La carretera que conduce al Parque Nacional Podocarpus serpentea entre montañas boscosas que parecen extenderse infinitamente en el horizonte. Con una superficie de 1463 kilómetros cuadrados, el parque se extiende desde las estribaciones orientales de los Andes hasta la selva tropical, abarcando las provincias sureñas de Loja, al oeste, y Zamora Chinchipe, al este de Ecuador. Cubre desde el páramo, a 3600 metros de altura sobre el nivel del mar, hasta el bosque tropical a 900 metros, con cascadas y rocosos ríos cristalinos como el Bombuscaro.
Pero ni siquiera este lugar remoto, que lleva el nombre del único género de árboles coníferos en Sudamérica, ha escapado a la ola de crimen que azota Ecuador, ya que el grupo criminal, conocido como Los Lobos, ha extendido su control hasta el corazón del parque en los últimos años.
Según informes de inteligencia consultados en septiembre de 2023 por Mongabay y el medio de investigación ecuatoriano Código Vidrio, alrededor de unas 2200 personas —ecuatorianos, así como peruanos, colombianos y venezolanos— trabajaban ilegalmente en una docena de sitios mineros diferentes dentro del parque. Entre ellos se encontraban quienes cargan dinamita para volar rocas y abrir túneles, carretilleros y trituradores de rocas, así como quienes suministran alimentos, gasolina, drogas como cocaína y marihuana e incluso trabajadoras sexuales. Los lugares eran tan remotos en una zona conocida como San Luis, en lo profundo del parque, que tropas militares especialmente entrenadas para operar en la selva tardaron 12 horas a pie en llegar al área.
Asimismo, de acuerdo con los informes, cada minero está obligado a pagar una extorsión, llamada vacuna, de hasta 1000 dólares mensuales a la banda, que vende drogas y contrabandea armas y explosivos desde el vecino Perú. Pero ha habido cierta resistencia al dominio de la banda. Los informes consultados por Mongabay y Código Vidrio indican que a finales de febrero de este año, cuatro miembros de la banda murieron en enfrentamientos con mineros que se negaron a pagar. En represalia, Los Lobos mataron a dos hombres que presuntamente eran familiares de los mineros y vivían en comunidades en cercanías al área protegida.
Podocarpus es solo una de las últimas conquistas de la banda. Debido al reciente auge de la minería ilegal de oro en Ecuador y al creciente valor del mineral en los mercados internacionales, la extracción en todo el país cada vez atrae más a los criminales.
Los documentos de inteligencia militar y policial, así como información suministrada por tres oficiales y agentes, parecen confirmar que Los Lobos son la banda dominante en el país, por delante del grupo rival y narcotraficante Los Choneros.
“Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico están ampliando su cartera de servicios a otras actividades delictivas”, dice Renato Rivera, coordinador técnico del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, organización social que investiga el tema en el país.
“Sobre todo, no solo se han dedicado al tráfico de cocaína desde Colombia hacia los puertos, sino también a controlar y extorsionar las operaciones mineras ilegales en el país, especialmente en la Amazonía y en las tierras altas a donde se han expandido de manera considerable”, agrega.
Para el especialista en seguridad chileno Pablo Zeballos, el control de las operaciones mineras ilegales por parte de las bandas es parte de una tendencia emergente de diversificación de los mercados criminales.
“En regiones de Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia, estas actividades están siendo controladas por redes criminales y organizaciones transnacionales que someten a las personas a la extorsión, la explotación y la semi-esclavitud, además de [causar] una devastación ambiental importante”, dijo Zeballos, exoficial de inteligencia policial chilena, a Mongabay y Código Vidrio.
Los Lobos se apoderan de la fiebre del oro
Durante los últimos siete años, la banda ha estado involucrada en la minería ilegal de oro en hasta siete provincias de Ecuador —desde Imbabura en el norte, Napo, Orellana y Sucumbíos en el noreste amazónico, hasta Azuay y Zamora Chinchipe en el sur—, según entrevistas y documentos de inteligencia consultados por Mongabay y Código Vidrio. En estos lugares, ha extorsionado o desplazado a los mineros para tomar el control, mientras se apodera de toda la cadena de suministro.
“Los Lobos han llegado armados hasta los dientes a este lugar que alguna vez fue pacífico”, le dijo un funcionario que conoce muy bien la actividad en el Parque Nacional Podocarpus a Mongabay y Código Vidrio .
Agregó que “hay mucho oro en San Luis [donde se realiza la minería] en Podocarpus. La gente dice que se pueden ver las líneas de oro en la tierra”.
El atractivo del oro —descubierto por una compañía minera extranjera a finales de la década de los setenta, pero nunca explotado antes de que se creara el parque en 1982— no ha disminuido. “La gente recuerda dónde está y lo busca”, nos dice otro guardaparque, que pidió no ser identificado.
El parque alberga 1200 especies de plantas endémicas, así como el poco común oso de anteojos u oso andino (Tremarctos ornatus), el tapir de montaña o danta (Tapirus pinchaque), el puma (Puma concolor), el jaguar (Panthera onca) y el venado más pequeño del mundo, el pudú del norte (Pudu mephistophiles). Al parque solo se puede acceder por senderos en cuatro puntos de entrada en su perímetro. En su interior, el terreno es tan accidentado y la vegetación tan densa que pocos, salvo los guardaparques, saben transitarlo.
“[Los Lobos] han intentado sin éxito entrar en sectores controlados por grandes grupos de mineros ilegales en Zamora”, nos señala bajo anonimato un agente de inteligencia militar, que sigue sus rastros en la provincia de Zamora Chinchipe. En estas áreas, especialmente en el parque, los mineros han establecido una presencia armada y tienen amplias redes de informantes que monitorean y advierten la llegada de desconocidos.
A finales de febrero, Mongabay acompañó a un convoy militar a uno de los puntos de entrada del parque, conocido como Loyola.
Soldados del 17º Batallón de Selva estaban acampados en la entrada sureste del parque. Gary Fuentes, un capitán del batallón, asegura que recientemente decenas de personas escaparon del parque por un puente de cuerdas, entre ellos venezolanos y colombianos, mientras que los soldados del batallón se habían adentrado en busca de miembros de la banda y mineros.
Cientos de metros en el interior del área protegida, a orillas del río San Luis, las huellas de retroexcavadoras conducían hacia el parque, y los soldados detuvieron a un puñado de hombres y mujeres para registrarlos mientras bajaban por el curso de agua hacia la salida del puente de cuerdas.
Uno de ellos, Jackson Guevara, de 29 años, dijo que había caminado cuatro horas desde donde afirmaba haber estado buscando oro en los relaves dejados por las excavadoras.
Negó cualquier participación en actividades delictivas, diciendo que solo intentaba mantener a su familia. “La situación es muy difícil. No tuve suerte [encontrando oro], lo único que hice fue endeudarme [comprando] comida”, dice a Mongabay. “En un buen día puedo ganar 300 dólares, pero a veces pasan tres o cuatro días sin ganar nada”.
Muchos de los jóvenes que quedaron desempleados debido a la pandemia de COVID-19 se volcaron a la minería ilegal o se unieron a bandas criminales. En marzo de 2024, la tasa de “empleo adecuado” de Ecuador, es decir, los trabajos que pagan más que el salario mínimo, era de solo el 34,4 %.
“Pienso mucho en cómo afecta al parque, pero no hay otro lugar para trabajar”, dice Guevara. Los soldados lo dejaron pasar, junto con los otros hombres y mujeres que dijeron ser solo trabajadores y cocineros.
La minería de oro en ríos, conocida como minería aluvial, no es nueva en la región, comenta José Villa, de 55 años, un guardaparque que ha pasado 37 años protegiendo Podocarpus. Pero asegura que en los últimos años, esta “ha crecido porque más allá de la contaminación y destrucción que causa. Ahora hay más delincuencia”, dijo.
Ha habido una rápida expansión de la minería ilegal de oro en Ecuador recientemente, que en 2021 cubría 7495 hectáreas de tierra —más de 10 000 campos de fútbol—, lo que representa un incremento del 300 % desde 2015, según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina. Este rápido aumento, impulsado por los precios récord del oro internacional, ha atraído a las bandas de narcotráfico más poderosas de Ecuador hacia este lucrativo negocio que también les permite lavar más fácilmente las ganancias del tráfico de cocaína.
La promesa de dinero fácil también fomenta que la minería se infiltre fácilmente en aldeas pobres que viven de la agricultura, particularmente en comunidades indígenas donde los hombres jóvenes, llenos de dinero de la minería, a menudo gastan sus ganancias en alcohol, mientras que las mujeres se involucran en relaciones con extranjeros que luego se van a la siguiente mina, a veces dejando niños atrás.
Los líderes comunitarios que se oponen a la minería, como el presidente de la Federación Shuar en la región de Zamora Chinchipe, Washington Tiwi, de 50 años, enfrentan amenazas de muerte si hablan.
“Aparecemos en los medios y los mineros siempre están buscando a quién esté haciendo alboroto. Como pasó con el compañero José Tendetza“, comenta, refiriéndose a un líder shuar que se oponía a la mina de cobre legal Mirador, en la misma región y que fue asesinado en 2014.
Tiwi dijo que la reciente presencia de sicarios que trabajan para las bandas hace que sea mucho más peligroso hablar. “Digamos que soy un minero y este líder realmente me está jodiendo. Puedo pagar para resolver este problema”, dice Tiwi, cuya comunidad de Kiim creó la reserva protegida Tiwi Nunta de 5497 hectáreas en el margen del Parque Nacional Podocarpus.
“A nosotros los líderes nos amenazan, pero las autoridades hacen la vista gorda debido a sobornos y detrás de eso está el crimen organizado”, agrega Tiwi.
Los informes sobre la presencia de Los Lobos se remontan a 2019, pero las autoridades, especialmente los militares y la policía, enfrentan problemas para combatirlos sin que se filtre información sobre sus operaciones. Una fuente de inteligencia que habló con Mongabay y Código Vidrio bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dijo que el grupo ilegal Los Lobos tiene redes de colaboradores integradas, entre otros, por autoridades locales, policías y fiscales.
Los investigadores policiales y militares advierten en sus informes que algunos funcionarios municipales, regionales y policiales parecen ser accionistas de concesiones mineras ilegales y utilizan su poder político en su beneficio.
Quienes no colaboran a cambio de dinero se mantienen en silencio y no intervienen por miedo, dice la fuente.
El crimen violento se ha disparado en Ecuador, con un aumento de seis veces en la tasa de homicidios en los últimos tres años, según un estudio de Fernando Carrión, experto en seguridad del organismo internacional de educación e investigación Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador (FLACSO) en Quito. Entre 2020 y 2023, la tasa pasó de 7,84 homicidios por cada 100 000 habitantes a 47,28.
La demanda global de cocaína ha transformado a las bandas locales de Ecuador en empresas criminales multimillonarias, respaldadas por los cárteles mexicanos que han traído su brutalidad característica, evidente en la feroz guerra de bandas en las cárceles que también se ha extendido a las calles.
Además, la economía dolarizada de Ecuador y su ubicación —entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú— lo convierten en un punto de tránsito ideal para mover drogas hacia Estados Unidos y Europa. En 2023, Ecuador tenía el undécimo puntaje de criminalidad más alto del mundo.
En enero, el presidente Daniel Noboa calificó a 22 bandas criminales como terroristas, autorizando a los militares a “neutralizarlas (…) dentro de los límites del derecho internacional humanitario”. De estos grupos, solo Los Lobos ha logrado dominar el lucrativo comercio ilícito de oro.
La policía ecuatoriana dice que Los Lobos es el principal sospechoso de los recientes asesinatos de dos alcaldes locales que se oponían a sus actividades de minería ilegal.
José Sánchez, de 52 años, fue abatido a tiros por sospechosos vestidos con uniformes militares, cascos y chalecos antibalas mientras salía a trotar con un guardia de seguridad en el cantón de Camilo Ponce Enríquez, un centro de minería ilegal en la provincia de Azuay, en el borde de los Andes en el sur de Ecuador. Ambos fueron asesinados en el lugar el 17 de abril, con más de 20 disparos.
Sánchez era un crítico abierto de Los Lobos y había sobrevivido a dos atentados el año pasado. El alcalde había estado coordinando una operación a gran escala con los militares y la policía para desmantelar los bastiones criminales de Los Lobos en sectores clave del cantón, que limita con la provincia de El Oro. La policía alega que el asesinato fue una represalia al arresto, a finales de marzo, de Vicente Angulo, conocido como Comandante Vicente, uno de los cabecillas de Los Lobos en Camilo Ponce Enríquez.
Angulo había estado prófugo, acusado de crimen organizado, y enfrentaba un juicio junto con otros cinco miembros de la banda. Desempeñaba un papel vital extorsionando a los mineros, según los informes de inteligencia conocidos por Mongabay y Código Vidrio, mientras coordinaba también el envío de explosivos y armas de contrabando desde el sur hacia otras provincias del país donde la banda ha aumentado su presencia.
El predecesor de Sánchez, el exalcalde Baldor Bermeo, también fue atacado en febrero de 2023 por sicarios que lo hirieron gravemente con disparos. No fue el primer intento: un año antes, un atentado a una mina propiedad de Bermeo dejó tres muertos y cinco heridos. Los actos de extrema violencia se han intensificado desde 2023, mientras las fuerzas armadas de Ecuador han golpeado a Los Lobos en una serie de redadas, incautando armas en Camilo Ponce Enríquez.
Dos días después del asesinato de Sánchez, sospechosos en motocicleta mataron a tiros a Jorge Maldonado, alcalde del vecino cantón de Portovelo, en la provincia El Oro. Maldonado era un empresario minero y tenía intereses en al menos dos minas de oro en cantones de la provincia de Azuay. Con una tradición minera que se remonta al siglo XIX, Portovelo es un centro de procesamiento y refinación de oro, pero también de lavado o legalización del activo extraído ilegalmente.
El oro lava el dinero sucio
Zeballos explica que el oro obtenido ilegalmente se lava a través de empresas fachada que el Estado no puede supervisar ni controlar, a pesar de las regulaciones contra el lavado de dinero.
En los últimos años, dice, el oro se ha convertido en la moneda más valiosa en el mundo criminal, dada la increíble facilidad con la que puede introducirse en la economía legítima en todo el mundo. Esta tendencia respalda su teoría, compartida por el experto en seguridad Douglas Farah —presidente de la firma internacional de servicios de investigación y consultoría IBI Consultants— de que América Latina está experimentando una tercera ola de crimen transnacional.
“(Las bandas ilegales) se han caracterizado por su capacidad de evolucionar rápidamente, por su naturaleza transnacional, por su enfoque en fortalecer su marca y la creación de una compleja red de relaciones e interconexiones entre diferentes entidades criminales”, analiza Zeballos.
Advirte que Los Lobos, vinculados al poderoso cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, no solo está diversificando rápidamente su cartera criminal dentro del país, sino que también está cruzando fronteras nacionales. Agrega que hay evidencia de que el grupo está activo en Chile, Perú y Colombia, donde sus líderes han formado alianzas con bandas locales y grupos armados, especialmente en zonas fronterizas.
Además, Los Lobos también extrae oro de la región de Buenos Aires, en la provincia norteña de Imbabura, de donde se origina la banda. Según una fuente de inteligencia, transporta el oro unos 1000 kilómetros hacia el sur, a las ciudades de Portovelo y Camilo Ponce Enríquez, donde las refinerías funden el mineral en lingotes de oro de 18 quilates. Los conductores de camiones supuestamente pagan sobornos para evadir los controles policiales, llevando entre 40 000 y 60 000 dólares por viaje para pagar a las autoridades, asegura la fuente.
Pero Los Lobos no solo extrae oro de alrededor de 20 minas ilegales, también lo obtiene de la extorsión en más de dos docenas de concesiones mineras legales en el cantón Camilo Ponce Enríquez. Para esto, impone una cuota de entre 300 y 900 dólares a cada minero ilegal que quiere trabajar, como especie de “acción” o “participación” en el negocio. Todas estas actividades criminales le generan a Los Lobos unos 3,6 millones de dólares al mes, o 43,2 millones de dólares al año, según las cifras citadas en los informes de inteligencia compartidos con el equipo periodístico.
De vuelta en los márgenes del Parque Nacional Podocarpus, la vida en la comunidad shuar de Kiim continúa su ritmo bucólico. Por la tarde noche, las familias se bañan en las frescas aguas del río que da nombre a su comunidad, que fluye desde las montañas detrás del pueblo. Todavía está limpio, a diferencia del río Yacuambi, muy contaminado por los relaves de la minería ilegal, y que marca la entrada a la comunidad indígena que está conectada a una carretera principal.
Para Tiwi, cuyo nombre shuar, Kiro, significa “una rana cuyo canto anuncia la lluvia”, la minería ilegal no solo contamina el agua de su río, sino también la forma de vida tradicional de su pueblo, antes libre del abuso de drogas y alcohol y la influencia corrosiva de los foráneos que ofrecen dinero para explotar sus tierras.
Consciente del riesgo existencial, Tiwi dice que todo lo que puede hacer es enfrentarse a la minería y tratar de reforzar la identidad cultural shuar. No hacer nada, asegura, significaría el fin de su cultura.
“Tengo a mi esposa y a mis hijos, no quiero perder mi vida, tengo que luchar por ellos”, dijo.
