La Corte Suprema de Justicia de Colombia sentenció este lunes a cinco años de prisión al gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnneco, por corrupción electoral durante la campaña de 2011 en la que fue elegido por primera vez para ese cargo, en el periodo 2012-2015.
AntilavadoDeDinero / EFE
Según la justicia, el entonces candidato se comprometió por escrito con los representantes de unas 800 familias desplazadas por el conflicto armado que vivían en «Tierra Prometida», un sitio de invasión en la ciudad de Valledupar, capital del Cesar, en el norte del país, a evitar el desalojo del predio a cambio de votos que respaldaran su aspiración.
Monsalvo Gnecco prometió en un documento firmado el 16 de octubre de 2011 «mantenerlos quieta y pasivamente en el inmueble», amparar «los derechos fundamentales a la vivienda digna» e «incluir a los invasores en los proyectos de construcción de viviendas».
CORRUPCIÓN AL ELECTOR
La Sala de Primera Instancia de la Corte ordenó este lunes que el dirigente, al que sancionó también con una multa de unos 270 millones de pesos (unos 73.380 dólares), deberá pagar su condena en detención domiciliaria y solicitó al presidente Iván Duque apartarlo de su cargo.
Aunque la defensa de Monsalvo insiste en que no se trató de un delito sino de un «compromiso político», para la Corte «el contenido del documento constituye una promesa de dádiva que afectó la autonomía del elector».
«Luis Alberto Monsalvo Gnecco conocía que estaba prometiendo dádiva consistente en mantener la situación de invasión de quienes se encontraban en ‘Tierra Prometida’, a cambio de que estos ciudadanos habilitados para sufragar votaran por él», detalló la Corte.
Monsalvo Gnecco fue acusado durante su campaña de 2011 por la Fiscalía general y pese a eso fue elegido gobernador del Cesar, luego en la campaña del año pasado ganó nuevamente las elecciones para el periodo 2020-2023.
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La Fiscalía detalló el 16 de julio, cuando se conoció la condena de la Corte, que «demostró que Monsalvo Gnnecco se aprovechó de la necesidad de las comunidades vulnerables y pactó permitir que una condición contraria a la ley se prolongara para asegurar votos».
FALSAS PROMESAS
Según la Corte, el gobernador no solo hizo ofertas de viviendas que no se iban a cumplir, sino que algunas de ellas «las ofreció bajo el supuesto de mantener las invasiones de esos predios ajenos».
La Corte conoció que en 2012, ante el inminente desalojo de los ocupantes del terreno, ordenado por las autoridades municipales en el asentamiento, éstos hicieron una protesta en la que exigían, al ya gobernador Monsalvo, el cumplimiento de las promesas que hizo a cambio de sus votos.
