La discusión sobre la aprobación de la iniciativa de ley 6593 en el Congreso de la República alcanzó un nuevo punto de inflexión el 18 de mayo, cuando la junta directiva, la mayoría de los jefes de bloque, la comisión de Economía y representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB) se reunieron en una sesión privada para analizar ocho enmiendas nuevas y al menos cinco propuestas de modificación al texto final de la normativa contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El presidente del Congreso, Luis Contreras, subrayó la importancia de avanzar hacia un consenso definitivo, con el objetivo de que la próxima sesión —convocada para el lunes siguiente— pueda culminar el debate y llegar a acuerdos que permitan aprobar la ley en los plazos previstos.
Durante la jornada, los diputados reconocieron avances en la mayoría de las propuestas, en particular aquellas dirigidas a clarificar la redacción y adecuar la legislación a las recomendaciones internacionales, evitando así que Guatemala sea incluida en la denominada lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Según el diputado Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza, las modificaciones responden a observaciones técnicas y a la necesidad de conciliar el marco jurídico nacional con los estándares internacionales: “Hicimos una discusión con altura y pudimos avanzar en los razonamientos que tienen los distintos partidos políticos.”
La controversia principal reside en la enmienda al artículo 8, relativa al proceso de administración del riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LD/FT/FPADM). El texto estipula que las personas obligadas deberán cumplir con disposiciones preventivas mediante una gestión basada en riesgos, identificando, evaluando y mitigando el nivel de exposición.
La iniciativa de ley 6593 se somete a debate en el Congreso como parte clave para fortalecer el combate al lavado de dinero en Guatemala. (Fotografía: Congreso de la República de Guatemala)
El personal técnico de la SIB manifestó su desacuerdo con la redacción del literal O de dicho artículo, advirtiendo que la falta de precisión podría poner en peligro la viabilidad general de la ley. El diputado Allan Rodríguez, de la bancada VOS, apuntó que este punto específico es el único observado negativamente por la SIB: “Es un literal de uno de los artículos, los demás los encontraron viables. La Superintendencia argumentó con sus motivos; por eso necesitamos analizarlo más a fondo,” dijo Rodríguez.
El debate respecto a las definiciones y el alcance de las personas políticamente expuestas (PEPs) también ocupó un lugar relevante entre las enmiendas discutidas. El presidente de la Comisión de Finanzas, Héctor Julio Estrada, de la bancada Cabal, detalló que la discusión ha oscilado entre limitar el vínculo familiar a primer grado de consanguinidad —como padres, hijos, cónyuges y convivientes— y ampliar la definición, siguiendo o adaptando los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): “La discusión es qué permite cumplir con el estándar GAFI sin afectar injustamente a toda la familia de una persona expuesta políticamente. Pedimos a la GAFI que fundamente ese estándar”, expresó Estrada en la reunión.
Se aprobaron diez enmiendas previas y se discuten ocho adicionales
Según el presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Jorge Ayala, desde la comisión ya se había alcanzado consenso en diez enmiendas, mientras que las ocho nuevas se dividieron en dos grupos: cuatro que ajustan artículos previamente reformados y cuatro que introducen modificaciones a artículos nuevos. E
ntre las novedades figura una enmienda que suma funciones a la IVE al establecer que deberá crear programas de capacitación y guías dirigidas a las personas que, conforme a la ley, resultan obligadas a cumplir con estos controles. Otras enmiendas abordan la tipificación de delitos en grado de tentativa y la precisión de conceptos como transacción sospechosa e inusual, con el objetivo de ofrecer mayor claridad y seguridad jurídica.
