La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General intervino 21 inmuebles y $2 millones en cuentas bancarias ligados a nueve personas de dos grupos familiares que son procesados en un tribunal del Oriente del país, acusados de haber lavado $18 millones que se supone procedían del narcotráfico internacional, según el ente fiscal.
Las propiedades están situadas en San Carlos y San Francisco Gotera, Morazán; y en Lolotique, San Miguel.
Los inmuebles y los bienes intervenidos por los fiscales de extinción de dominio están a nombre de Jaime Adalberto Flores Batres, Sonia Maricel Amaya Márquez, Sandra Yasmín Flores de Salvador, Elías Geovanny Flores Batres, María Verónica Rodríguez Rivera o María Verónica Rodríguez de Flores, Rosa Delmy Amaya Márquez, Rosa Batres Viuda de Flores y María Brígida Márquez. Todos son imputados ausentes.
Jesús Anabel Flores Batres es la única detenida que deberá de enfrentar la vista pública por lavar $18 millones que se supone procedía del narcotráfico internacional.
También les han congelado 45 productos financieros, entre cuentas de ahorro y depósitos a plazos fijos, cuyos montos superan los dos millones de dólares.
Dos vehículos también han sido confiscados por la Fiscalía.
Las investigaciones fiscales comenzaron en el 2016 cuando hubo información de que Flores Batres y Amaya Márquez hacían transacciones bancarias de hasta $196,500, hacia Lima Perú. Flores Batres se desempeñó como gerente general de la empresa constructora Jara Group SAC, en Perú.
Durante los registros a las residencias de la familia, las autoridades constataron que los acusados vivían con muchos lujos en contraste con la vida de pocos recursos económicos que tenían hace seis años atrás.
Antes de tener una vida económicamente holgada, esta familia habitaba en casas de bahareque y lámina; las que se localizan en el mismo barrio donde construyeron las residencias lujosas.
Los inmuebles, bienes, cuentas bancarias y los autos pasarán a custodia del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab), mientras el Tribunal de Extinción de Dominio ventila el proceso para que pasen al Estado por considerar que fueron obtenidos con dinero ilícito.
ALD/ElSalvador
