¿Es atendible la sospecha de «financiamiento narco de la política» chilena, tal como esta semana lo ha sugerido Evelyn Matthei? La respuesta en esta columna para CIPER se centra en el débil marco legislativo que hoy impide prevenirlo: «Los esquemas de corrupción sofisticados son indetectables con las herramientas investigativas disponibles en Chile.
No puede negarse la existencia de fenómenos que no vemos porque nuestras leyes no permiten investigarlos en forma eficiente. Al contrario, debiéramos exigir […] la misma preocupación por todas las formas de financiamiento ilegal de la política; especialmente, las que permiten ejercer influencia indebida del poder económico sobre el Legislativo.»
En un contexto de campaña presidencial anticipada, las declaraciones de Evelyn Matthei sobre «financiamiento narco de la política» vuelven a mostrar la urgente necesidad de fortalecer las capacidades de fiscalización de flujos de dinero ilegal en Chile. Investigar la «ruta del dinero» es y ha sido la piedra angular de todos los esfuerzos internacionales exitosos para combatir el crimen organizado, con ejemplos notables como los de EE.UU. y la Unión Europea, donde existen legislaciones durísimas contra los crímenes financieros (evasión, lavado de activos, corrupción y otros), con penas de cárcel y multas superiores a los beneficios ilegalmente obtenidos.
Al contrario, en Chile nos referimos a «delitos económicos» y carecemos de capacidades investigativas efectivas para castigar crímenes financieros como el lavado de activos. Esta irresponsable tolerancia a los «delitos de cuello y corbata» se generalizó en nuestro país a partir de la despenalización de los delitos económicos establecida en la ley 19.911 (2003), promulgada durante el gobierno de Ricardo Lagos [MATAMALA 2015].
Nuestro actual gobierno ha despachado más leyes de seguridad que cualquier otro [ver columna en CIPER-Opinión: “El acento punitivo: potencial efecto negativo de las leyes sobre seguridad”], pero ninguna de estas contempla medidas eficaces contra el dinero criminal.
Es más: artículos que habrían permitido la persecución de flujos de dinero ilegal fueron eliminados durante el trámite legislativo de leyes fundamentales para combatir el crimen organizado. Esto ha comprometido severamente la eficacia de la Ley contra el Robo de Madera (N°21.488, 2022), la modificación a Código Tributario (N°21.453, 2022), la Ley de delitos económicos (N°21.595, 2023) y la Ley contra el crimen organizado (N°21.577, 2023). En todos estos casos, se levantó una férrea defensa del secreto bancario, como frontera infranqueable para leyes de cualquier tipo.
En este momento, se discute en el Senado la Ley de Inteligencia Económica, que acumula treinta reposiciones de suma urgencia presentadas por el gobierno en doce meses de trámite. En el comparado de indicaciones publicado el pasado 18 de junio, se repite el patrón de debilitamiento de capacidades de investigación financiera.
En particular, indicaciones a los artículos 1° y 3° anulan la capacidad del esperado «Subsistema de Inteligencia Económica» para investigar delitos tributarios, aduaneros y de lavado de activos, todos esenciales para combatir el crimen organizado nacional y transnacional.
Este insólito comportamiento legislativo es inexplicable a menos que existan intereses ocultos profundamente enquistados en la política chilena, la cual, como sabemos, ha sido financiada en forma ilegal desde la recuperación de la democracia. Escándalos como los de Soquimich, Penta, leyes de pesca y audios de Hermosilla, revelan las extensas redes de corrupción del poder económico en autoridades de alto nivel y representantes de todo el espectro político.
El fortalecimiento de capacidades para combatir el lucro criminal sería fatal para estas redes de corrupción, porque el desarrollo de las herramientas técnicas necesarias también permitiría controlar la evasión y elusión de impuestos, el financiamiento ilegal de la política y el enriquecimiento ilícito con fondos públicos.
En el sistema financiero actual, globalizado y digital, la única forma efectiva de controlar flujos de dinero ilegal es la vigilancia continua de transacciones anónimas con inteligencia artificial [ZUMAYA et al. 2021], método cada vez más utilizado en el mundo y en América Latina [IEES 2022] (por ejemplo, en Brasil, México y Nicaragua).
El ocultamiento del enriquecimiento ilícito, sea para fines de elusión o de lavado de dinero, se realiza mediante transacciones frecuentes entre grupos acotados de entidades, lo que genera patrones fácilmente detectables con análisis masivo de datos. Este comportamiento peculiar puede ser usado como evidencia de ocultamiento financiero, lo que debiera conducir al levantamiento del secreto bancario por orden judicial. Antes de eso, todo procesamiento de información es completamente anónimo.
En Chile, la reciente modificación del Código Tributario (N°21.453, 2022) sólo obliga a los bancos a reportar transacciones muy cuantiosas de sus clientes una vez al año, en forma retrospectiva, lo que es inútil para implementar una vigilancia financiera efectiva. Además, el levantamiento del secreto bancario sólo es posible cuando una persona ha sido imputada por otros delitos, lo que impide usar información financiera anónima para detectar delitos desconocidos y redes de corrupción públicas y privadas.
El éxito del crimen organizado depende fundamentalmente de la capacidad de ocultar sus actividades, a través de corrupción, violencia y lavado de activos. Aunque las declaraciones de Evelyn Matthei sobre financiamiento narco de la política hayan sido especulativas, desmentirlas por falta de pruebas es absurdo, pues los esquemas de corrupción sofisticados son indetectables con las herramientas investigativas disponibles en Chile. No puede negarse la existencia de fenómenos que no vemos porque nuestras leyes no permiten investigarlos en forma eficiente.
Al contrario, debiéramos exigir que tanto la candidata como nuestras autoridades y representantes tengan la misma preocupación por todas las formas de financiamiento ilegal de la política; especialmente, las que permiten ejercer influencia indebida del poder económico sobre el Legislativo, como en el caso de la Ley de Pesca, tragedia que ahora parece comedia.
En Chile, la evasión y elusión de impuestos corporativos ha sido estimada en 4,7% del PIB, sin considerar la brecha tributaria de personas con altos patrimonios [JORRAT 2023]. No hay cálculos para el volumen de lavado de dinero en Chile, pero se estima que este representa entre un 2% y un 5% del PIB mundial [UNODC]. Es decir, el volumen de enriquecimiento ilícito del poder económico es similar o superior al del crimen organizado, y además tiene un prontuario conocido mucho más extenso de corrupción de la política nacional.
Los notables esfuerzos legislativos en materia de seguridad de los últimos años serán inútiles si no es posible financiarlos. Combatir la delincuencia en las calles es más costoso para el Estado que para las organizaciones criminales, que además pueden incrementar sus ingresos en forma mucho más rápida. Considerando esta perspectiva económica, la guerra contra el crimen organizado está perdida si no generamos prontamente capacidades de detección e incautación de lavado de dinero, para debilitar su poder de violencia y corrupción.
Además, con estos recursos sería posible financiar todas las otras medidas de seguridad y prevención de la delincuencia. Si además fuera posible incautar sistemáticamente los caudales de evasión tributaria, también sería posible financiar las más ambiciosas reformas de pensiones, salud, educación y otras pendientes por décadas, sin necesidad de aumentar la carga tributaria.
En suma, la eliminación recurrente de artículos conducentes al fortalecimiento de las capacidades de fiscalización del sistema financiero, en leyes fundamentales para enfrentar nuevas formas de crimen organizado ya instaladas en Chile implica dos problemas gravísimos: primero, refuerza sospechas fundadas sobre intereses económicos que corrompen nuestro sistema legislativo; segundo, nos deja vulnerables al crecimiento de mercados ilegales que empoderan al crimen organizado en forma mucho más rápida que el desarrollo de capacidades para combatirlo.
Aunque no tengo pruebas, creo que Evelyn Matthei tiene razón en que existe influencia del narcotráfico en la política chilena, pero le pediría que fuera igualmente dura en sus juicios sobre las redes de corrupción del poder económico, que con su afán de defender el secreto bancario nos privan de las herramientas más necesarias para combatir el crimen organizado.
