Transacciones bancarias nacionales e internacionales, chats impresos, contratos privados y diferencias de montos entre declaraciones de impuestos y lo que se movía en el sistema financiero constituyeron las principales pruebas de la Fiscalía en el caso de lavado de activos contra el exgerente de Seguros Sucre.
Antilavadodedinero / Eluniverso
El Tribunal de Garantías Penales de Durán condenó a diez años de cárcel al exejecutivo José Luis Romo Rosales Castillo y a su esposa, Verónica Haro Herrera, en tanto que la defensa de la pareja anunció que apelará la decisión.
Dos de los tres jueces del Tribunal consideraron autor a Romo Rosales y coautora a Haro en una audiencia que se dio a fines de agosto. Ellos están detenidos desde un allanamiento realizado en mayo del año pasado en plena pandemia. El fallo dispuso una multa que supera el millón de dólares, porque duplica el valor de lo determinado por la Fiscalía, y los decomisos de una casa en la urbanización Vistasol (avenida Samborondón), una camioneta Ford 150, depósitos entregados para un departamento en Salinas y dinero en efectivo.
Para la Fiscalía, el monto de lavado de activos ascendió a $ 674.000; de ellos, $ 527.000 corresponderían a Romo Rosales, de los cuales la diferencia entre lo declarado ante la autoridad tributaria y lo manejado en el sistema financiero sería de $ 196.000 entre 2013 y 2018, según la Fiscalía.
El caso se relaciona con el proceso que siguió la justicia de Estados Unidos desde febrero de 2020 contra el presidente del directorio de Seguros Sucre, Juan Xavier Ribas Domenech, José Vicente Gómez Avilés y Roberto Heinert Musello, y el colombiano Felipe Moncaleano Botero. Este último era intermediario de Jardine Lloyd Thompson (JLT),y según las autoridades estadounidenses pagó $ 10,8 millones en coimas, principalmente a Ribas, para mantener y obtener contratos con Seguros Sucre. Ellos fueron condenados a mediados de este año en Miami.
En Ecuador, la indagación comenzó por reportajes publicados por Diario EL UNIVERSO sobre el caso en Florida y las primas que Seguros Sucre reaseguraba en el extranjero. Sucre mantuvo un monopolio con el sector público durante el gobierno de Rafael Correa. En junio de este año se dispuso su liquidación y en agosto se anunció que se realizará una auditoría forense a la aseguradora.
La investigación de la Fiscalía en Ecuador se centró en la póliza y su renovación que el Ministerio de Defensa contrató con Seguros Sucre para la flota aérea militar por un total de $ 35 millones y que fue reasegurada con JLT Specialty LTD. Los dos contratos se dieron entre julio de 2014 y octubre de 2015, cuando Romo Rosales era gerente general, cargo que ejerció entre septiembre de 2013 y julio de 2017.
Asimismo se vinculó a otras personas que están fuera del país: Esteban Sachs Lizarzaburo y Marina Vedani de la Torre, esposa de Ribas Domenech, así como a la empresa ecuatoriana Casa Mobeloft S. A., de la que Vedani era accionista.
La Fiscalía acusó a la pareja Romo Rosales-Haro por supuestamente no poder justificar algunos ingresos de dinero y transacciones, y presentó varias evidencias en la audiencia acusatoria, entre ellas, movimientos migratorios de Romo Rosales, quien había viajado con Ribas a Gran Bretaña, Alemania y Chile entre 2014 y 2016. También incluyó algunos chats impresos entre Romo Rosales y Sachs en los que se hablaba de pagos provenientes del exterior y de cuentas donde se los debía depositar, y en los que aparece un tercer personaje llamado Fonsy, pero que aún no se ha logrado identificar quién es.
Sachs trabajaba para la Agencia Asesora Productora de Seguros (Aspros C. A.), cuyo único accionista es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).
La acusación también se fundamentó en depósitos desde el exterior y que sirvieron para cancelar la compra de algunos bienes, y de depósitos de Verónica Haro a Romo Rosales realizados en efectivo. Verónica Haro trabajaba para el estudio Alcalá Estudio Jurídico S. A. (Alesju), cuya gerente, Tatiana Zapata, a su vez era accionista junto con Romo Rosales en la compañía Controlaseg.
Una de las transacciones citadas es un depósito de $ 50.000 que se envió desde Estados Unidos a una cuenta a nombre de la notaria Wendy Vera Ríos, pero que era manejada por una empleada del estudio jurídico Alcalá. Luego se giró un cheque para la compra de la casa en la urbanización Vistasol.
Otra de las operaciones citadas por la Fiscalía fue la compra de una camioneta Ford 150 modelo 2014 a Miguel Carbo Jurado, que era abogado externo de las aseguradoras Sucre y Rocafuerte. Se la pagó en 2016 con dos depósitos realizados en una cuenta del Citibank en Estados Unidos que suman $ 40.000. La camioneta está valorada en $ 33.000. El vehículo seguía a nombre de Carbo cuando la policía allanó el domicilio de la pareja.
El exgerente de Seguros Sucre también compró un auto Dodge avaluado en $ 37.000 y canceló anticipos para un departamento en la provincia de Santa Elena.
Este Diario pidió entrevistas a Carbo, Zapata y Vera, pero no obtuvo respuestas.
Con respecto a Vedani, la Fiscalía argumentó en la audiencia que ha movido más de $ 400.000 desde el exterior, pero que no ha presentado declaraciones de impuesto a la renta desde 2010 hasta la actualidad. Vedani estaría en Miami, donde su esposo fue condenado. En agosto del año pasado traspasó sus acciones en Casa Mobeloft, por un total de $ 18.000, a su padre Horacio Vedani Vidal.
El proceso contra Sachs y Vedani está suspendido porque no se encuentran en el país.
