El Gobierno no obtuvo respuesta de su reclamo para repatriar el dinero y los autos de alta gama que le fueron secuestrados al exjefe del Soeme, el sindicalista Marcelo Balcedo, detenido hace cuatro años; además, pidió que sea indagado en el país.
Antilavadodedinero / Lanacion
Investigado en la Argentina por lavado de activos, prácticas extorsivas y vínculos con el narcotráfico, el sindicalista Marcelo Balcedo cayó preso en una mansión en la costa uruguaya hace cuatro años rodeado de dinero, joyas, autos de alta gama, armas de guerra y una sensación inquietante: la acumulación de pruebas haría hundir cualquier atisbo de defensa.
Desde su caída, concretada a partir de un pedido de captura internacional, el Gobierno reclama sin éxito la entrega de sus bienes y que la justicia lo pueda indagar. El último pedido que se hizo vía Cancillería fue en agosto de 2021 y ni siquiera fue respondido.
Todavía lejos de volverse un conflicto diplomático, el caso de Balcedo es hoy un punto de tensión entre la Argentina y Uruguay. Así lo reconocieron fuentes diplomáticas y judiciales de nuestro país consultadas por LA NACION.
El malestar se acentuó porque se inició del otro lado del Río de la Plata un proceso penal paralelo por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas, que concluyó con un acuerdo beneficioso para el exjefe del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme). La fiscalía uruguaya firmó un acuerdo con Balcedo y su pareja en el cual ellos reconocieron su responsabilidad en los delitos, pero a cambio negociaron rebajar sus penas y recuperar parte del dinero incautado.
La Argentina criticó ese trato y especialmente que Uruguay les devolviera dinero que podía provenir de actividades delictivas. Quien levantó la voz fue el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que se quejó “por la falta de respuestas” y apuntó no solamente contra el país vecino sino que también le atribuyó responsabilidad en la indefinición a las autoridades diplomáticas locales.
Kreplak no se da por vencido en repatriar al sindicalista y volvió a la carga por los bienes. Reclamó a través del Ministerio Público Fiscal la devolución de US$4 millones y de cuatro vehículos de alta gama (dos Porsche, una Land Rover y un Chevrolet Camaro) para que sean incluidos en el Fondo de Bienes Decomisados. Un botín para nada despreciable en tiempos de crisis. “Debería volver y ser juzgado acá”, dijeron en el juzgado federal platense.
El cambio en la Cancillería después de la derrota electoral del oficialismo con la salida de Felipe Solá y el ingreso de Santiago Cafiero demoró aún más las intrincadas gestiones con los uruguayos. La última gestión fue el 1° de octubre del año pasado, con una carta de la Cancillería a la embajada de Uruguay.
“Si bien la extradición de ambos [Balcedo y su pareja] fue oportunamente concedida por las autoridades uruguayas, no se concretó hasta el momento el traslado de ninguno de los dos imputados”, planteó la Cancillería en un escrito. También señaló que no se autorizó a que la justicia argentina les tome declaración indagatoria, pese a que se ofrecieron distintas alternativas para hacerlo.
En la carta, la Cancillería reforzó su intención de repatriar a Balcedo y exige una respuesta que por ahora no llegó. “Mucho se apreciaría poder recibir una respuesta positiva a los puntos planteados con la mayor urgencia posible”, planteó en un tramo. Y advirtió que la Argentina “se ve obligada a señalar que, de no mediar una respuesta favorable a las solicitudes planteadas, se reserva la posibilidad de plantear la cuestión ante los foros regionales e internacionales pertinentes”.
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Desde octubre no hubo otro intercambio epistolar formal, aunque el tema fue motivo de charla en más de una oportunidad entre Solá, cuando era canciller, y Franciso Bustillo, el canciller uruguayo. El vocero de Bustillo no respondió esta vez los llamados de LA NACION. En otras oportunidades señaló que se trataba de un tema exclusivamente judicial.
Balcedo heredó en 2011 de su padre Antonio el control de la seccional bonaerense del Soeme, que reúne al personal auxiliar de los establecimientos docentes de la provincia.
El Soeme bonaerense tiene 20.000 afiliados y está intervenido judicialmente desde 2018, con una breve interrupción en 2019, cuando hubo elecciones que luego fueron desestimadas. El interventor designado por la Cámara del Trabajo es Julio Simón.
Balcedo goza de prisión domiciliaria en Uruguay y espera ser juzgado en ese país. A pesar de su caída, hace cuatro años, su nombre surgió otra vez en la vida interna del Soeme. El Sindicato de Trabajadores de la Obra Social para el Personal Docente (Sitosplad), que encabeza Alejandro Bassignani, denunció ante la Cámara Nacional del Trabajo a la intervención del Soeme por no habilitar su participación en la negociación paritaria con los empleadores.
Se trata de una vieja disputa intra sindical por la representación de los trabajadores. Lo más novedoso no es eso, sino que en la mesa de negociación del Soeme está Claudio Marcelo González, un dirigente que trabajó en las gestiones de los Balcedo. González le factura al gremio como monotributista. No sería el único: habría otros diez viejos laderos del exjefe que también prestaran servicios.
