sapa más discreto. «Cada vez es más complicado, la administración federal pone trabas burocráticas internas, recorta los presupuestos constantemente… Todos los días tenemos que luchar para poder hacer nuestro trabajo, incluso para tener vehículos disponibles», se lamenta Luiz Rocha. Esta lucha es ahora competencia del Ministerio de Economía, menos accesible para los inspectores.
En Minas Gerais, la cantidad de personas rescatadas se mantiene estable, pero disminuye en el resto del país. En 2013, se realizaron 299 operaciones en Brasil, frente a sólo 88 en 2017 con Michel Temer en el poder, y 45 en 2019, tras la elección de Jair Bolsonaro.
Cada vez hay menos inspectores de trabajo. De los 3.644 puestos existentes, más de 1.500 no están cubiertos Los que se jubilan no son sustituidos y no hay ninguna contratación prevista por el momento. Sin embargo, su trabajo es reconocido a nivel mundial: desde 1995, consiguieron liberar a más de 55.000 personas.
