Cómo la investigación de Lava Jato involucró a figuras de negocios y política de la región. Acusaciones contra un juez podrían poner fin a esas iniciativas.
n mayo, la vida del ministro de justicia de Brasil, Sérgio Moro, iba bien. Se reunió con el embajador británico, importantes figuras del mundo de los negocios y un puñado de legisladores en Brasilia. Lo que no sabía es que en Río de Janeiro, un denunciante no identificado estaba a punto de hacerle la vida mucho más difícil.
Él facilitó archivos, con miles de mensajes confidenciales entre quienes dirigen la mayor investigación anticorrupción de América Latina. El contenido de lo entregado a The Intercept, era explosivo. Al parecer, muestran que Moro – quien era un destacado juez federal – estaba aconsejando a los fiscales que estaban preparando un caso en contra del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Después de que Moro lo declaró culpable, Lula fue sentenciado a casi 10 años de cárcel, lo que le impidió postularse a las elecciones.
Según el sitio web, que dice que revisó miles de páginas del material filtrado, los documentos contienen “múltiples ejemplos de abuso politizado de facultades procesales”.
Las revelaciones aún no han generado interrogantes serios sobre la evidencia que mandó a la cárcel a Lula por acusaciones de soborno. Su condena fue ratificada en otro tribunal donde Moro no tenía autoridad.
Sin embargo, las conversaciones filtradas ponen en duda los motivos de un juez que afirmó que había actuado de forma imparcial y plantea dudas acerca de si Lula da Silva recibió un juicio justo. También ha exacerbado el rechazo regional más generalizado contra las cruzadas anticorrupción de los últimos años.
La investigación Lava Jato, llamada así por ser una investigación sobre el lavado de dinero en las estaciones de servicio, se convirtió en la mayor lucha anticorrupción de la región.
La policía descubrió que Petrobras había hecho miles de acuerdos con contratistas que garantizaban un sobrepago, siempre que canalizaran una parte del exceso de ganancias hacia fondos ilícitos para beneficio de los políticos. Los pagos ilegales alcanzaron más de US$5.000 millones y el escándalo no sólo envió a prisión a Lula da Silva, sino también a un gran grupo de las principales figuras del mundo empresarial y político.
La investigación condujo a una oleada de medidas audaces contra importantes políticos acusados de corrupción en toda la región, desde Perú y Colombia hasta México y Argentina. Les dio esperanza a las poblaciones sufridas de que era posible imponerles el estado de derecho a los ricos y poderosos.
Moro ha negado que haya infringido las normas de la conducta judicial. Ha acusado a delincuentes de piratear su cuenta y la de los fiscales. En julio, los ‘hackers criminales’, como los describe, fueron arrestados y acusados de espiar los teléfonos de miles de figuras públicas.
Incluso antes de que surgieran las dudas sobre Moro, había indicios de que la lucha contra la corrupción se estaba debilitando conforme algunos políticos y empresarios orquestaban una acción defensiva para evitar un mayor escrutinio. El escándalo les ha dado nuevos bríos a quienes afirman que las medidas anticorrupción tenían motivaciones políticas.
“Lava Jato dio un gran impulso a todos los países”, dice Drago Kos, presidente del grupo de trabajo de la Ocde sobre el soborno. “Muchos países han adoptado leyes para combatir esto, pero no se puede dar nada por sentado. Sabemos que los corruptos contraatacarán”, agrega.
Transparencia Internacional califica a América Latina como una de las regiones más corruptas del mundo; en su Índice de Percepción de la Corrupción, la mayoría de las naciones languidecen en la mitad inferior. Venezuela aparece en el último sitio, con niveles de corrupción comparables a los de Libia y Afganistán.
Según Latinobarómetro, los ciudadanos de siete países citan la corrupción como su mayor o segundo mayor problema. No se muestran optimistas sobre el progreso: 65% de los encuestados en 2018 dijeron que esta había empeorado, en comparación con 62% del año anterior.
Desde su inicio en 2014, Lava Jato creó una sensación tangible de que algo había cambiado. Sin embargo, incluso con un fuerte apoyo popular, siempre hubo observadores neutrales que criticaron a Moro y al equipo de fiscales por su afán excesivo. Hubo quejas persistentes de que estaban abusando de los derechos de los sospechosos y acusados en la búsqueda de condenas por corrupción.
La actitud hacia Moro comenzó a cambiar cuando aceptó la oferta para convertirse en ministro de justicia de Jair Bolsonaro. El hecho de que se uniera a un gobierno tan divisionista generó dudas sobre su neutralidad. Para muchos brasileños, el hecho de que la victoria de Bolsonaro se lograra gracias al veredicto de culpabilidad contra Lula da Silva – quien encabezaba las encuestas de opinión – dejó un mal sabor de boca. Moro pareció estarse beneficiando políticamente de sus decisiones como juez.
Algunas de las conversaciones filtradas han aumentado la impresión de que existió parcialidad. En un incidente revelado por The Intercept, los fiscales discutieron si podían evitar que Lula da Silva concediera una entrevista desde la prisión durante la campaña, la cual temían que le daría a su partido un importante impulso antes de las elecciones.
Moro dice que la “autenticidad” no se ha probado y que el enfoque de los informes “parecía estar dirigido a desacreditar Lava Jato, anular las condenas previas por corrupción y evitar nuevas investigaciones”.
Sin embargo, la Orden de Abogados del Brasil solicitó su destitución como ministro de justicia y su calificación de opinión pública cayó 10% en las semanas posteriores a la publicación de los mensajes en junio pasado.
Valeska Zanin Martins, una abogada de Lula da Silva, afirma que los defensores de Lava Jato están ahora a la defensiva. “Había corrupción, no se niega, pero el caso de Lula es un fraude. Fue por intereses políticos”.
Roberto Simon, el jefe brasileño del Grupo de Trabajo de Anticorrupción de AS/COA (Americas Society/Council of the Americas), un grupo de expertos de Nueva York, dice que era de esperar que la nueva iniciativa contra la corrupción en algún momento entrara en conflicto con la forma en que se organiza la política.
“Existe una tensión estructural entre la nueva capacidad para combatir la corrupción en América Latina y los sistemas políticos que tienen grandes problemas, particularmente con el financiamiento de campañas y los vínculos entre el dinero y la política”.
Las acusaciones contra Moro han tenido el mayor impacto en Argentina, que se está preparando para una elección presidencial en octubre. Mauricio Macri enfrenta una dura batalla por la reelección debido a una profunda recesión. Su principal rival es la dupla peronista encabezada por Alberto Fernández, pero que incluye a la expresidenta Cristina Fernández, quien se ha postulado para la vicepresidencia a pesar de una serie de acusaciones de corrupción presuntamente ocurrida durante su mandato.
Fernández de Kirchner aprovechó las revelaciones sobre Moro para demostrar que existe una conspiración judicial más amplia para castigar a los líderes izquierdistas de la región.
“La guerra mediática-judicial contra los líderes de la oposición en América Latina quedó al descubierto. La acusación contra Lula se desmoronó”, afirmó en Twitter después de las filtraciones de The Intercept.
Observadores internacionales le han dado a Argentina altas calificaciones por sus recientes medidas contra la corrupción, pero si los peronistas regresan al poder, según algunos analistas, el progreso en la guerra contra la corrupción podría verse afectado.
“Todos los indicadores objetivos de gobernanza muestran que el gobierno de Cristina Fernández ‘institucionalizó’ la corrupción y el crimen organizado a los más altos niveles políticos”, dice Edgardo Buscaglia, un académico en derecho y economía de la Universidad de Columbia, y añade que “cualquier futuro gobierno con ella y Alberto Fernández al mando representará un regreso a la antigua demagogia y a la ‘mafiocracia’”.
En México, donde siete décadas de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, o PRI, habían arraigado la corrupción, el presidente entrante Andrés Manuel López Obrador hizo de la guerra contra ella. El presidente les dijo a los funcionarios públicos que rechazaran los aviones privados, los altos salarios y otros símbolos del poder, en lo que él ha llamado “austeridad republicana”.
Sin embargo, no ha hecho mucho al respecto con delitos pasados. “Puede decir lo que quiera, pero las acciones dicen más que mil palabras”, indica Marco Fernández, profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey y experto en anticorrupción de México Evalúa, un grupo de expertos.
Kos, de la Ocde, coincide con esto. “Hemos escuchado muchas promesas de México sobre la intensificación de la lucha contra la corrupción, pero no ha habido avances importantes. Esperamos que la nueva administración cumpla sus promesas”.
Los analistas han señalado que López Obrador se ha mostrado reacio a iniciar demandas por corrupción en casos de alto perfil contra miembros del gobierno anterior, a pesar de que la indignación pública por eso fue lo que le ayudó a ganar las elecciones presidenciales. “La venganza no es mi punto fuerte”, ha dicho.
El ejemplo más claro de un rechazo hacia esta lucha se ha visto en Guatemala, un país marcado por décadas de delitos, donde el presidente saliente Jimmy Morales expulsó a una comisión de la ONU que había estado investigando la corrupción.
Creada en 2007, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG, había revelado la corrupción institucionalizada generalizada. Colaboró con la entonces fiscal general Thelma Aldana para destituir y encarcelar al entonces presidente Otto Pérez Molina en 2015 por su participación en un fraude aduanero y soborno. La CICIG enjuició a 680 personas y logró 310 condenas antes de incurrir en la ira de Morales.
Al anunciar la expulsión, Morales afirmó que el organismo había “violado reiteradamente los derechos humanos de los guatemaltecos” y se quejó de “justicia selectiva”.
Aldana esperaba postularse a las elecciones contra Morales, pero fue excluida y ha abandonado el país después de que se emitió una orden de arresto contra ella y recibió amenazas de muerte. “Sin la CICIG, va a ser increíblemente difícil continuar la lucha contra la corrupción”, afirma Aldana, quien vive en el exilio voluntario. “El Estado ha sido secuestrado. Siempre es lo mismo. Los políticos que han secuestrado el Estado luchan cada cuatro años para ver quién lo dirige. Así ha sido por décadas”.
Los analistas dicen que, a pesar de los esfuerzos de la ONU para luchar contra la corrupción, la calidad de las propias instituciones y la democracia de Guatemala no ha mejorado, lo cual ha dejado el país vulnerable a la reincidencia.
Para los expertos que se preocupan por cuán duraderos sean los logros contra la corrupción, la debilidad de las instituciones judiciales y políticas es un tema común. Sin embargo, Simon, de la Americas Society, espera que la reversión “impactante” de los logros recientes en Guatemala resulte ser un caso aislado. “Es poco probable que volvamos a la situación anterior a Lava Jato. Ahora volver a meter al genio en la botella va a ser extremadamente difícil”.
Kos añade que debe aplicarse la legislación reciente para que la campaña anticorrupción sea efectiva. “La legislación de por sí no ayuda si no se implementa en la práctica. En muchos sentidos, promulgar leyes es la parte más fácil del trabajo”.
ALD/Portafolio
