Un juez guatemalteco impuso hoy una pena de cinco años a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, por revelar información confidencial.
Laparra no irá a prisión pues la condena es conmutable, además de una multa de unos 6.500 dólares y su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Este es el segundo juicio contra la abogada que ha denunciado una persecución en su contra debido al trabajo que realizó en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un ente de las Naciones Unidas que durante 12 años investigó la corrupción en el país hasta 2019, cuando el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) decidió no renovar su mandato.
En un primer proceso Laparra fue condenada a cuatro años de prisión por abuso de autoridad por denunciar a un juez que había filtrado información reservada de un caso. Tras permanecer casi dos años en la cárcel fue liberada por una corte de apelaciones en enero de este año.
El juez Moisés de León, quién condenó a Laparra, aceptó los argumentos de la fiscalía y los querellantes por haber revelado información de un caso a una periodista que publicó una nota. “No me arrepiento, no cometí ningún crimen”, dijo la abogada al salir de la audiencia.
El 28 de noviembre de 2022 Amnistía Internacional declaró a Laparra “presa de conciencia” al considerar que su detención se debió a su labor en defensa de los derechos humanos.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados dijo sentirse preocupada por la nueva condena contra Laparra.
“La criminalización de la señora Laparra por investigar casos de corrupción socava el Estado de Derecho. En virtud del derecho internacional, los Estados deben garantizar que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos, injerencias indebidas ni riesgos injustificados de responsabilidad civil, penal o de otro tipo”, dijo en su cuenta de X, antes Twitter.
Durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) más de 35 funcionarios del Poder Judicial se exiliaron y denunciaron una persecución por parte de la fiscal general Consuelo Porras después de abordar casos relacionados con la corrupción y los crímenes de lesa humanidad cometido durante la guerra civil de 1960 a 1996.
Porras fue sancionada por el gobierno estadounidense por socavar la democracia y entorpecer la lucha anticorrupción.
