El juicio en Estados Unidos contra el hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dejó en evidencia los vínculos entre el crimen organizado y el poder político, y cuestiona el supuesto papel del país como aliado estadounidense en la lucha contra la corrupción y los poderosos grupos narcotraficantes.
Durante el transcurso del juicio de dos semanas, que terminó con la condena del excongresista hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández —hermano del presidente— por tráfico de drogas y armas, no quedaron dudas sobre la importancia que tuvieron sus conexiones con el poder político y con miembros corruptos de las fuerzas de seguridad del país para facilitar su organización de narcotráfico.
Sin embargo, no está claro si esta sentencia por sí sola —especialmente dadas otras condenas anteriores, que apenas conmocionaron temporalmente a la élite hondureña— acabará de manera definitiva con las estructuras criminales.
A continuación, InSight Crime analiza las cuatro conclusiones principales del llamativo juicio.
¿Qué viene ahora para el presidente Hernández?
Más allá de algunos brotes esporádicos de protesta, la capital, Tegucigalpa, ha permanecido en relativa calma después del veredicto dado al hermano del presidente, al menos hasta la publicación de esta nota. Aquí todavía no se sabe cómo afectará el fallo al mandatario.
Por ahora, JOH, acrónimo con el que se conoce al presidente Hernández, continúa en su puesto y no parece haber señales de que esté pensando en renunciar a su cargo como jefe de Estado.
Poco después de conocer el veredicto contra su hermano, el presidente emitió un comunicado en el que dijo que se sentía “triste”, pero a renglón seguido volvió a lo que se ha convertido en su principal argumento: que todo el caso estuvo basado en testimonios de narcotraficantes que el gobierno de Honduras persiguió y extraditó.
“¿Qué se puede decir sobre una condena basada en testimonios de asesinos confesos?”, preguntó.
Dichos testimonios, sin embargo, han levantado dudas acerca de la propia participación del presidente en la conspiración de tráfico de drogas de su hermano.
Los fiscales estadounidenses incluso señalaron que Joaquín Guzmán Loera, el convicto exlíder del Cartel de Sinaloa conocido como “El Chapo”, había enviado un millón de dólares a Juan Orlando Hernández. También quedó claro que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) había investigado al presidente hondureño por su posible participación en la organización de su hermano.
A pesar de eso, no habían pasado 24 horas después de que se leyera el veredicto cuando la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen Hoey, fue fotografiada acompañando al presidente Hernández en un desfile militar. “Estados Unidos es uno de los principales valedores del presidente aquí”, dijo en Tegucigalpa un diplomático que conversó con InSight Crime bajo condición de anonimato porque no está autorizado para hablar públicamente sobre el tema.
El apoyo de Washington y del ejército ha sido fundamental para salvaguardar al presidente. “Todo depende de Estados Unidos, las fuerzas armadas y la élite económica”, dijo Carlos Hernández, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en un informe de Univisión.
“Creo que Estados Unidos prefiere seguir del lado del presidente en lugar de una situación caótica que estaría fuera de su control”, afirmó el diplomático consultado en Tegucigalpa.
En cuanto al ejército, en donde el presidente Hernández ordenó cambios de al menos 10 oficiales poco después de la condena de su hermano, el jefe de la institución negó inmediatamente los rumores sobre un posible golpe de Estado. “Debe prevalecer el Estado de Derecho, y si alguien quiere tomar el control por la fuerza, ahí sí entrarán las Fuerzas Armadas”, afirmó el general René Orlando Ponce Fonseca, jefe de las fuerzas armadas, en un informe de La Tribuna del 21 de octubre.
Varios de los oficiales afectados por la decisión presidencial, entre los que se encuentran cuatro coroneles, no comparten la idea de que Juan Orlando Hernández permanezca en el poder tras el fallo contra su hermano, según una fuente de inteligencia militar consultada por InSight Crime. El 23 de octubre, algunos de esos oficiales interpusieron recursos legales ante la Corte Suprema de Honduras.
Por ahora, el presidente Hernández puede respirar tranquilamente mientras posa para fotografías con diplomáticos estadounidenses. Entre tanto, el crimen organizado continúa transformándose en las montañas de Honduras, a la vez que algunas reformas en el Congreso hacen más difícil enjuiciar a los funcionarios acusados de corrupción.
Corrupción e impunidad continúan al orden del día
La misma semana en que los hondureños esperaban ansiosamente el veredicto del juicio contra Tony Hernández, los congresistas se encontraban preparando una nueva fórmula para favorecer la impunidad, en tanto el engranaje de la corrupción continuaba en movimiento.
Dado que el período asignado para que el Congreso ratifique reformas aprobadas hace meses se acercaba a su fin, los parlamentarios siguieron adelante y les dieron luz verde a pocas horas del fallo en Estados Unidos.
Según El Heraldo, una de las medidas más controvertidas incluye cambios en el código penal del país, que atenuará los castigos por delitos graves como la corrupción, el lavado de dinero y el tráfico de drogas cuando la normativa entre en vigor el 10 de noviembre.
“Bajo este marco legal, es más fuerte la pena que un hondureño se robe un celular, a que un funcionario público se robe el presupuesto de esa institución”, expresó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en una declaración en el mes de septiembre.
Grupos de la sociedad civil que buscan combatir esa actividad criminal le dijeron a El Heraldo que dichos cambios “generarán mayor impunidad” y mantendrán fuera de prisión a quienes se apropian indebidamente de fondos públicos y bienes estatales. Otros grupos han reunido miles de firmas en contra de las reformas y han hecho llamados para que se hagan manifestaciones en protesta contra dichas medidas.
El vínculo definitivo entre narcotráfico y política
La condena de Tony Hernández fue la última pieza en el rompecabezas que permitió vincular a los clanes narcotraficantes más conocidos de Honduras con las más altas esferas del poder político del país.
Incluso antes de que Tony Hernández empezara a afianzar su reinado en la región montañosa del occidente de Honduras, especialmente en el departamento de Lempira, donde nacieron los hermanos Hernández y donde comenzaron a incursionar en la política, grupos de familias traficantes conocidos como transportistas dominaban las principales rutas de drogas del país, trabajando en complicidad con el ejército, la policía y líderes políticos locales.
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Estos vínculos quedaron claros en otros importantes casos en Estados Unidos, con pruebas condenatorias aportadas por testigos, como el juicio contra el exlíder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, así como el de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo.
Antes de que Tony Hernández quedara bajo custodia de Estados Unidos, estas revelaciones condujeron a la condena del joven Lobo, quien recibió una sentencia de 24 años de prisión por tráfico de cocaína.
Pero el más reciente veredicto ha dejado en evidencia hasta qué punto el poder político ha estado apoyando el crecimiento del narcotráfico en Honduras. Se trataba de un quid pro quo que beneficiaba a todos los involucrados.
Las drogas fluían libremente y sin ningún obstáculo por Honduras hacia Estados Unidos, y a cambio los grupos criminales “canalizaron millones de dólares de ganancias de las drogas a las campañas del Partido Nacional, con el fin de influenciar las elecciones presidenciales de Honduras en 2009, 2013 y 2017”, como afirman los fiscales estadounidenses.
Estados Unidos no sale incólume
Durante años, el gobierno de Estados Unidos ha expresado su decidido apoyo a Honduras como un socio eficaz en la lucha regional contra el crimen organizado. Sin embargo, la condena de Tony Hernández no solo vuelve a confirmar los vínculos entre narcotráfico y política en el país, sino que además sirve para poner en duda el papel de Estados Unidos en la región al legitimar a los poderes políticos que facilitaron tal actividad criminal.
Según los fiscales estadounidenses, el clan de narcotráfico de Tony Hernández operó desde por lo menos 2004 hasta 2016. Durante ese tiempo, Estados Unidos apoyó y desempeñó un papel clave en el golpe de Estado de 2009 que finalmente condujo a que el Partido Nacional llegara al gobierno, donde ha permanecido durante ya casi 10 años, en medio de graves acusaciones de malas conductas.
De hecho, tanto el expresidente Lobo como el actual presidente Hernández —a quien Estados Unidos respaldó y a quien continúa apoyando— han sido señalados de tener estrechos vínculos con criminales, de aceptar sobornos de narcotraficantes para financiar campañas políticas a cambio de protección y otros beneficios, además de otras denuncias de actos corruptos.
Además, durante este tiempo Estados Unidos ha invertido millones de dólares en asistencia en materia seguridad para capacitar y apoyar a varias unidades policiales y militares hondureñas —entre ellas unidades de policía militarizadas de élite, como Tigres—.
Solo entre 2016 y 2017, el gobierno de Estados Unidos proporcionó más de US$200 millones en asistencia para medidas antidrogas, equipos y entrenamiento policial y militar, así como para seguridad fronteriza, según datos de la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA).
El testimonio en el juicio contra Tony Hernández reveló que el exdirector de la policía de Honduras, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, presuntamente desempeñó un importante papel para facilitar la red de drogas del excongresista, al igual que otros agentes de la policía nacional, como Mauricio Hernández Pineda, primo de Tony y Juan Orlando Hernández.
Pero incluso antes de que esto saliera a la luz en la corte, el apoyo y la asistencia de Estados Unidos seguían fluyendo a pesar del “oscuro pasado” de El Tigre y de los presuntos vínculos con escuadrones de la muerte.
Estados Unidos quizá haya condenado a algunos miembros de la actual estructura narcopolítica en Honduras, pero aún no ha dado respuesta por el hecho de haber ayudado a crear las condiciones que permitieron que tal estructura existiera.
