El auge de las criptomonedas ha traído consigo una serie de desafíos para las economías de Latinoamérica y el Caribe, donde la falta de regulación efectiva ha permitido que el crimen organizado adopte estas monedas digitales para blanquear dinero y cometer fraudes. Un reciente informe de Global Financial Integrity (GFI) detalla cómo el crimen organizado, en particular los cárteles de drogas, ha aprovechado esta tecnología para eludir las autoridades.
Latinoamérica ha experimentado un crecimiento explosivo en el uso de criptomonedas, con un incremento del 6 % al 15.8 % en la participación global entre 2017 y 2020. Países como México, Brasil, Argentina, y El Salvador se han convertido en epicentros de este fenómeno, donde tanto las personas comunes como los criminales recurren a las criptomonedas para diferentes fines, incluidas actividades ilícitas como el lavado de dinero y fraudes cibernéticos.
El crimen organizado, en especial el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa, ha utilizado las criptomonedas como herramienta para lavar el dinero obtenido de sus operaciones ilícitas, incluso cárteles de menor tamaño como la Unión tepito está inmersos en el mundo de la ciberdelincuencia.
Estas organizaciones han encontrado en las criptomonedas un medio eficaz para blanquear grandes sumas de dinero a través de transacciones difíciles de rastrear, aprovechando el anonimato que ofrecen las billeteras digitales y las conversiones entre diferentes criptomonedas.
La capacidad de los delincuentes para mover dinero entre criptomonedas como Bitcoin y Ethereum sin dejar un rastro claro ha generado enormes dificultades para las autoridades.
Esta falta de transparencia y la ausencia de requisitos estrictos para la identificación de usuarios en transacciones digitales facilitan la evasión de las leyes contra el lavado de dinero en varios países de la región.
En México, la Ley de Tecnología Financiera de 2018 ha sido un intento destacado de regulación, pero aún está lejos de ser efectiva para frenar el creciente uso de criptomonedas por parte del crimen organizado.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas enfrentan un desafío importante en la lucha contra las organizaciones criminales que están modernizando sus operaciones financieras.
El uso de criptomonedas no se limita al narcotráfico. Las organizaciones dedicadas al fraude cibernético también han adoptado estas monedas digitales como una forma de ocultar el dinero obtenido de estafas dirigidas a empresas grandes y medianas.
Estos fraudes cibernéticos involucran robos masivos de fondos, que luego son lavados a través de criptomonedas y utilizados para adquirir bienes y servicios en mercados digitales.
En países como Brasil, el fraude en criptomonedas ha alcanzado niveles alarmantes. Esquemas piramidales han afectado a miles de personas que, ansiosas por obtener beneficios rápidos, cayeron en trampas que prometían retornos imposibles. Uno de los casos más destacados es el del “Faraón del Bitcoin”, Glaidson Acácio dos Santos, quien estafó millones de dólares a través de una red fraudulenta de inversiones en criptomonedas.
La falta de un marco regulatorio coherente a nivel regional ha dejado a los gobiernos sin herramientas efectivas para combatir la criptodelincuencia.
Solo seis de los 32 países analizados por GFI tienen leyes que aborden de manera integral el uso de criptomonedas, lo que deja grandes vacíos legales que los criminales explotan a su favor.
Actualmente, hackers y ciberdelincuentes colaboran estrechamente para realizar muchas de sus transacciones, incluyendo la compra de programas y herramientas tecnológicas, utilizando criptomonedas.
Este tipo de adquisiciones no se limita únicamente al lavado de dinero, sino que también se emplean para obtener productos que facilitan sus operaciones ilícitas, como software malicioso o servicios de hacking.
Aunque no es posible determinar un porcentaje exacto, se estima que al menos el 90% de sus compras digitales relacionadas con actividades criminales se efectúan a través de criptomonedas, dada la facilidad de anonimato y seguridad que estas ofrecen en el ámbito digital.
En conclusión, la criptodelincuencia en Latinoamérica ha crecido al mismo ritmo que el uso de las monedas digitales. Con la facilidad que ofrecen las criptomonedas para lavar dinero y realizar fraudes sin ser detectados, se hace cada vez más urgente que los gobiernos adopten regulaciones más estrictas para combatir esta nueva forma de criminalidad.
Con información de Agencias, InSight Crime y Sistema de Noticias CAMBIO 22
