En Perú, la Junta de Portavoces decidió no debatir en un pleno extraordinario la modificación o derogación de la cuestionada ley de crimen organizado.
En su intención de mantenerse lo más lejos posible de esta propuesta, los representantes de las bancadas congresales decidieron que ésta sea evaluada en la Comisión de Justicia.
El dictamen, de esta manera, seguirá su curso regular. Así, la lucha contra el crimen organizado continuará debilitándose y perjudicando los allanamientos.
Muy temprano, el presidente del congreso, Eduardo Salhuana, había reconocido errores en la aprobación de esta norma y adelantó que plantearía su revisión o derogatoria ante la Junta de Portavoces.
“Hay defectos en la misma. Hay que mejorar, básicamente, lo que se refiere al allanamiento, que siempre se ha utilizado como una herramienta sorpresiva; también la definición del delito, que aparentemente habría excluido varios delitos penales graves”, dijo el apepista.
Horas más tarde, sin embargo, su propuesta sería rechazada. Sólo las bancadas de Juntos por el Perú, Bloque Democrático y Bancada Socialista se mostraron a favor de que la propuesta de Salhuana sea vista de urgencia en el Pleno.
Ahora todo queda en manos de Justicia, una comisión presidida por Perú Libre, bancada que votó a favor de esta ley que ya viene complicando los allanamientos.
Pero, entre los portavoces, tampoco hubo acuerdo para debatir con urgencia, pese al pedido del Ejecutivo, el dictamen sobre la ley de terrorismo urbano. Éste será debatido este jueves informó el titular del Ejecutivo.
Mientras, el ministro del interior, Juan José Santiváñez, anunció que el gobierno ya elabora un proyecto de ley sobre este tema que incluirá los delitos de extorsión, sicariato, secuestro y posesión ilegal de armas.
