Las criptomonedas han resultado ser bastante escurridizas en el ámbito legal por su novedad. Son monedas no emitidas por bancos centrales ni instituciones oficiales. ¿Cómo se regula algo así? ¿Debería prohibirse de lleno?
Por BeInCrypto Español/ALD1
En el mundo de habla hispana, conformado por 21 países repartidos entre varios continentes, no ha sido diferente. Las posiciones legales de los distintos territorios van desde lo permisivo, hasta lo abiertamente hostil (como Bolivia), pasando también por una ignorancia casi completa del tema.
En México son las plataformas exchange de criptomonedas que también trabajen con pesos mexicanos. El Banco central de México (Banxico) tiene potestad para dar licencia o no a estas entidades, así como para decidir que criptoactivos deben o no comercializar.
Para conseguir esa licencia, por otra parte, los exchanges deben cumplir los debidos procedimientos de KYC (identificación de los clientes) y presentar reportes sobre sus actividades. Las actividades de financiamiento colectivo (como las ICO) también deberán presentar documentos para identificar a sus administradores y participantes
Para España, las autoridades financieras españolas comenzaron a advertir sobre las criptomonedas y las ICO. En un comunicado conjunto entre el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se asegura lo siguiente:“Ninguna emisión de “criptomoneda” ni ninguna ICO ha sido registrada, autorizada o verificada por ningún organismo supervisor en España. Esto implica que no existen “criptomonedas” ni “tokens” emitidos en ICOs cuya adquisición o tenencia en España pueda beneficiarse de ninguna de las garantías o protecciones previstas en la normativa relativa a productos bancarios o de inversión”.
Las ganancias derivadas de transacciones con criptomonedas deben pagar el respectivo impuesto de acuerdo a la Ley de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y las ICO deben ser supervisadas por las Empresas de Servicios de Inversión (ESI), que son los organismos autorizados en España para desarrollar actividades y servicios en los mercados de valores.
En el caso de Argentina, es uno de los países hispanos donde está más extendido el uso de Bitcoin y criptomonedas. Sin embargo, no existe una legislación específica al respecto, sino que apenas algunas regulaciones ya existentes se han aplicado a los criptoactivos.
En Bolivia, ha sido el único país del mundo hispano en prohibir abiertamente las criptomonedas. Así se expresó desde 2014 en la resolución titulada “Gerencia de entidades financieras –prohibición del uso de monedas y denominaciones monetarias no reguladas en el ámbito del sistema de pagos nacional”.
En Ecuador, la posición de este país sobre las criptomonedas ha resultado ser bastante ambivalente. A través de un decreto publicado a mediados de 2014, el gobierno prohibió oficialmente el uso de Bitcoin y otras criptomonedas descentralizadas.
En Venezuela, las actividades relacionadas a las criptomonedas están reguladas en el país desde el 2018. Las leyes y decretos comenzaron en febrero con el registro obligatorio de mineros de criptomonedas dentro del territorio por parte del Observatorio Blockchain, ente gubernamental creado específicamente para la supervisión del uso de dicha tecnología en Venezuela. Este registro estaría destinado a cobrar impuestos por este tipo de ganancias. Se fundaron la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) y Tesorería de Criptoactivos de Venezuela. Estos organismos se encargarían de regular todo lo relacionado a las criptomonedas, desde su emisión y tenencia hasta su custodia y distribución.
Cabe resaltar que todo este sistema regulatorio es muy poco cumplido por los venezolanos en general y resulta poco probable que sea aceptado por exchanges internacionales, dado que el gobierno de Maduro ha sido declarado como ilegítimo por muchos países.
Colombia y Chile, ambos países, prolíficos en criptousuarios, han tenido posiciones muy similares sobre las criptomonedas. Ninguno posee a la fecha una regulación específica al respecto, pero ambos han advertido, como muchos otros países, que las criptomonedas no son de curso legal y los riesgos derivados de su uso deben ser asumidos por cada individuo.
Pese a que este parece el procedimiento estándar, lo cierto es que Colombia y Chile han demostrado cierta hostilidad hacia esta clase de activos virtuales. Así lo atestiguaron los cierres de las exchanges Buda.com y CryptoMKT en ambos países durante 2018.
América Central
En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá el uso de criptomonedas no está prohibido. Sin embargo, en casi todos los casos, las respectivas autoridades han advertido, como la CNMV en España, que estas no son monedas de curso legal y no se ofrece ninguna clase de garantía a los usuarios.
Nicaragua es quizás quien menos ha mostrado actividad al respecto, con ninguna clase de comunicado por parte de las autoridades y más bien poco uso reportado de criptomonedas.
En Costa Rica, por otro lado, los usuarios deben ceñirse a las leyes AML (antilavado de dinero) y CFT (financiamiento terrorista). Además, El Salvador ha sido el único de este grupo en prohibir expresamente las ICO desde 2017.
El Caribe
No se han prohibido las criptomonedas en República Dominicana, Cuba ni Puerto Rico. Sin embargo, solo en el primero de este grupo se realizó un comunicado oficial para advertir a los ciudadanos sobre el riesgo de la utilización de estos activos y su falta de garantías.
Cuba apenas reporta uso y no se ha dado ninguna clase de comunicado oficial sobre alguna posible regulación. Puerto Rico, por su parte, suele adherirse a las leyes estadounidenses al respecto, pues es un territorio anexo a dicho país. Estas incluyen el pago de impuestos según lo dictamina el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Otros países
Paraguay, Uruguay y Perú han demostrado posiciones similares al advertir a sus ciudadanos sobre los riesgos, pero no poseen ninguna legislación específica. Resulta destacable que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú sea miembro del consorcio blockchain R3CEV, destinado a probar nuevos usos de esta tecnología.
