En 2024 se señaló a la deforestación como uno de los grandes desafíos ambientales de América Latina y el Caribe. A principios de año, entre enero y febrero, Argentina, Chile y Colombia fueron una señal de alerta entre los países de la región por los incendios que destruyeron bosques cercanos a las zonas urbanas.
Semanas después, el 5 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a expresar preocupación por el nexo entre el crimen organizado vinculado al tráfico de drogas, los crímenes medioambientales y “delitos convergentes” como el soborno, la extorsión y los asesinatos de líderes indígenas y defensorxs del territorio.
Sumado a las observaciones de la ONU, el 10 de junio, la Red Investigativa Transfronteriza de Ojo Público informó que en Perú, Colombia y Bolivia se registra una mayor expansión de cultivos ilegales en zonas protegidas y que en las fronteras de Chile y Panamá la tala ilegal se relaciona con nuevos métodos para la exportación de cocaína a Europa. Mientras tanto, en México, periodistas investigan cómo la deforestación en las sierras del Chichinautzin, Zempoala, Ajusco y las Cruces se vuelve un factor relevante en la crisis hídrica del país.
América Latina atraviesa por un fenómeno llamado narcodeforestación.
El término ‘narcodeforestación’ es relativamente nuevo; su uso se popularizó entre 2016 y 2017. Sin embargo, especialistas de la Universidad de Oregón subrayan que la deforestación causada por grupos delincuenciales (cárteles, esencialmente) se denunció como problemática desde principios de los 2000 y causó mayor preocupación a partir de 2006.
De acuerdo con un estudio realizado por la geógrafa Kendra McSweeney, al principio del milenio y hasta 2014 los focos rojos de la narcodeforestación eran Honduras, Nicaragua y Guatemala. Según el centro y medio de comunicación Insight Crime el cambio en las políticas de seguridad y antidrogas del gobierno de Felipe Calderón (2006) y la reconfiguración de los cárteles de Sinaloa, el Golfo, Juárez y la Familia Michoacana en México provocaron que los territorios de América Central y el Caribe se convirtieran en nuevas rutas para el narcotráfico.
Con la declaración de la guerra contra las drogas y el apoyo que esta recibió por parte del gobierno de Washington, los grupos delincuenciales se movieron al Triángulo Norte de Centroamérica causando significativos incrementos de los niveles de inseguridad en El Salvador, una mayor presencia del Cártel de Los Zetas en Guatemala y la instalación de centros de logística y pistas clandestinas de aterrizaje en Honduras, para extender el dominio del Cártel de Sinaloa.
México: narcodeforestación e industria aguacatera
“Pero la relación entre el crimen organizado y la deforestación no es uniforme a lo largo de la región”, distingue Insight Crime. En México, por ejemplo, la tala ilegal, que es una de las actividades económicas con crecimiento acelerado, se relaciona con el cultivo de aguacate. El país azteca es el líder mundial en la producción y exportación de este fruto. En 2021 la relación comercial con Estados Unidos, importador del 81% del aguacate, generó 2.800 millones de dólares y en marzo de 2024 el valor de la venta internacional aumentó un 46%.
La relevancia del llamado “oro verde” y la corrupción han provocado que grupos delincuenciales en el oeste de México se interesen en actividades relacionadas con el aguacate. Como bien lo muestra el documental El guardián de las monarcas, en estados como Michoacán la tala y quema de los bosques se relaciona con la instalación de huertos ilegales en los que además de limón, chile serrano y jitomate, se cultiva aguacate. Según la investigadora Itzel De Haro López (Universidad de Wisconsin), los cárteles también obtienen ingresos de la industria aguacatera a través del robo y extorsión a productores, empacadores y transportistas.
Siembra de coca y deforestación: una agenda de más de 30 años
En Colombia, Perú y Bolivia, el común denominador de la narcodeforestación es la coca, considerada “un indicador para el deterioro ambiental”. Sumado al cultivo, para el procesamiento de un kilo de cocaína se necesitan más de 300 litros de gasolina, además de sustancias como el ácido sulfúrico y el queroseno, que repercuten en la contaminación del agua, la degradación del suelo y afectaciones a la salud de al menos 189 especies (entre ellas el mielero de pecho rojo, el murciélago de nariz amplia, la rana arlequín y los cangrejos).
Si bien en 2011 estudios como el de la ecologista Liliana M. Dávalos informaron sobre un declive en la demanda estadounidense de cocaína, Colombia no ha frenado esta problemática que se acentuó en la década de los 90 y se dinamizó entrado el nuevo milenio, sobre todo en Putumayo, Norte de Santander, Antioquia, Caquetá y Guaviare .
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en la última década hubo un incremento significativo de la deforestación a causa de la siembra de coca. Entre 2005 y 2014, sólo el 6% de la pérdida de los bosques estaba relacionada con este factor. Para 2018 fue del 46%.
Sumado a ello, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia ha señalado que al menos el 47% de la siembra de coca está en las llamadas zonas de manejo especial. Es decir: Parques Nacionales Naturales (PNN), reservas forestales, resguardos indígenas y en tierras de Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras.
En complemento, la agencia de la ONU identifica a los bajos desarrollos municipales, la cercanía a las redes hídricas y la desigualdad en la distribución de la tierra como factores relevantes en la prevalencia y el crecimiento del sistema productivo cocalero. Entre 1998 y 2023, Colombia perdió “de forma irreversible 7 Millones de hectáreas de bosques naturales con una tasa anual de pérdida cercana a las 310 mil hectáreas”, según la organización Elementa DDHH. En este país el fenómeno de la deforestación provocada por la siembra ilícita de coca también encuentra un componente histórico: el conflicto armado.
Mientras tanto, en Perú, especialistas han mostrado gran preocupación por la situación en la que se encuentra Callería. Acorde a datos de la Red Investigativa Transfronteriza de Ojo Público, en este distrito de Ucayali el cultivo de coca incrementó siete veces en un periodo de cuatro años; pasó de 1.047 en 2018 a 7.846 hectáreas en 2022. Por su parte, en Bolivia la siembra de coca se ha registrado en 6 de las 23 áreas protegidas. El caso más grave es el del Parque Nacional Carrasco, en Cochabamba, que representa el 51% de los cultivos de coca en áreas protegidas.
Cuando la deforestación de reservas naturales también se relaciona con la ganadería y minería ilegal
En 2023, la ecologista Liliana Dávalos solicitó ampliar el análisis de la deforestación en países como Colombia, pues este fenómeno ya no solamente debe tomar en cuenta el cultivo de coca. “La gran parte de la deforestación se debe al acaparamiento de tierras, de la conversión de bosques en pastizales para el ganado. No de la coca”, comentó en una entrevista para El País.
Desde hace poco más de 10 años, casos como el de Petén, departamento guatemalteco azotado por la violencia de Los Zetas, empezaron a demostrar que la narcodeforestación también estaba ligada a la construcción de pistas de aterrizaje y, sobre todo, a las fincas ganaderas.
Tal y como lo documentó Insight Crime en 2022, el involucramiento del crimen organizado en la actividad ganadera representa una amenaza para las reservas naturales y los territorios indígenas de Nicaragua, Honduras y Guatemala. La industria ganadera ilícita aprovecha el tráfico global de la carne de res y, a su vez, los grupos delincuenciales ven un campo de oportunidad para el control territorial y el lavado de dinero.
La incursión en esta actividad económica primaria también permite que los narcotraficantes establezcan relaciones con empresarios cárnicos, grandes ganaderos y funcionarios que: “facilitan el blanqueo del ganado introduciéndolo en la cadena de suministro legal”, según Insight Crime. Conforme a las investigaciones también se sabe que cerca del 70% de las 1.3 millones de hectáreas deforestadas en Centroamérica se destina al ganado.
En los últimos 35 años, esta zona del continente (especialmente Guatemala) también se ha convertido en un punto estratégico para el contrabando de ganado a estados como Tabasco y Campeche, en México. Aunque es menos rentable que el tráfico de drogas o de madera, cárteles mexicanos han encontrado en la ganadería ilícita una fuente de ingresos secundaria. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua también ha señalado que el lavado de dinero es el principal objetivo del narcoganado.
Entre los delitos medioambientales atribuidos a la narcodeforestación la ONU incluye la minería ilegal que, sumado a ser una vía para el lavado de dinero, se ha convertido en una actividad rentable por la extracción y tráfico transnacional de oro y las relaciones comerciales que se establecen con Estados Unidos.
Además de México, Venezuela y Perú, Ecuador forma parte de los países latinoamericanos más afectados por la narcominería, esto tras los nexos entre cárteles ecuatorianos y mexicanos (especialmente entre Los Choneros-Cártel de Sinaloa y Los Lobos-Cártel Jalisco Nueva Generación).
Por supuesto, el incremento, la intensificación y expansión de los delitos medioambientales provocados por el crimen organizado también han sido posibles por la corrupción, impunidad y falta de perspectivas ecologistas de los gobiernos latinoamericanos.
