Congresista de EE.UU acusada de robar $5 millones de los fondos de COVID-19

Enfrenta cargos penales federales que la acusan de robar $5 millones en fondos de ayuda por el coronavirus y de usar el dinero para comprar artículos como un anillo de diamante de 3 quilates.

La representante Sheila Cherfilus-McCormick renunciará al Congreso en lugar de enfrentar una sanción formal por parte de la Cámara de Representantes, como parte de una investigación ética sobre el uso de fondos de campaña.

Al explicar su decisión en un extenso mensaje en redes sociales el martes, la demócrata de Florida calificó el proceso de investigación interna como injusto. Afirmó que el comité le negó a ella y a su nuevo abogado tiempo suficiente para preparar su defensa.

En un comunicado escrito, indicó que «no fue un proceso justo».

El resto del mensaje dice:

«El Comité de Ética rechazó la solicitud razonable de mi nuevo abogado para tener tiempo de preparar mi defensa. Al seguir adelante con este proceso mientras hay una acusación penal pendiente, el comité me impidió defenderme. No voy a quedarme de brazos cruzados y fingir que esto ha sido algo distinto a una cacería de brujas. Simplemente no puedo permitir que se pisoteen mis derechos al debido proceso ni que se manche mi buen nombre.”

El Congreso evaluaría un castigo

Una comisión del Congreso estadounidense debatía este martes qué castigo recomendar para una legisladora demócrata acusada de cometer 25 violaciones de las normas de la Cámara de Representantes y estándares éticos, incluidas las leyes de financiamiento de campañas.

Cherfilus-McCormick enfrentaba un momento crítico en su carrera política el martes, cuando los miembros del Comité de Ética de la cámara baja debatirían la penalidad correspondiente.

Los republicanos estaban pidiendo la expulsión de Cherfilus-McCormick, quien cursaba su tercer mandato y se postulaba para la reelección. También enfrenta cargos penales federales que la acusan de robar $5 millones en fondos de ayuda por el coronavirus y de usar el dinero para comprar artículos como un anillo de diamante de 3 quilates.

Cherfilus-McCormick se ha declarado inocente de los cargos penales y sostiene que tampoco es culpable de las violaciones éticas.

Las acusaciones contra la ahora excongresista se centran en cómo recibió millones de dólares del negocio de atención médica de su familia después de que Florida le pagara por error a la empresa aproximadamente $5 millones de más, con fondos de ayuda por COVID-19. Se le acusa de haber usado ese dinero para financiar su campaña al Congreso de 2022 mediante una red de empresas y familiares.

Cherfilus-McCormick se negó a testificar durante una audiencia previa del Comité de Ética, invocando su derecho de la Quinta Enmienda a no autoincriminarse. Su abogado, William Barzee, se enfrentó verbalmente con algunos legisladores y argumentó que debieron haber permitido un juicio ético exhaustivo, en el que él pudiera presentar testigos y pruebas para refutar las conclusiones de los investigadores.

Un grupo de simpatizantes en el distrito congresional de Cherfilus-McCormick intervino a su favor ante los legisladores que encabezan el Comité de Ética. Señalaron que la decisión del comité podría dejar a cientos de miles de personas sin representación en el Congreso en un momento importante para su estado, y exhortaron a los legisladores a proceder con cautela.

“Nuestras comunidades merecen estabilidad. Nuestras voces merecen ser escuchadas. Y nuestro derecho a la representación debe ser protegido”, manifestó una de las cartas enviadas al comité, firmada por alrededor de una docena de líderes religiosos locales, dirigentes sindicales y otras personas.

En total, la investigación del panel duró dos años y derivó en la emisión de 59 citaciones, 28 entrevistas a testigos y la revisión de más de 33,000 páginas de documentos.

Congresistas republicanos pedían su salida

El representante Greg Steube, republicano de Florida, ha dicho que impulsará la expulsión de Cherfilus-McCormick una vez que el Comité de Ética determine qué castigo recomendará.

Esa medida podría, a su vez, llevar a los demócratas a buscar la expulsión del representante Cory Mills, republicano de Florida, quien es investigado por el Comité de Ética sobre si violó leyes de financiamiento de campañas, hizo un uso indebido de recursos del Congreso y participó en conducta sexual indebida o violencia de pareja. Esa investigación sigue en curso. Mills ha negado cualquier irregularidad.

La atención sobre las faltas de los legisladores llega apenas una semana después de que dos legisladores renunciaran durante investigaciones por presunta conducta sexual indebida. El representante demócrata Eric Swalwell, de California, y el representante republicano Tony Gonzales, de Texas, evitaron posibles expulsiones con sus renuncias.

Los líderes demócratas de la Cámara han evitado condenar a Cherfilus-McCormick, al afirmar que quieren ver cómo se desarrolla el proceso ético. Entre los posibles castigos figuran una reprimenda o una censura, que funcionan como formas de reproche público. El comité también podría recomendar una multa. La forma más severa de castigo es la expulsión, pero históricamente la Cámara ha sido reacia a actuar como árbitro final de la carrera de un legislador, y ha preferido dejar esa última palabra a los votantes.

Congresista Cherfilus-McCormick paga fianza de $35,000

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Enfrenta hasta 53 años de prisión, si es declarada culpable.

Son pocos las expulsiones congresionales

Solo seis miembros de la Cámara han sido expulsados. Los primeros tres combatieron por la Confederación durante la Guerra Civil y fueron expulsados por deslealtad. Los dos siguientes habían sido condenados por delitos.

El último fue George Santos, el legislador republicano por Nueva York que fue objeto de un demoledor informe ético sobre su conducta, además de una acusación federal. Santos cumplió tiempo en prisión por estafar a donantes de campaña antes de que el presidente Donald Trump le concediera clemencia, y se ha disculpado con sus antiguos electores.

Según la Constitución, para que se produzca una expulsión debe votar a favor al menos dos tercios de la Cámara, un umbral alto que requiere un enorme respaldo bipartidista.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo a los periodistas la semana pasada que cree que esa instancia legislativa avanzará para expulsar a Cherfilus-McCormick.

“Los hechos son indiscutibles y por eso creo que será el consenso de este órgano que ella debe ser expulsada”, afirmó Johnson.

AP

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