Un tribunal de apelación confirmó la condena de 30 años de pena privativa de libertad domiciliaria al comisario Eusebio Torres (88 años) por la comisión del delito de tortura durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), informó este sábado la Fiscalía de Paraguay.
La segunda sala del Tribunal de Apelación en lo Penal ratificó la sentencia impuesta a Torres el 20 de febrero pasado dentro de un caso denunciado en 2011 por Carlos Ernesto Casco, Luis Alberto Casco y Teresa Aguilera de Casco (fallecida hace dos años) sobre hechos de tortura ocurridos en 1976.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público destacó que la fiscal de la Unidad Especializada de Derechos Humanos Sonia Sanguinés se opuso a un recurso de apelación presentado por la defensa de Torres y defendió que «la condena resuelta en primera instancia fue ajustada a derecho».
El tribunal lo integraron los magistrados Bibiana Benítez, Delio Vera y Arnulfo Arias, quienes argumentaron que en el juicio oral y público «fue probada» la existencia de la tortura y la participación del excomisario.
“Podemos afirmar que lo resuelto por el Tribunal de Sentencia tiene como pilares fundamentales principios inalienables de Derechos Humanos que protegen a los ciudadanos, que predominan en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales reconocidos por nuestro país”, sostuvieron los jueces, según la nota de la Fiscalía.
El tribunal de sentencia determinó en febrero pasado que debido a la edad y la condición de salud del acusado cumplirá arresto domiciliario, del cual podrá salir en casos de que sufra algún problema médico o requiera de atención.
Torres perteneció al Departamento de Investigaciones de la Policía que, bajo la jefatura de Pastor Coronel, «pasó a convertirse en la principal fuerza de violencia coercitiva del régimen» stronista en 1968, relata el documento ‘Ventanas abiertas’, elaborado por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) en 2023.
Ese departamento, agrega el texto, «acopiaba información obtenida bajo tortura y a través de su sistema de espionaje».
La Comisión de Verdad y Justicia reveló en 2008 que la dictadura dejó 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos, 336 desaparecidos, 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente y 3.470 personas exiliadas.
