Los defensores de la lucha contra la corrupción en Honduras están preocupados por la amenaza de la financiación ilícita en las campañas de cara a las elecciones de 2025, pues los grupos criminales siguen aprovechando los vacíos en las leyes vigentes para influir en el proceso electoral.
La Red por la Defensa de la Democracia (RDD), exigió una mayor transparencia y una mejor supervisión a los fondos de campaña en un informe publicado el pasado 29 de enero, en el que calificó las próximas elecciones como un momento clave para que el país restablezca el liderazgo y fortalezca las instituciones estatales.
“La falta de transparencia en el uso de recursos por parte de los candidatos a elección popular es un tema crítico que amenaza la integridad del proceso electoral, el círculo vicioso entre extraditados, narcotráfico y el financiamiento de las campañas políticas”, afirma el informe.
Según la encuesta del Latinobarómetro 2024, en América Latina los hondureños tienen uno de los niveles más bajos de confianza en el proceso electoral y en sus partidos políticos. Se sospecha que cada uno de los tres principales partidos políticos del país (Liberal, Libre y Nacional), habría recibido cuestionables fondos de campaña en el pasado.
Entre 2017 y 2023, por ejemplo, la Unidad de Política Limpia, responsable de supervisar la financiación de las campañas políticas, descubrió que casi el 77 % del dinero recibido por el Partido Liberal durante los ciclos electorales de 2017 y 2021 procedía de “fuentes desconocidas”. Los partidos Nacional y Libre, mientras tanto, recibieron el 50% y el 40%, respectivamente.
Los grupos criminales tienen un largo historial de intromisión en la política hondureña. En septiembre de 2024, InSight Crime publicó un video en el que aparecía Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, reunido con varios narcotraficantes de alto nivel para hablar de las contribuciones a su campaña a la presidencia en 2013, que finalmente no tuvo éxito. Zelaya admitió que asistió a la reunión, pero negó que él o la campaña recibieran contribuciones de actores ilícitos.
Un sistema roto carece de trazabilidad
A pesar del video y de otras pruebas presentadas en varios casos de narcotráfico en EE. UU. que involucran a exfuncionarios hondureños, el año pasado el Consejo Nacional Electoral (CNE) aumentó los límites de financiación de las campañas políticas a nivel presidencial, así como los de diputados y gobiernos locales.
El límite para los candidatos presidenciales es ahora de 500 millones de lempiras (casi US$20 millones), frente a los poco menos de 400 millones de lempiras de las elecciones anteriores. Aunque es poco comparado con otros países, los expertos consultados por InSight Crime critican que sigue siendo demasiado alto para Honduras, así como discrecional y carente de la supervisión necesaria.
“Lo que hace es dejarle un campo demasiado abierto a los candidatos a presidentes para poder gastar dinero sin la necesidad de tener que cuidarse de que están excediendo el límite de gastos”, dijo Alejandra Fuentes, abogada de Transparencia Internacional especializada en corrupción y transparencia.
De acuerdo con Fuentes, esta situación crea un amplio espacio para que el dinero de los grupos criminales entre en el proceso electoral y coopte a los candidatos. La contribución de US$650.000 que cinco traficantes ofrecieron a Zelaya en 2013, por ejemplo, es solo alrededor del 3% del límite establecido para el ciclo electoral de este año.
Dichos pagos, además, suelen hacerse en efectivo, y por eso es poco probable que se registren. Eso los vuelve casi imposibles de rastrear.
“No hay una forma física o que la ley imponga ciertas condiciones para hacerlo”, le dijo a InSight Crime un exinvestigador de la ahora desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad.
Por poner solo un ejemplo, los líderes de la dinastía narcotraficante de los Cachiros presuntamente proporcionaron un millón de dólares para financiar las actividades de campaña del excongresista Midence Oquelí Martínez Turcios. De probarse, Orquelí Martínez se uniría al expresidente de Honduras, a un ex jefe de policía y a varios otros excongresistas y alcaldes locales que han sido declarados culpables en tribunales estadounidenses de recibir sobornos para facilitar el tráfico de drogas.
“Al final, el narcotráfico y el crimen organizado empiezan a coartar el Estado de derecho y empieza el Estado a funcionar a favor de ellos”, le dijo Fuentes a InSight Crime.
Sin responsabilidad
En vista de que cada uno de los principales partidos políticos de Honduras ha sido acusado de recibir fondos de grupos del crimen organizado en ciclos electorales pasados, pocos tienen incentivos para cambiar las leyes.
“Nadie quiere mejorar este tema del financiamiento político, porque a todos les conviene que esos vacíos sigan existiendo para beneficiarse de ellos de alguna manera”, dijo Fuentes.
De hecho, muy pocas veces hay consecuencias por infringir las leyes de financiación de campañas, incluidas las que exigen a los candidatos que revelen sus niveles y fuentes de financiación. Solo el 66% de los 4.879 candidatos que se presentaron a las elecciones generales de 2021 presentaron informes detallados de sus finanzas, según un análisis de la Unidad de Política Limpia.
Poco más de la mitad de los candidatos cuyas finanzas no se reportaron o que tenían inconsistencias fueron sancionados en el papel, incluidos más de 1.200 aspirantes a alcaldes y 474 a congresistas; sin embargo, la unidad descubrió que los funcionarios no cumplieron con la aplicación de esas sanciones.
La falta de enjuiciamientos ha creado una relación simbiótica entre políticos y narcotraficantes.
“Cuando los candidatos buscan un cargo de elección popular y no tienen el apoyo de empresarios o de otras fuentes de financiamiento, utilizan el dinero del narcotráfico”, declaró el exinvestigador de la MACCIH a InSight Crime.
“Y no es un dinero regalado, sino que es a cambio de impunidad”.
