La Audiencia Nacional de España ha condenado al expresidente de la compañía pesquera Pescanova Manuel Fernández de Sousa a ocho años de prisión y ha considerado culpable también al auditor BDO, que junto a otros exdirectivos y sociedades deberán asumir el pago de indemnizaciones por más de 160 millones de euros.
AntilavadoDeDinero / EFE
Así se desprende de la sentencia, publicada este martes -con más de 600 páginas de extensión- y que atribuye a Sousa y al resto de su cúpula directiva a comisión de «prácticas irregulares» para obtener financiación bancaria a través de la manipulación de las cuentas de la entidad, inmersa en los últimos años en un proceso de reestructuración repleto de litigios.
Los magistrados de la Audiencia Nacional han absuelto a 7 de los 19 acusados y condena a los otros doce a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones al entender que varios de los delitos no pueden ser penados de manera independiente al ser necesarios para cometer otros que sí han sido castigados («concurso medial»).
No obstante, Pescanova ha anunciado en un comunicado que recurrirá la sentencia ha avanzado que reclamará a su «hermana» Nueva Pescanova que asuma el pago de la indemnización que le han impuesto los tribunales.
Los responsables de Pescanova -también conocida como «Vieja» Pescanova- han avanzado que presentarán recurso ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial española, por el fallo conocido hoy.
Pescanova ha defendido que la empresa fue «perjudicada» por los actos de su directiva y que no se le debe juzgar como beneficiaria de lo ocurrido, ya que una vez detectadas las irregularidades el grupo solicitó el concurso de acreedores.
De hecho, ha recordado que en el marco de esa reestructuración el grupo de conservas pesqueras se dividió en dos partes: la productiva se agrupó bajo el nombre «Nueva Pescanova» y se dejó en manos de los bancos, mientras que la «Vieja» quedó como una sociedad de cartera sin actividad y controlada por los accionistas minoritarios, que vieron cómo su inversión se desplomaba.
En concreto, Sousa ha sido condenado a seis años de cárcel por los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa agravada, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera, a los que suma otros dos años por alzamiento de bienes.
Del lado del auditor, el responsable de BDO para Pescanova, Santiago Sañé, ha sido condenado igualmente a tres años y medio de cárcel por los delitos de falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera.
Los jueces consideran probado que el expresidente de Pescanova y un núcleo de personas de su confianza idearon a partir de la crisis de 2008 una serie de mecanismos irregulares para seguir consiguiendo financiación bancaria, tras lo que manipularon las cuentas y otros documentos oficiales para que los resultados no reflejaran la delicada situación de la compañía.
De esta forma, la compañía -que cotizaba en bolsa- decía obtener beneficios y captaba así nuevos inversores.
Entre las prácticas irregulares detectadas, la sentencia conocida hoy cita la puesta en marcha de operaciones de comercio internacional a través de filiales y la creación de sociedades instrumentales ficticias mediante las que simulaban operaciones de compraventa, un hecho este último «del que tenía conocimiento el auditor interno» y que sirvió para ocultar el pasivo bancario.
El fallo considera acreditado que Sousa y su esposa sacaron 4,5 millones de euros de cuentas españolas e ingresaron el dinero en dos entidades portuguesas poco después de que estallara el escándalo (en marzo de 2013) para transferir ese dinero a Hong-Kong y evitar así perder los fondos si se tenía que responder con su patrimonio al pago de un préstamo suscrito por el expresidente de Pescanova.
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La sentencia cierra -a la espera de si se presentan recursos- un largo proceso que se remonta a 2013, cuando Pescanova solicitó el concurso de acreedores, lo que permitió posteriormente su división en dos: Nueva Pescanova (heredera de la marca y la actividad del grupo) y Pescanova S.A. (una sociedad de cartera sin actividad productiva).
El juicio arrancó en diciembre de 2019 y se alargó hasta finales de julio por la covid-19
