El fin de semana trascendió que el fiscal general al que el oficialismo consideró idóneo para llevar la entidad al menos hasta diciembre tiene un conflicto de interés en el tema de Alba Petróleos, nada menos que el principal caso de lavado de dinero y activos que esa institución enfrenta.
Antilavadodedinero / Laprensagrafica
El titular del ministerio público no está solo en esa situación: la vinculación con Alba Petróleos es una especie común en el gabinete de Nayib Bukele.
Si los clavos en el ataúd de la independencia judicial en El Salvador son muy profundos, la responsabilidad es del presidente de la República, de sus amanuenses en la Asamblea Legislativa y de la Corte que debería asesorar al mandatario para que no firme cada desaguisado que se le ocurre.
El fin de semana trascendió que el fiscal general al que el oficialismo consideró idóneo para llevar la entidad al menos hasta diciembre tiene un conflicto de interés en el tema de Alba Petróleos, nada menos que el principal caso de lavado de dinero y activos que esa institución enfrenta.
El titular del ministerio público no está solo en esa situación: la vinculación con Alba Petróleos es una especie común en el gabinete de Nayib Bukele. Para ponerlo de modo gráfico, si los dineros de esa empresa a la que el Tesoro estadounidense sancionó por su vinculación con PDVSA -a la que considera corrupta y lavadora de activos- fuesen color rojo, algunos rincones del gobierno lucirían como si el FMLN aún tuviese el poder.
Una de esas esquinas es la de Carolina Recinos, la jefa del gabinete de GANA, incluida en la lista Engel acusada de lavado de dinero por la administración Biden. Otra lo representa José Luis Merino, quien tuvo rango de viceministro durante los gobiernos del FMLN y al que por este mismo caso los norteamericanos acusan de blanqueo de capitales.
Y el rastro de ese rojo imaginario es tal que llega al mismísimo Bukele, algunas de cuyas empresas recibieron casi dos millones de dólares de una firma propiedad de Alba Petróleos cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán.
Sin duda, son demasiados vasos comunicantes entre el poder político y una empresa a la que se acusa de participar de un esquema de lavado multimillonario; las ramificaciones de Alba Petróleos eran tales que hace dos años, cuando la Fiscalía General de la República decidió meterle diente al caso, allanó casi una treintena de empresas relacionadas.
Y por supuesto, el interés si no es que la prioridad principal del ministerio público tendría que ser este caso así como retomar los indicios de corrupción en el manejo de la pandemia que la malograda Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador le entregó al Estado hace algunas semanas.
Retomar ambos casos era el paso automático que los ciudadanos esperaban de la Fiscalía, con independencia de a qué abogado pusiese a cargo el presidente a través de sus pasapapeles en el Salón Azul.
Pero el tino fue tan malo que la persona a la que eligieron no sólo dinamitó en tiempo récord cualquier posibilidad de operativizar lo establecido por los expertos que trabajaron en la CICIES, algunos de ellos salvadoreños, sino que no es competente para actuar en el caso Alba Petróleos porque vivió de esa empresa hace apenas dos años, según lo estableció una investigación periodística reproducida internacionalmente para más inri.
A menos que se libre un concurso de ingenuidad, nadie puede creer que el oficialismo ignoraba la vinculación del susodicho con Alba Petróleos. Es aún más inquietante pensar que fue ese aspecto de su hoja de vida profesional el que le mereció la designación como fiscal general de la República.
